Insensata violencia extremista

El episodio debió terminar allí. Pero grupos exacerbados de docentes de secundaria, del sindicato de taxistas y de Plenaria Memoria y Justicia, encabezados por su líder Irma Leites, la emprendieron a pedradas contra los efectivos policiales. Los policías, bajo orden lógica de no tolerar desmanes, repelieron la agresión de estos asiduos revoltosos, que extendieron los disturbios a la avenida 18 de Julio. Hubo detenidos que incluyeron a Emiliano Mandacen, presidente del sindicato de profesores de Montevideo. Se decretó de inmediato un paro de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, de los maestros de Montevideo, de los funcionarios de UTU y del sindicato de taxistas, más identificado con el extremismo que con la educación.

Un comunicado de los docentes lo justificó como repudio al “salvaje operativo de represión policial”. Pero fueron los docentes y los demás grupos que los apoyaron quienes causaron los desórdenes, lo que descalifica su reacción. La Policía simplemente cumplió con su responsabilidad de mantener el orden público, que los extremistas se empeñan en quebrar con cualquier pretexto, sin otro objetivo que perturbar con métodos violentos la paz en que quiere vivir la casi totalidad de los uruguayos. ¿O acaso pretendían los revoltosos que la Policía aceptara mansamente una agresión gratuita, ya que el desalojo de los estudiantes se había cumplido sin incidentes?

Lo ocurrido tiene dos aristas graves. Por un lado, la Justicia, que ya está actuando en el caso, determinará las responsabilidades penales tanto de los docentes y sus aliados como de los estudiantes. Estos violaron abiertamente el decreto dictado por la administración Mujica que prohíbe la ocupación de instalaciones del sector público, dispuesto a raíz de la asonada de los mismos grupos cuando invadieron la sede de la Corte Suprema de Justicia. Por otro, el disparate de ordenar un nuevo paro agrava el caos en que ha caído la enseñanza estatal. Se agrega a las huelgas y ocupaciones que desde hace tiempo paralizan las clases, asegurando que, al término de este año, los estudiantes caigan en un atraso aun mayor que el que ya ha puesto a Uruguay a la cola del mundo en pruebas internacionales.

El gobierno y las autoridades de la educación se han mostrado hasta ahora excesivamente tolerantes con la desbordada conflictividad, confiando tal vez en que se apaciguara una vez aprobado el Presupuesto. Pero lo ocurrido a raíz de la ocupación de la sede del Codicen confirma que la benevolencia oficial solo conduce a mayores desórdenes insensatos que resquebrajan la ya empobrecida enseñanza pública, lo que exige mayor firmeza oficial ante grupos para los que la formación de los jóvenes es obviamente irrelevante.