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Los viajes oficiales de Toma con una contadora de los que su jefe no sabía y que dividió a la Jutep
El anterior presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, consideró que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida de parte del exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, luego de que el organismo a su cargo abriera una investigación ante una "denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales" en Presidencia durante la gestión de Tabaré Vázquez, informaron este miércoles el programa Así nos va de radio Carve y Búsqueda este jueves.
Gil Iribarne no estuvo presente cuando los otros jerarcas dieron por "satisfactoria en todos sus términos" la respuesta elaborada por Presidencia, publicó Búsqueda a partir de un pedido de acceso a la información publica.
En diciembre de 2019 la Jutep había dirigido una nota al entonces director general de Presidencia, Diego Pastorín, pidiendo información sobre misiones oficiales del gobierno entre 2018 y 2019 relacionadas al juicio desarrollado en Roma para exmilitares acusados de violación de derechos humanos durante la dictadura.
La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares por desaparición de italianos en el marco del Plan Cóndor en América Latina. La sentencia alcanzó a 12 militares uruguayos –entre ellos Gilberto Vázquez y José Nino Gavazzo– y al excanciller Juan Carlos Blanco.
La réplica llegó en enero, e incluyó explicaciones brindadas por Toma. En ella detallaba que el equipo a cargo de "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana" había estado integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que ofició "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales".
El exsecretario de Presidencia expuso sobre la contadora: "Además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia".
La contadora es Giuliana Pérez Muñiz. Toma destacó que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay. También señaló que gracias a que Pérez Muñiz tomó nota de ese aspecto, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.
El documento concluía que “los informes derivados de cada misión, por la extrema sensibilidad de los mismos, son efectuados al señor presidente en exclusividad”, por lo que no fueron brindados más detalles al respecto.
Las autoridades de la Jutep analizaron la respuesta de Presidencia el 9 de enero, día en que el presidente del organismo, Gil Iribarne, estaba de licencia. Los jerarcas presentes –el vicepresidente Daniel Borrelli y la representante por el Partido Nacional, Matilde Rodríguez– zanjaron el asunto: "Vuestra contestación se tuvo por satisfactoria en todos sus términos”, resolvieron, según consta en la nota enviada por Borrelli a Presidencia.
No obstante, Gil Iribarne discrepó con la decisión y dejó constancia de ello a su regreso el 22 de enero: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.
El entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, declaró a Búsqueda que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. El exjerarca añadió: “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.
Según informó Así nos va, Pérez Muñiz se recibió de contadora el 4 de diciembre de 2018 por la Universidad de la República. En abril de 2019, ingresó a la Senaclaft junto con otro joven, ambos con contrato temporal aprobado por Presidencia.
En junio de 2019, Toma informó que la técnica integraría la comisión que viajaría a Roma, con el fin de investigar si los acusados habían realizado "financiamiento de terrorismo de Estado".
La contadora de la Senaclaft participó de las misiones oficiales en julio y diciembre. La primera no figura en la web de Presidencia de la República, mientras que la segundo sí aparece, aunque al ingresar al portal se encuentra un mensaje de "Error 404".
La funcionaria también participó en tres ocasiones en misiones oficiales a Washington DC durante el juicio de la minera Aratirí al Estado uruguayo. El último viaje fue en enero de este año.
