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Gobierno modificará un decreto de la dictadura.

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Interior asume el "riesgo" y flexibilizará decreto para enviar presos a chacras de baja seguridad

Hay 300 plazas sin ocupar porque un decreto de la dictadura limita el perfil de los reclusos que pueden ser enviados allí

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08 de agosto de 2022 a las 05:05

En las cárceles uruguayas permanecen alojados hoy 14.502 personas. El 20% "está de más", lo que en la jerga institucional significa que hay unos 3.000 reclusos que viven en condiciones de hacinamiento. En paralelo, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tiene unas 300 plazas disponibles en las chacras ubicadas en la mayoría de las cárceles, que están sin ocupar porque la normativa vigente limita el tipo de presos que pueden ser enviados hacia allí. 

Por eso, y a pedido del Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo emitirá en los próximos un días un decreto para flexibilizar esas condiciones. Así se lo dijo a El Observador el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. 

El decreto vigente data de 1978, fue emitido durante la última dictadura y, a juicio de las autoridades, ya no responde al tiempo actual. Establece que solo podrían ir allí los presos de hasta 55 años de edad, que hayan cumplido más de la mitad de la pena y que esta sea de entre uno a cinco años de prisión. 

A través de la modificación, se tratará que la derivación a esos lugares sea en función de perfiles técnicos y de seguridad, bajo el convencimiento de que solo a través del trabajo se logrará su rehabilitación. 

González, que recibió el apoyo de legisladores de todos los partidos políticos a la decisión, remarcó la semana pasada en el Parlamento que las chacras constituyen lugares de máxima confianza, "por lo que se puede fracasar y se puede ir alguna persona". Sin embargo, "serían 300 personas trabajando todos los días en la tierra, y para nosotros eso es extremadamente importante". 

El director presentó días atrás su idea ante la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General. "Tenemos hacinamiento por un lado y una cantidad de espacio libre de calidad, en el que podrían trabajar y tener una vida más cercana a la libertad", indicó. 

González les había pedido apoyo a los legisladores en función de que considera que tomar esa definición representa un riesgo. "Son lugares de mínima seguridad y la persona se puede fugar, porque le llega un mensaje de que la mamá o el papá están enfermos, o tiene un problema de pareja y se le vuela la cabeza y se va". Remarcó, no obstante, que "es un buen riesgo a tomar". 

"Prefiero gente trabajando en un tambo y durmiendo en una chacra y no que esté en un módulo hacinada", aseguró. 

Parte del Plan de Dignidad Carcelaria que pretende llevar adelante esta administración es a través del "proyecto Chacras", ya que en las cárceles hay más de 1.000 hectáreas disponibles para la producción. "El interno debe tener hábito de trabajo, trabajar en la tierra y producir su propia alimentación" señaló esta semana en el Parlamento el director del INR, Luis Mendoza. Eso les permitiría, apuntó, tener amor propio y que "no todo les caiga del cielo". 

Otra de las apuestas del INR es el "programa de jóvenes adultos" que comenzó a funcionar hace poco tiempo en la Cárcel de Juan Soler, en San José, y cuya definición está contemplada en la ley de Urgente Consideración (LUC). Se trata de presos primarios, de entre 18 y 25 años de edad. Lo habitual, señaló Mendoza, es que luego de formalizados fueran derivados a Santiago Vázquez, la "universidad del delito". 

A través de este programa y luego de ser evaluados por personal técnico, se opta por no enviarlos a ninguna prisión donde existan presos reincidentes. En Juan Soler, continuó Mendoza, están "alejados de la delincuencia", con una directora que es maestra de Primaria. "Están dadas todas las condiciones para que ese joven pueda rehabilitarse sin tener contacto con ninguna persona que ya estuvo presa", dijo. "Esa es una buena práctica". 

Las cifras del Ministerio del Interior indican que hay cultivadas por esta vía 188 hectáreas en todo el país. La mitad se destinan a producir alimentos para ganado, sobre todo para los tres tambos que el sistema tiene en San José, Colonia y Paysandú. 

El trabajo en las chacras permitió además que el año pasado se cosecharan 127.726 kilos de comida: entre ellos papas, zapallos, zanahorias, boniatos y cebollas. También algunas hojas a través de invernáculos. Todo lo producido va para la "olla" de las unidades penitenciarias. La producción supuso según las autoridades el ahorro de $ 2,1 millones que antes de debían destinar a comprar esos productos. 

De las cárceles también salieron en 2021 unos 181 mil litros de leche que, por razones fitosanitarias, deben venderse. Para reducir los costos de transporte, el Ministerio del Interior piensa construir dos "centros logísticos" para el sistema penitenciario: uno en Santiago Vázquez y otro en Tacuarembó. 

Nuevas cárceles

Para reducir al menos en parte el hacinamiento, Interior apuesta la construcción de tres nuevas cárceles en el predio del Penal de Libertad. "Seguimos batallando contra la burocracia para poder tener el pliego en condiciones cuanto antes y llamar a licitación", informó este miércoles en el Parlamento el ministro Luis Alberto Heber, al exponer sobre la Rendición de Cuentas. La intención es que comiencen a funcionar a fines de 2023 o principios de 2024. Serán unas 1.500 plazas nuevas, construidas a través de un nuevo formato público privado. 

El ministro del Interior explicó en el Parlamento los avances realizados para descongestionar el sistema. Se está trabajando en dotar de 60 plazas más a la Cárcel de Salto. Se está construyendo además un nuevo centro en Tacuarembó y se ha licitado y adjudicado la nueva Cárcel de Artigas. También hubo ampliaciones en Rocha y en Melo. 

Por otra parte, según Heber, "se está invirtiendo mucho" en el Módulo 1 de Santiago Vázquez, vandalizado en 2013 luego de un motín. "Nos va a costar, pero estamos construyéndolo con mano de obra de personas privadas de libertad", destacó. Allí lograrán obtenerse otras 500 plazas suplementarias, que ayudarán a descomprimir la situación de los módulos 10 y 11, en donde la propia cartera admite que no es posible ningún tipo de rehabilitación. 

Para obtener recursos y al igual que otros organismos, el Ministerio del Interior está habilitado a vender las propiedades que tenga en desuso. Ya fueron identificados 44 inmuebles de los que 18 están por ser presentados en remate por parte de Presidencia de la República. La Dirección Nacional de Catastro ya relevó 37 de esos locales y les adjudicó un valor base conjunto de casi US$ 3 millones. 

En lo que va de este gobierno la población carcelaria se incrementó en casi 3.000 reclusos. Según las proyecciones del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, si la tendencia se mantiene habrá 19.000 presos en el sistema para fines del actual gobierno.

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