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Katoen Natie: propuesta de Cabildo Abierto para eventual venta de acciones es de “sentido común”
La interpelación al ministro interino de Transporte, Luis Alberto Heber, por el acuerdo del gobierno con la empresa belga Katoen Natie terminó en la madrugada del jueves pero las repercusiones fueron más allá. El pedido de Cabildo Abierto obliga a intentar renegociar el acuerdo para agregar, al menos, un elemento.
“Yo creo que esta interpelación no es una más para el olvido. Esta interpelación no es estéril, va a determinar en la aprobación de la moción final el compromiso de hacer cambios en esa negociación que se hizo”, sentenció el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos sobre el final de la sesión.
Es que Cabildo Abierto pidió incluir en la moción de respaldo al ministro, y fue aprobado por el resto del oficialismo, que el Estado tenga la última palabra en el caso de que Katoen Natie decida vender sus acciones de Terminal Cuenca del Plata (TCP), la empresa que administra la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.
Desde Katoen Natie dijeron a El Observador que, si bien el acuerdo para ellos está cerrado, la propuesta “es de sentido común” y están abiertos a dialogar sobre el tema. La empresa todavía no recibió ningún planteo formal sobre este punto pero tampoco fueron sorprendidos por la resolución que tomó la Cámara de Senadores ya que venían siguiendo el debate político de cerca y en conversación con los diversos actores.
En la misma línea se había expresado el presidente Luis Lacalle que calificó de “oportuna” la propuesta de los cabildantes.
De todos modos, desde la empresa recordaron que el contrato firmado en 2001, al que Katoen Natie accedió mediante un remate público, fue armado por el Estado y luego rematado y no incluía una cláusula de este tipo.
La empresa belga tiene el 80% de las acciones de TCP y es socia de la Administración Nacional de Puertos (ANP) que tiene el restante 20%. En el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y la compañía se le extiende la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta 2081 –ya tenían hasta 2031- y se le da la prioridad absoluta de atraque. El convenio también incluye una inversión de US$ 455 millones por parte de la empresa en los primeros cinco años y una reducción de algunas tarifas en un 30%.
En Cabildo Abierto sabían que su propuesta podía llegar a prosperar porque en conversaciones que mantuvieron con la empresa, los representantes les transmitieron que no tenían ninguna intención de vender, según dijo a El Observador el senador cabildante Raúl Lozano.
Más cambios
Esta semana habrá nuevas conversaciones entre el Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto para determinar en qué términos se le traslada a la empresa la posibilidad de incluir la cláusula mencionada. Sin embargo, los cabildantes aprovecharán esa instancia para tratar de agregar otros cambios al acuerdo aunque la posibilidad de que eso se concrete es más remota.
La empresa entiende que se trata de un acuerdo cerrado aunque tiene disposición a escuchar los planteos que le lleguen.
Quien resumió alguna de las clausulas que más le preocupan a Cabildo Abierto del acuerdo fue el senador Guillermo Domenech durante la interpelación. Además de la posibilidad de que TCP termine en manos de otra empresa, los cabildantes también observaron otras pasajes del acuerdo.
“Son unas cuantas las observaciones que tenemos”, dijo Domenech en la Cámara de Senadores.
El legislador señaló que el documento firmado por las partes establece que Uruguay se debe hacer cargo del dragado del puerto y del canal de acceso a 14 metros y esto, según los números manejados por el senador, podría insumir unos US$ 250 millones de inversión y otros US$ 30 o 40 millones de mantenimiento. Esto, en la visión de Cabildo Abierto, reduce la inversión de la empresa.
Para los liderados por Manini Ríos el acuerdo también da la posibilidad para que se licúe la participación accionaria de la ANP en la empresa. “Cosa que no nos interesa de ninguna manera”, dijo.
Domenech también señaló el tema tarifario que, según entiende, a partir del acuerdo quedó en manos de Katoen Natie y le quita margen al Poder Ejecutivo, que según la legislación vigente tiene la última palabra, para incidir en la fijación de tarifas.
Por último, el senador se alineó con una de las críticas que más ha repetido el Frente Amplio respecto a la creación de un monopolio privado de hecho en la gestión de los contenedores en el puerto.
“El acuerdo establece que no se otorgaran nuevas concesiones para explotación de terminal especializada de contenedores excepto que se supere el 85% de la capacidad anual durante dos años consecutivos. Esto deja en manos de la empresa concesionaria la posibilidad de mantener un monopolio a su voluntad ya que ella va a manejar si supera o no esa cifra”, resumió.
Cabildo Abierto tiene varias objeciones con el contrato pero respaldó las explicaciones del ministro Heber en el entendido que tiene un compromiso con la coalición y con el proyecto que votó la población. Sin embargo, intentará renegociar otros puntos en las conversaciones que se establezcan con la empresa.
