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Jueza Mota rechaza recusación y da pelea

Un tribunal de apelaciones dirá si la jueza debe apartarse

2 de junio de 2011 21:22 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Marcha del silencio
Marcha del silencio


La jueza penal Mariana Mota rechazará la recusación que presentaron los abogados de militares indagados en dos causas de las siete que tiene a su cargo por violaciones a los derechos humanos. La magistrada dijo a El Observador que no cree que se haya apartado de los mandatos constitucionales y piensa seguir adelante con las investigaciones judiciales.

La jueza deberá elevar el recurso a un tribunal de apelaciones que estudiará el caso y resolverá si Mota debe apartarse o no.

Los abogados Emilio Mikolic, Graciela Figueredo y Rosanna Gavazzo (hija del militar condenado José Gavazzo) defensores de cinco militares retirados que han declarado en el expediente por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, ocurrida en 1976, plantearon que la presencia de la magistrada en la marcha del silencio le imposibilita seguir al frente de los casos.

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Los defensores solicitaron que “se declare la nulidad absoluta de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy, así como las futuras”.

En su opinión “existen circunstancias comprobadas y comprobables que afectan la imparcialidad de la jueza”.

Los mismos abogados también recusaron a la jueza en el expediente por la muerte de Ubagesner Chavez Sosa (cuyos restos fueron entregados por la Fuerza Aérea y enterrados por sus familiares). Por esa causa fueron procesados los militares Enrique Ribero y Uruguay Araújo Umpiérrez.

El abogado Miguel Langón, que defendió ante Mota al coronel (r) Carlos Calcagno, militar procesado por la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, descartó presentar la recusación del caso. El penalista dijo a El Observador que “espera” que la magistrada “se retire de los casos por voluntad propia”.

Además, los abogados vienen planteando desde hace meses y ahora lo agregaron a la recusación, que la jueza ha interrogado a militares sin la presencia de defensores en las audiencias, a pesar de haber sido designados como tales.

La jueza Mota sostuvo que esos militares fueron citados en calidad de testigos y no de indagados, y que por ese motivo los dejó estar presentes en las audiencias pero no interrogar. Pero los abogados aseguran que sus defendidos están siendo indagados y que a ellos se les impide “ejercer una digna defensa”.

Falta ética.
La Suprema Corte de Justicia archivó el caso de la jueza Mota, pero formuló un comentario sobre la participación de la magistrada en la marcha, lo que consideró una falta ética. La corporación planteó que la conducta de la jueza “puso en tela de juicio su imparcialidad” y provocó que los abogados solicitaran “su apartamiento de la causa”.

La Suprema Corte entendió que su presencia en la marcha va contra los mandatos éticos de los jueces. La SCJ planteó además que en todo caso, la participación en un “acto político” compete a la Corte Electoral ante una denuncia concreta que hasta ahora nadie ha presentado. Los posibles denunciantes de la magistrada son cualquiera de las dos cámaras del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o las “autoridades nacionales de los partidos políticos”.
La jueza penal Mariana Mota rechazará la recusación que presentaron los abogados de militares indagados en dos causas de las siete que tiene a su cargo por violaciones a los derechos humanos. La magistrada dijo a El Observador que no cree que se haya apartado de los mandatos constitucionales y piensa seguir adelante con las investigaciones judiciales.

La jueza deberá elevar el recurso a un tribunal de apelaciones que estudiará el caso y resolverá si Mota debe apartarse o no.

Los abogados Emilio Mikolic, Graciela Figueredo y Rosanna Gavazzo (hija del militar condenado José Gavazzo) defensores de cinco militares retirados que han declarado en el expediente por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, ocurrida en 1976, plantearon que la presencia de la magistrada en la marcha le imposibilita seguir al frente de los casos.

Los defensores solicitaron que “se declare la nulidad absoluta de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy, así como las futuras”.

En su opinión “existen circunstancias comprobadas y comprobables que afectan la imparcialidad de la jueza”.

Los mismos abogados también recusaron a la jueza en el expediente por la muerte de Ubagesner Chavez Sosa (cuyos restos fueron entregados por la Fuerza Aérea y enterrados por sus familiares). Por esa causa fueron procesados los militares Enrique Ribero y Uruguay Araújo Umpiérrez.

El abogado Miguel Langón, que defendió ante Mota al coronel (r) Carlos Calcagno, militar procesado por la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, descartó presentar la recusación del caso. El penalista dijo a El Observador que “espera” que la magistrada “se retire de los casos por voluntad propia”.

Además, los abogados vienen planteando desde hace meses y ahora lo agregaron a la recusación, que la jueza ha interrogado a militares sin la presencia de defensores en las audiencias, a pesar de haber sido designados como tales.

La jueza Mota sostuvo que esos militares fueron citados en calidad de testigos y no de indagados, y que por ese motivo los dejó estar presentes en las audiencias pero no interrogar. Pero los abogados aseguran que sus defendidos están siendo indagados y que a ellos se les impide “ejercer una digna defensa”.

Falta ética.
La Suprema Corte de Justicia archivó el caso de la jueza Mota, pero formuló un comentario sobre la participación de la magistrada en la marcha, lo que consideró una falta ética. La corporación planteó que la conducta de la jueza “puso en tela de juicio su imparcialidad” y provocó que los abogados solicitaran “su apartamiento de la causa”.

La Suprema Corte entendió que su presencia en la marcha va contra los mandatos éticos de los jueces. La SCJ planteó además que en todo caso, la participación en un “acto político” compete a la Corte Electoral ante una denuncia concreta que hasta ahora nadie ha presentado. Los posibles denunciantes de la magistrada son cualquiera de las dos cámaras del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o las “autoridades nacionales de los partidos políticos”.

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