Italia: miles de inmigrantes son sometidos a la explotación y el abuso laboral, según un estudio

El censo recogió la información brindada por más de la mitad de los municipios italianos acerca de los flujos, la cantidad y las características de los trabajadores inmigrantes y sus viviendas.

En 38 municipios se constataron la presencia de asentamientos no autorizados que incluían edificios, chozas, carpas y casas rodantes, tanto en forma aislada como agrupados en guetos. Estos asentamientos se describen como lugares de explotación y deprivación de derechos básicos como el acceso a servicios y a mecanismos de integración y ayuda legal.

Según InfoMigrants, un sitio de información y noticias sobre problemas de inmigración, un 38% de los asentamientos existen desde por lo menos siete años, mientras que un 12% tienen no menos de 20 de años de establecidos. Un 30% de los habitantes de estos lugares son refugiados y demandantes de asilo, que el estado tiene la obligación de proteger de acuerdo con su compromiso con leyes internacionales.

El estudio revela que sólo el 30% tiene acceso a transportes públicos, el 10% vive a más de 50 kilómetros del lugar donde trabajan el 40% a más de 10 kilómetros.

Los trabajadores se ven obligados a depender de los corporali, una red ilegal de intermediarios -muchas veces ligados a grupos criminales- conocida como caporalato, que se encarga de reclutar y transportar a los inmigrantes a sus lugares de trabajo donde son sometidos a condiciones abusivas de trabajo por salarios muy bajos.

Aunque las áreas donde más se practica este sistema de explotación de mano de obra barata son las del Sur italiano, el informe de los municipios puntualiza que la precariedad en el trabajo y la vida cotidiana de los inmigrantes son moneda corriente en toda Italia.

El informe, que es parte un plan oficial a tres años para enfrentar el problema de la explotación en el sector agrario, estima que unos 690.000 inmigrantes indocumentados viven en Italia, procedentes de África, el Este de Europa y la India.

Ya en 2018, la Federación de Trabajadores de la agroindustria, afiliada a la Confederación General italiana del Trabajo (FLAI-CGIL) había publicado que 430.000 estaban irregularmente contratados para trabajar en granjas, 16% no tenían acceso a derechos laborales y 38% recibían salarios por debajo de los establecidos por convenios colectivos. Otras estimaciones calculaban en un 40 % el porcentaje de trabajadores inmigrantes sin ningún tipo de contrato laboral.

Las condiciones de vida y de trabajo empeoraron durante la pandemia, volviéndose más precarias y la decisión del Gobierno de emitir, en mayo de 2020, permisos de residencia temporarios a más de 200.000 trabajadores indocumentados significó un beneficio solo para una fracción de los inmigrantes, motivado básicamente en la necesidad de atender a las demandasde fuerza de trabajo del sector agropecuario, dejando afuera de la protección estatal a una gran masa de inmigrantes.

El programa no sólo no alcanzó a la mayoría de los inmigrantes con trabajos precarios o sin trabajo, sino que se prestó a actividades fraudulentas, como la venta de falsos contratos de trabajo por un precio de US$ 8.000.