Nacional > 19 horas de debate
Interpelación: Cabildo hizo valer su apoyo a Heber por el acuerdo con Katoen Natie e impuso “sus condiciones”
Luego de 19 horas de debate y cuando la expectativa daba paso al nerviosismo por el desenlace, Cabildo Abierto ratificó a las 5 de la mañana de este jueves su respaldo a la actuación del gobierno en torno al acuerdo con la multinacional belga Katoen Natie por la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.
Según el senador Guido Manini Ríos, lo hizo sobre todo al entender que “la mayoría de la ciudadanía votó por un proyecto político que hay que respaldar y apuntalar”. También, porque “todavía queda mucho por delante y no podemos defraudar a la gente que nos depositó la confianza”.
Pero el respaldo llegó con “ciertas condiciones”. La fundamental: que el Estado uruguayo tenga la última palabra para avalar una eventual venta del 80% de las acciones que la empresa mantiene en Terminal Cuenca del Plata (TCP).
“Venimos a actuar con seriedad y con absoluta responsabilidad política y republicana”, aseguró Manini.
El líder de Cabildo Abierto reconoció que el gobierno tuvo la necesidad de acordar con Katoen Natie para destrabar una “situación de parálisis” en el puerto, cuya responsabilidad adjudicó a los gobiernos del Frente Amplio.
Sí cuestionó que un Poder Ejecutivo, “por más buenas intenciones que tenga”, se considere con el derecho de “comprometer” en ese acuerdo a “varias administraciones por delante”, tomando en cuenta que el convenio con los belgas se extenderá hasta 2081.
“Eso no debería ser posible”, afirmó el senador, que propuso acordar un proyecto de ley para evitar que pueda suceder algo similar en el futuro. “Pasó con uno, pasó con otros”, dijo, al recordar el acuerdo que el último gobierno de Tabaré Vázquez firmó con el Frente Amplio.
Según su visión, un compromiso de este tipo debería contar necesariamente con el aval previo del Parlamento.
“Cabildo Abierto claramente no participó en este acuerdo”, remarcó Manini, para recordar a su vez que su partido había presentado un proyecto alternativo para crear un área especializada en cargas en el puerto capitalino, con la posibilidad de que varios operadores actuaran en igualdad de condiciones.
“Se nos dijo que había inconvenientes”, lamentó.
Manini Ríos confirmó a El Observador que “ni siquiera los blancos” sabían sobre el tenor de su exposición. Salvo algunas consideraciones de Guillermo Domenech, ninguno de los tres senadores de esa fuerza política se había expresado hasta el momento en la interpelación.
Cabildo Abierto sumó su voto a la moción de respaldo que la coalición de gobierno le otorgó a Heber al considerar “satisfactorias” las explicaciones del ministro.
“El gobierno ha tenido que buscar soluciones dada la situación generada por las administraciones anteriores, que expusieron al país a reclamos internacionales y serios perjuicios a la actividad portuaria, comprometiendo seriamente el futuro del Puerto de Montevideo”, se afirma en la declaración.
La moción incluyó el punto exigido por los liderados por Manini Ríos: requerir al Poder Ejecutivo que se incluya en el acuerdo con Katoen Natie la necesidad de una autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación del 80% del paquete accionario que esa firma tiene en Terminal Cuenca del Plata (TCP).
“Sin este elemento, se afecta la soberanía”, apuntó Manini. “El Estado debe tener la última palabra”.
El líder de Cabildo Abierto dijo confiar en que el Poder Ejecutivo tome estas definiciones y las incluya en el acuerdo, para que la prolongada interpelación “no sea una más”.
Ente regulador
El último punto de la moción estaba relacionado con una aspiración del Partido Colorado: que el gobierno remita el proyecto de ley para la creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios (Ursep).
El senador Tabaré Viera (Batllistas) remarcó que el problema de fondo en el puerto se generó “a consecuencia de la gestión de los gobiernos del Frente Amplio”, por lo que fue preciso llegar a un acuerdo con Katoen Natie que evitara un juicio por US$ 1.500 millones que el Estado, seguramente, iría a perder.
Un acuerdo para el que, recordó, el Partido Colorado “tampoco fue consultado” y del que tomó conocimiento cuando el presidente Luis Lacalle Pou lo anunció el 2 de marzo, ante la Asamblea General .
“Para nosotros fue un hecho consumado, y esa es la realidad que tenemos que dejar asentada”, dijo.
Viera llamó a tomar nota de lo que será el cambio en el funcionamiento que sufrirá el Puerto de Montevideo a partir de este acuerdo, que hace virtualmente imposible que una tercera empresa, además de Katoen Natie y Montecon, pueda tener una operativa de magnitud.
Por lo tanto, apuntó, el Estado debe asumir un rol de regulación para salvaguardar el interés del país.
Viera explicó que la URSEP tendría un rol similar al que hoy tienen las unidades reguladoras de energía, agua y telecomunicaciones (URSEA y URSEC), con un cometido de “asesoría técnica” en tarifas y evitar así “eventuales desvíos” en perjuicio de importadores y exportadores nacionales.
El Parlamento, agregó, será el que deba afinar los cometidos y el funcionamiento de este nuevo ente.
“Creemos que es imprescindible que se concrete, es imperioso”, concluyó.
