La fiscal Adriana Umpiérrez había solicitado ayer el procesamiento de 26 funcionarios del INAU implicados como autores, coautores o cómplices de abuso contra un grupo de internos en el centro Ceprili del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), ocurrido el pasado 24 de julio.
Hoy los acusados debieron ir a declarar a la Justicia y realizar sus descargos. López declaró: "Nos quieren condenar como terrorismo de Estado", aunque también señaló que los fallos judiciales "hay que acatarlos".
Desde 2006 (cuando se aprobó la Ley 18.026 que configura la tortura como un delito) hasta la fecha, solo fueron procesados cinco personas en el marco de esta legislación, informó a El Observador el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat. Hoy, tras conocerse el fallo judicial de Iribarren, el número de procesados por tortura en los últimos nueve años aumentó a 31. Las penas por el delito de tortura van desde los 20 meses de prisión a ocho años de penitenciaria, según marca el artículo 22.
Tras conocerse el fallo del juez, el abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, dijo a la prensa que "la defensa piensa apelar el autoprocesameinto". En paralelo, se solicitará "las libertades provisionales de personas que son primarias, trabajadores, jefes de familia, con menores a cargo y que no revisten peligrosidad para la sociedad".
Consultado el abogado sobre los procesamientos de aquellos funcionarios que fueron espectadores de lo ocurrido, señaló: "La fiscal cree que ese 'no hacer' le permite imputar el delito, nosotros creemos que las personas que no tienen ninguna actividad y no colaboran ni material ni moralmente en el delito imputado no deben tener calidad de cómplices".
El secretario general del sindicato del INAU, Carlos Salaberry, dijo ante la prensa que la actuación de la Justicia genera "una gran bronca" porque -a su entender- "acá lo que se está consumando es un operativo político que comenzó con la difusión del vídeo, y se monto todo una campaña de linchamiento publico contra Joselo López y el sindicato".
"Hubo una intervención de la ministra de Educación, que luego repercutió en este pedido de procesamiento que es un disparate, y el juez termina convalidando eso. Todas las garantías han desaparecido porque para cualquier trabajador que entra a trabajar es tomar el riesgo de terminar procesado, y es una situación realmente indignante", dijo Salaberry.
Según el dirigente sindical, las autoridades del INAU solicitaron al Poder Ejecutivo la esencialidad en el Sirpa. "Ayer se solicitó la esencialidad cuando nosotros no estamos tomando medidas sindicales", apuntó Salaberry.
Mañana sábado el sindicato del INAU convocó a un plenario y asamblea con carácter "grave y urgente" para analizar los pasos a seguir frente al dictámen de la Justicia.
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