Mientras que algunos lo entienden "surreal" y "francamente absurdo" otros se preguntan qué diferencia hay entre un "ciudadano común con sentido común razonable" y un juez
Doce personas de edades, orígenes e ideologías diferentes podrían tener en sus manos los futuros de víctimas y victimarios cuando su vocero se levantara y dijera "culpable" o "inocente".
Los juicios por jurado, como son por ejemplo en Estados Unidos y que pueden verse representados en innumerables películas, en Uruguay están habilitados por la Constitución.
De hecho, existieron hasta 1937 cuando la absolución del estanciero José Saravia, en el conocido caso de La Ternera, luego de ser acusado de asesinar a su esposa, terminó por sepultarlos. Con la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) en 2017 el exfiscal de Corte Jorge Díaz volvió a ponerlo sobre la mesa. Su sucesor, Juan Gómez, dijo a El Observador que "sería ideal" ese mecanismo, aunque lamentó que "hay muy poca gente en Uruguay" para participar.
Este año, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República publicó el trabajo de Juan I. Acquistapace, Nicolás López y Camila Fernández, que trabajaron bajo la orientación del profesor de Derecho Penal Diego Camaño y la profesora Leticia Gavernet, que, entre otras cosas, recoge la opinión y los argumentos de diferentes operadores del sistema jurídico sobre la posibilidad de reinstalar los juicios por jurado.
El fiscal de Homicidios Carlos Negro —uno de los que más ha apoyado la gestión de Díaz— es uno de sus principales impulsores a la hora del debate público. En su cuenta de Twitter, días atrás, replicó testimonios de jurados de la provincia argentina de Neuquén, como por ejemplo: "¿La Justicia no sirve? Sí, la Justicia sirve. Solo hay que participar". Por otra parte, destacó que Neuquén tiene 700 mil habitantes, echando por tierra la teoría de que la poca población truncaría la idea de los juicios por jurado.
Para el estudio se consultó a académicos grado 5, al fiscal y exfiscal de Corte, a referentes de los gremios judiciales, ministros del Tribunal de Apelaciones y de lo Contencioso Administrativo.
El trabajo académico, si bien especifica quiénes fueron los entrevistados, no conecta sus nombres con los argumentos que dieron. Al mencionar cada una de las posturas, solo resalta el rol de cada uno dentro del Derecho
A los expertos se los consultó sobre tres puntos: si creen que los jurados serían más punitivos, si piensan que serían más permeables al humor social y si entienden que personas elegidas aleatoriamente son capaces de juzgar un hecho penal.
Sobre el primer punto, opinó un académico, un abogado y un legislador. “Está demostrado que la sociedad es fuertemente manipulable por los medios de comunicación y por las redes sociales y está claro que hoy en día estas dos fuentes de formación de opinión pública están siendo operadas por grupos bien organizados (...) obviamente bastaría generar una histeria punitiva”, señaló uno de los académicos. El defensor, por su parte, sostuvo que “el jurado va a responder a la corriente sociopolítica del momento”. El legislador coincidió en la importancia del rol de las redes sociales y reconoció que le produce "temor".
El trabajo de la Facultad de Derecho citó un estudio de Sidonie Porterie y Aldana Romano que afirma que, de acuerdo a la experiencia de los juicios por jurado en Provincia de Buenos Aires, las personas de a pie tienden a absolver más que los jueces profesionales. En 2011 hubo condena en el 80% de los juicios orales y en 2017 (a tres años de haberse implementado el juicio por jurado) era el 65%.
"Si los juicios por jurados absuelven más, hay más garantías, porque hay más exigencias epistémicas, al momento de construir la verosimilitud o certeza sobre los enunciados fácticos que se debaten en el proceso", consideró uno de los magistrados entrevistados.
También hay opiniones disímiles sobre la posibilidad de que los jurados no sean tan imparciales como los jueces. Uno de los académicos entrevistados afirmó que si se admitieran los juicios por jurados se terminaría "recurriendo a fundamentos de carácter anímico". Mientras que un colega complementó que en el Centro de Estudios Judiciales (CEJU), donde se forman los jueces, se les enseña a tener una "relativa fortaleza" y les avisan que no pueden "guiarse por la prensa".
