Interior dejó sin efecto controvertida licitación del gobierno anterior sobre control fronterizo

En 2019, el Ministerio del Interior, en manos del Frente Amplio, abrió un llamado a licitación para implementar un sistema de control migratorio en las entradas y salidas de Uruguay. Con el exministro del Interior Eduardo Bonomi a la cabeza, el proceso fue cuestionado por tres multinacionales del sector que, además de sostener que el proceso favorecería a una empresa en particular, denunciaron irregularidades en el pliego y cuestionaron el "interés" de concretarlo antes del cambio de gobierno.

Un año antes, en abril del 2018, el Ministerio del Interior había hecho un llamado a concesión de obras y servicios para la instalación de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay por vía aérea, fluvial o terrestre. 

El ganador de la licitación debía proveer y mantener las soluciones tecnológicas de software y hardware necesarios para cumplir con los objetivos del llamado.

Ese proceso generó múltiples enfrentamientos entre las empresas oferentes, ya que en el pliego el Ministerio aseguraba que el proceso se iniciaba a partir de la iniciativa privada presentada por la empresa Dafiway SA, decisión que le daba ventajas sobre los otros competidores en la licitación.

Securiport, otra empresa que ya había mostrado interés en proveer el servicio en una consulta pública hecha por el Ministerio del Interior en 2015, denunció en junio de 2018 que no se debían otorgar a Dafiway los beneficios de la ley que regula la iniciativa privada por una sencilla razón: consideraba que el sistema migratorio no era una iniciativa original de esa empresa.

El llamado continúo y, en esa oportunidad, la única propuesta que superó el análisis técnico fue Veridos, una multinacional que es mitad propiedad del Estado alemán. 

Sin embargo, la comisión asesora del Ministerio determinó que la oferta económica, que rondaba los US$ 50 millones, incumplía numerosos aspectos del pliego y, pese al reclamo de los alemanes, en diciembre del 2018 el llamado fue declarado desierto, informó Santo y Seña.

Así fue que en diciembre del 2019, cuando ya se conocía el resultado electoral y que, por ende, habría cambio de gobierno, se abrió un nuevo proceso licitatorio.

Esta vez, las tres empresas que habían participado de la etapa inicial en 2018 presentaron recursos contra el pliego.

Según un informe de Búsqueda, en un texto presentado el 19 de diciembre, la empresa Securiport volvió a cuestionar que se le ofreciera la iniciativa a Dafiway y que por el régimen de iniciativa privada recibiera "un derecho de preferencia”. 

Veridos, en tanto, ingresó su recurso el 16 de diciembre y el día 30 lo fundamentó. Allí denunció que el pliego presentaba "groseras irregularidades".

Un día después, el Ministerio respondió y comunicó a la empresa una resolución adoptada el 20 de diciembre por Bonomi, es decir, antes de que presentara los argumentos de su reclamo y solo 3 días después de presentado el recurso.

En ese entonces, Bonomi resolvió que la licitación seguiría adelante pese a las impugnaciones, que tienen un efecto suspensivo del proceso. La respuesta de la empresa alemana Veridos fue contundente: "La situación es tan irregular, que sin considerar fundamentación alguna, y a solo tres días de la interposición de los recursos, se resolvió con inusual premura levantar el efecto suspensivo (20/12/2019). Palabras más, palabras menos, poco interesaron las evidentes irregularidades que se plantearon, y lo que primó es que todo debía de seguir sin el más mínimo detenimiento".

"Claramente, estas marchas y contramarchas evidencian un manejo totalmente irregular, irresponsable, abrupto y muy alejado de los parámetros mínimos exigibles de un buen actuar administrativo", sostuvo el descargo de la empresa. Y agregó: "Las autoridades salientes bien saben que cualquier compromiso positivo o negativo, así como cualquier contingencia que asuma esta administración, deberá ser acometida -y eventualmente resuelta- por las autoridades entrantes. En cualquier caso, e independientemente de los eventuales motivos políticos, el actuar administrativo desplegado es reprochable y debe ser reconducido". 

El ministro del interior, Jorge Larrañaga, instruyó a que se realizara un minucioso análisis jurídico del proceso y tras el mismo resolvió “por razones de buena administración” dejar sin efecto el proceso licitatorio, ya que, a su entender, las distintas ofertas “presentaban apartamientos sustanciales a las exigencias requeridas como 'excluyentes' por el pliego de condiciones”.

Según la resolución, Larrañaga encomendó al director general de Secretaría, Luis Calabria, que realice cambios "necesarios" en el pliego de condiciones particulares junto a la Dirección Nacional de Migración y la Logística del Ministerio con un objetivo preciso: convocar cuanto antes a un nuevo llamado con el "mismo objeto".