Nacional > GASTOS IRREGULARES EN ALUR
Jara: “no hay ningún elemento nuevo que pueda influir en la decisión de no hacer una denuncia”
El fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA) que señaló que el senador Leonardo De León incurrió en "múltiples actos indebidos en perjuicio" de ALUR y del “patrimonio público" por el uso de tarjetas corporativas de la empresa, promete reactivar la actuación de la Justicia en torno a este asunto, a seis meses de que el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, archivara el caso.
El diputado del partido Nacional, Pablo Iturralde, presentará este viernes un escrito ante el fiscal de Corte, Jorge Díaz, motivado por el fallo del tribunal, en el que pedirá que la causa se reactive, al tiempo que aportará información de vuelos presuntamente irregulares realizados en horario nocturno con la aeronave de ALUR, y que tenían por destino el aeropuerto de San Fernando en Argentina, una terminal aérea vinculada a la llamada ruta del dinero K.
Con esta acción el fiscal Luis Pacheco deberá revisar su postura respecto al archivo de la causa, aunque al menos en lo que respecta al uso de tarjetas corporativas, solo una denuncia de ANCAP –principal accionista de ALUR- podría cambiar lo ya resuelto por el fiscal. Por esa razón Iturralde citará al Parlamento a la presidenta de ente petrolero, Marta Jara, para preguntarle por qué no presentó una denuncia penal por apropiación indebida contra el senador de la lista 711.
Consultada por El Observador, Jara dijo que “no hay ningún elemento nuevo que pueda influir en la decisión que se ha tomado de no hacer una denuncia”, y aseguró que “eso se basa en opiniones legales que estudiaron la normativa de ALUR y toda la información disponible”. En el mismo sentido, la ministra de Industria, Carolina Cosse opinó que "ANCAP ya hizo las consultas legales (para definir si denunciaba o no a De León) en su momento y a eso se debe atener la empresa".
En el documento en el que el fiscal argumentó el archivo de la causa, Pacheco señaló que “debe destacarse que –aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida se castigan de oficio- no deja de ser relevante advertir que los hechos no fueron denunciados por la empresa presumiblemente damnificada, ALUR, ni por el accionista minoritario, propietarios de los fondos respecto de los cuales se habría hecho un uso distinto al fin para los que fueron concedidos”.
De hecho, el fiscal explicó en su dictamen que no solicitó la imputación de De León de oficio –sin que medie denuncia del afectado- porque aquellos gastos que muestran un uso “claramente indebido de la tarjeta”, representan montos de “escasa entidad”. Estos son un alojamiento en el Hotel Santa Cristina de Durazno en octubre de 2013 para asistir a un evento de la fundación “Propuesta Uruguay 2030” –una actividad política impulsada por Raúl Sendic-, una compra en el Hotel Alvear de Buenos Aires el 6 de agosto de 2014, fecha en que se lanzaba en Argentina el lanzamiento de la fórmula Vázquez-Sendic, y el pago en restaurantes en abril de 2014 en Cataratas del Iguazú, cuando se encontraba de licencia.
Los informes en los que ANCAP basó su decisión de no denunciar a De León señala que “Alur no tiene nada más para hacer” porque el fiscal pudo haber actuado de oficio, y que como la empresa aportó información a la causa, no fue omisa a la Justicia. Sin embargo, según había dicho Pacheco a La Diaria a poco de conocerse la resolución de archivar la causa: “Si Alur hubiera hecho la denuncia, el dictamen habría cambiado”.
La jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, quien investigó las irregularidades en ANCAP y también actuó en este caso hasta que Pacheco archivó la causa, dijo a El Observador que si bien la persecución del delito de apropiación indebida exige la denuncia del damnificado, es algo que “normalmente se espera”, y que “se evalúa”, a la hora de tomar una decisión de cómo actuar.
El fallo del Tribunal de Conducta Política del FA publicado este lunes señala que 219 gastos realizados por De León desde 2013 –cuando se hizo un instructivo de rendición de cuentas de gastos en ALUR– son “irregulares” porque cuando se trató de alojamiento o alimentación debieron haberse pagado con el dinero de los viáticos y no con la tarjeta corporativa, al tiempo que en todos los restantes no se rindió cuentas cuando la normativa obligaba a hacerlo.
El informe destaca que algunos gastos en restaurantes y estaciones de servicio pagados con la tarjeta corporativa se hicieron cuando el actual senador estaba de licencia. En tanto, el fallo señala que en 18 casos pagó alojamientos con la tarjeta corporativa, cuando al mismo tiempo había recibido viáticos.
