El gobierno incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto un artículo que deroga las instrucciones generales de Fiscalía pero no tiene los votos para aprobarlo en el Parlamento. Por eso, el Poder Ejecutivo busca alternativas que le permitan tener una mayor incidencia en el Consejo Honorario que aprueba estas directrices que definen la política criminal.
Una de esas alternativas es que aumente la representación del gobierno en ese organismo para tener mayor peso en las decisiones. Esa idea, manejada por el Ministerio del Interior, fue trasladada a la bancada de diputados del Partido Nacional y es manejada como una alternativa en caso de no prosperar la propuesta inicial.
“El gobierno nos trasladó esa posibilidad. El Poder Ejecutivo, que es quien debe definir la política criminal, tiene una presencia casi testimonial en el Consejo Honorario”, dijo a El Observador el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.
Actualmente ese organismo está conformado por el gobierno, Fiscalía, la Asociación de Fiscales, la Universidad de la República, el colegio de abogados y otro representante de la sociedad civil.
El diputado fue un poco más allá y aseguró que lo que se pretende con la derogación o con este cambio es “dejar claro” que la política criminal la fija el gobierno. “Las instrucciones generales son un instituto intermedio entre lo que establece el código y las normativas del Fiscal General”, apuntó. Además, el diputado aseguró que no se pueden clasificar delitos "en categoría A y categoría B".
Las instrucciones son directrices de actuación que los fiscales deben cumplir (de no hacerlo pueden ser sancionados) vinculadas a la investigación y priorización de la persecución de los delitos. Se trata de lineamientos generales que no se pueden dictar en base a casos concretos.
Si el Ministerio del Interior, por ejemplo, pretende priorizar el combate al abigeato, como ha manifestado el ministro Jorge Larrañaga, para que tenga eco en la Fiscalía se debe dictar una instrucción general.
Para el fiscal de Corte Jorge Díaz es “raro” que el gobierno intente derogar pasajes de una ley que fue aprobada con los votos de todos los partidos en la legislatura pasada. “Sin cuestionamiento previo, funcionando normalmente y votado por unanimidad parece extraño que se quiera derogar”, dijo en rueda de prensa.
Díaz agregó que el Poder Ejecutivo tiene delegados en el Consejo Honorario que le pueden hacer llegar a la Fiscalía sus intenciones en política criminal. En el gobierno anterior los representantes en el Consejo solían ser el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario, Juan Andrés Roballo. En esta administración ha participado el actual prosecretario Rodrigo Ferrés pero también han ido varios representantes del Ministerio del Interior.
El fiscal de Corte destacó como una necesidad que haya una “matriz de priorización única” para todo el país de forma tal que se preserve la unidad de acción.
La Fiscalía no cuenta con los recursos materiales ni humanos como para investigar absolutamente todos los delitos por lo que debe existir una priorización. El objetivo de las instrucciones generales es que no haya tantas políticas criminales como fiscales, aseguró el número uno del organismo.
El fiscal compareció este martes ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer respecto a la distribución de los recursos.
La sesión, que se extendió durante cuatro horas, tuvo discusiones entre los diputados Eduardo Lust (Cabildo Abierto) y Gustavo Zubía (Partido Colorado), partidarios de derogar las instrucciones, y el fiscal de Corte, contrario.
Diego Battiste
Archivo. El diputado de Cabildo Abierto Eduarto Lust
Cabildo Abierto y el diputado colorado son los únicos que se han expresado abiertamente a favor de derogar las instrucciones generales. En el Partido Nacional es un tema que se está discutiendo a pesar de que son proclives a votar los artículos como vienen del Poder Ejecutivo.“Si tiene la firma del presidente nosotros lo votamos”, dijo un diputado blanco.
Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, el Partido Independiente y la oposición ya definieron que así como está redactado no acompañan la iniciativa del Poder Ejecutivo. Sin esos votos, el artículo no puede ser aprobado en la Cámara de Diputados.
Antecedentes
En la administración anterior, la por entonces oposición criticó al Poder Ejecutivo cuando quiso impulsar algunas resoluciones dentro del Consejo Honorario. A mediados de 2019, el gobierno encabezado por Tabaré Vázquez promovió una resolución general para los fiscales emitida el 13 de mayo que definió que los delitos de defraudación tributaria sean considerados de interés público para impedir el archivo de "expedientes concretos" de esa materia.
El gobierno quería hacer una salvedad a lo decretado por una instrucción anterior que establecía que todas aquellas causas sin avances significativos tras un año de investigación y en las que los indagados no tuvieran antecedentes penales ni hubieran cometido un ilícito que ameritara pena de cárcel, fueran clausuradas por los fiscales, según publicó Búsqueda en ese entonces.
La polémica que necesitó de varios encuentros para saldarse en el ámbito del Consejo Honorario de Instrucciones Generales se suscitó a raíz de los argumentos expuestos por Toma y Roballo.
Inés Guimaraens
Archivo. El exsenador colorado Pedro Bordaberry
Según el informe de Presidencia, el gobierno tenía identificados dos casos particulares –uno de ellos con "despliegue mediático"– que a su entender debían ser investigados y que de acuerdo a la última instrucción serían archivados. Uno de esos casos estaba vinculado con el dirigente blanco de Maldonado Rodrigo Blas.
La noticia despertó las críticas del entonces senador colorado Pedro Bordaberry, quien cuestionó en su cuenta de Twitter que no se debería "dejar en manos de decisión política del gobierno qué delito perseguir y qué no". El entonces diputado blanco Pablo Iturralde también cuestionó a Díaz en el Parlamento.
"¿El fiscal general cree que las instrucciones generales o las resoluciones que las modifiquen pueden dictarse a partir de casos concretos, puntuales, en los que hay imputados individualizados?”, le preguntó el legislador.
Entonces Díaz respondió que "el Poder Ejecutivo podrá tener sus argumentos, así como la Asociación de Fiscales, que votó en función de un mandato gremial que tenía el delegado, y el fiscal de Corte, lo hizo conforme a su conciencia”.
