Un grupo de más de 850 funcionarios judiciales presentó la denuncia ante las Naciones Unidas (ONU) por la que piden al Consejo de Derechos Humanos de ese organismo que declare que el artículo 15 del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas, que habilita al Estado uruguayo a dilatar el pago de deudas por juicios perdidos, sea declarado "incompatible" con principios básicos de los derechos humanos. En el escrito, al que accedió El Observador, solicitan además que se declare que "afecta la independencia del Poder Judicial toda norma jurídica que lo despoje de su poder jurisdiccional" de hacer cumplir una sentencia.
El abogado Pablo Donnangelo, representante de ese grupo de trabajadores –que es independiente de la Asociación de Funcionarios Judiciales–, argumentó que la norma que ya fue aprobada en Diputados va en contra de varios fallos de la Suprema Corte de Justicia que obligaban al Estado a pagar a los trabajadores el 26% de aumento salarial que reclaman desde que se votó la ley de Presupuesto de 2012.
A su vez, Donnangelo pide a la ONU que "recomiende al Estado uruguayo que adopte las medidas legales o de otro carácter para evitar la intromisión de cualquier otro poder del Estado en el proceso de ejecución y cumplimiento de las sentencias judiciales".
Constitucionalistas y expertos en derecho administrativo consideran que el artículo 15 es "contrario al estado de derecho", violatorio del principio de separación de poderes e inconstitucional.
La Relatoría de Derechos Humanos para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU realiza análisis sobre "atentados a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales", así como recomendaciones y advertencias a Estados, a petición de los gobiernos o por denuncias que se le presenten, según indica la página web de Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En su petición, los judiciales indican también que la ONU se expida sobre el artículo 733 del Presupuesto nacional, que va en la misma línea que el artículo 15 del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas. Este último está ahora a estudio del Senado.