Aunque otro de los consultados discrepó: “No hay nada que pueda respaldarse en evidencia científica que diga que los jueces profesionales que tenemos en Uruguay son más imparciales como seres humanos que si hacemos un sorteo y agarramos del Disco a tres personas que están haciendo las compras. (...) La gente puede decir cualquier cosa, pero esa misma persona seguramente cuando tenga que resolver la suerte de un ser humano en concreto, que lo ha visto ahí delante, no sea el mismo que escribía 'hay que reventarlos a todos'".
Un fiscal, sostuvo que el juez "también es un ser humano que tiene su corazoncito, su filosofía, su ideología" y que "algún día, entre los temas tabú que hay en Uruguay", habrá "que hablar de la ideología de los jueces”.
Un académico ve "francamente absurdo" y "surreal" que un jurado pueda decidir acerca de la culpabilidad de alguien. Aunque otro afirma que "cuando uno mira algunos sistemas de justicia del mundo los problemas que tienen (...), uno empieza a dudar y decir en definitiva qué tanta diferencia hay entre un ciudadano común, con sentido común razonable y un juez”.
Otro de los académicos consultados argumentó que “el que puede ejercer y valorar lo que es el derecho de protesta, todo eso es el juez profesional, le puede errar como las peras, pero es el juez profesional. ¿Qué puede llegar a entender un jurado sobre todo ese tema? Bueno, se corre el riesgo de que haya un pronunciamiento “Pedro Picapiedra". Agregó que cree "que se requiere una cierta calificación jurídica y fundamentalmente una cierta experiencia para valorar los hechos". Uno de los legisladores entrevistados sostuvo que se pierden las garantías cuando la prueba no la valora un especialista en derecho.
Pero uno de los jueces, por ejemplo, se pronunció en sentido contrario: "Para mí no hace falta ser abogado para decir de acuerdo a eso si la persona es responsable o no". (...) "Además sería demasiado soberbio de parte de los abogados creer que sabemos tanto que somos los únicos que podemos escuchar versiones y ver si una persona es responsable o no”, expresó. Luego, un académico dijo que en casos que refieran a cuestiones técnicas, como el lavado de activos o el derecho penal económico, se instruiría a los jurados. "Tampoco sé si (el conocimiento necesario) lo tienen los jueces, fiscales y abogados que después terminan decidiendo", sentenció.
El trabajo realizado en la Facultad de Derecho recoge las opiniones de Alejandro Abal (exdecano de la Facultad de Derecho y profesor de derecho procesal), Germán Aller, Martín Fernández, Lucía Remersaro, Diego Silva Forné, Marcelo Domínguez y Mario Spangenberg (profesores de derecho penal, el último, decano de Derecho en UCU), Juan Fagúndez y Eduardo Sassón (presidente y vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas), Juan Gómez y Jorge Díaz (fiscal de Corte y exfiscal de Corte), Joaquín Gamba (presidente de la Asociación de Defensores Públicos), Beatriz Larrieu y Graciela Gatti (ministras del tribunal de Apelaciones, la segunda también es presidenta de la Asociación de Magistrados), Carlos Negro, Luis Pacheco y Willian Rosa (fiscales, este último presidente de la Asociación de Fiscales).
También recopila las visiones de Ope Pasquet y Álvaro Viviano (diputados del Partido Colorado y Nacional), William Corujo (ministro del tribunal de lo contencioso administrativo), Diego González Camejo y Fernando Islas (jueces), Ángel Landoni, Gabriel Valentín y Santiago Pereira Campos (procesalistas), Óscar López Goldaracena (abogado especialista en Derechos Humanos), Rodrigo Rey Yureidini (abogado), Martín Risso y María Elena Rocca (constitucionalistas), Oscar Sarlo (catedrático de la teoría del derecho), Marcelo Souto (abogado experto en derecho laboral) y el criminólogo Daniel Zubillaga.