Heber y la falta de análisis
En el cierre de su intervención Heber agradeció el apoyo de los partidos de la coalición de gobierno y reconoció que las “ansiedades gubernamentales” impidieron poner al tanto a los socios del acuerdo, antes de que el presidente Luis Lacalle Pou lo hiciera ante la Asamblea General el 2 de marzo.
“Ese apresuramiento llevó quizá a una falta de análisis y de discusión interna, que aceptamos como un error”, concedió. “Fue todo un año de negociaciones, todas las semanas, peleando por el interés nacional”.
Como lo hizo en todas sus intervenciones, Heber sostuvo que se trata de un “excelente acuerdo”, que le generó al país un inversión por US$ 455 millones por parte de Katoen Natie y evitó a su vez un proceso judicial que habría “paralizado definitivamente” al puerto.
Más allá de los US$ 1.500 millones que Uruguay, dijo, seguramente habría perdido en demanda, el juicio hubiera significado perder un tiempo indispensable para “aggiornar” a la terminal para afrontar la competencia regional.
“No queríamos juicio”, ratificó Heber. “Ganando, igual perdíamos”.
El ministro valoró que la coalición de gobierno superó una nueva prueba con esta interpelación, luego de haber sido “azuzada” previamente para generar en ella divisiones y desencuentros. “Primó el interés nacional".
Heber culminó con la promesa de convertir al Puerto de Montevideo en “el mejor del cono sur” e insistió que la urgencia que había de acordar con la multinacional.
“No hay legalidad, no hay falta de transparencia, hay necesidad de transformar”, señaló.
Censura y denuncia penal
La conclusión del Frente Amplio fue que Heber no pudo fundamentar ni jurídica ni económicamente un acuerdo que comprometerá al país por los próximos 60 años y que tendrá enormes consecuencias a nivel político, económico y social.
Según el senador Charles Carrera, el puerto terminó resignando ingresos por US$ 2.000 millones mientras que la multinacional, desde que firmó el convenio con el gobierno el pasado 25 de febrero, se vio valorizada en US$ 1.000 millones.
El legislador frenteamplista afirmó que el Frente Amplio esperaba irse de la interpelación con una “solución política”, en la que todos los partidos acordaran pedir la renegociación del acuerdo con Katoen Natie “en base a la dignidad y por el futuro del puerto”.
“Bajo el argumento de un juicio sin fundamentos y por un monto disparatado se entregaron las llaves del puerto, perdiendo el control sobre su operativa principal y creando un monopolio”, cuestionó, dejando de paso de “rehenes” a los exportadores e importadores de los precios que la multinacional podrá fijar “a su antojo”.
Las expectativas de una “solución política” no se cumplieron, por lo que el Frente Amplio presentó en el desenlace de la sesión una moción de censura contra Heber, que no prosperó, al entender que quedaron de manifiesto “inconsistencias, ilegalidades e inconvenientes” en el proceso.
“Esto no quedará acá”, confirmó Carrera a El Observador. El Frente Amplio comenzará este jueves a analizar la situación pero, según el legislador, “hay un 99,9% de certeza” de que el tema derive en una denuncia penal.
El principal denunciado sería el propio Heber, como responsable directo de las negociaciones, aclaró Carrera.
En particular en lo referido a los decretos 114/021 y 115/021. El primero, relativo a que la explotación de la terminal de contenedores seguirá en manos de TCP, en virtud del acuerdo firmado.
El segundo, vinculado a la aprobación de un nuevo reglamento general de atraques en el Puerto de Montevideo.
Carrera apeló a una serie de recursos presentados contra esos decretos, tanto por parte de empresas como por el sindicato portuario, que revelan que esas disposiciones “no fueron redactadas por funcionarios de Presidencia, del Ministerio de Transporte ni la Administración Nacional de Puertos".
Los recursos, apuntó el senador, fueron elevados en Presidencia de la República. En ellos, el prosecretario Rodrigo Ferrés dejó “expresa constancia” de haber informado al presidente Luis Lacalle Pou.
Lo que “llama la atención”, dijo, es que las oficinas jurídicas del ministerio, según consta en su respuesta en el marco de las actuaciones, hayan afirmado que “no participaron en el asesoramiento para la redacción de los decretos”, por lo que devolvieron el expediente a Presidencia.
“No salgo de mi asombro”, señaló Carrera, al asegurar que la respuesta de los servicios jurídicos de Transporte fue confirmada por el director general de la cartera, Carlos Scirgalea.
El senador consideró “grave” que un ministro como Heber “resuelva cuestiones tan importantes para la vida del país sin el debido asesoramiento”.
De las actuaciones, agregó, se desprende asimismo que los servicios jurídicos de la Administración Nacional de Puertos tampoco tuvieron intervención.
Así, en su visión, que el Consejo de Ministros haya firmado estos dos decretos en esas condiciones “parece a todas luces una decisión administrativa carente de fundamentos técnicos y jurídicos”.
“Esto, que parece hasta misterioso y revela una falta de conducción tremenda del gobierno, que no puede obtener un informe jurídico sobre la legitimidad de un decreto”, para Carrera confirma que “esto se resolvió tomando en consideración el interés de Katoen Natie”.
En su opinión, la respuesta dada por los servicios jurídicos involucrados es una “muestra gráfica de que aquí existió, por lo menos, un actuar negligente del ministro Heber, que le generará responsabilidad política, civil y penal”.
