La CIDH exhortó al Gobierno hondureño a reconocer los derechos de dos comunidades indígenas

En el informe preliminar se puede leer que "la Comisión lamenta la falta de avance en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en las sentencias de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz".

La Misión encabezada por la presidenta de la CIDH, la jamaiquina Margarette May Macaulay, realizó una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios de Honduras, para lo cual visitó Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, San Juan (norte) y La Esperanza (oeste).

En un comunicado de prensa, la CIDH informó que “las observaciones preliminares destacan aquellos desafíos y avances estructurales que tiene el país y que se relacionan con desigualdad y pobreza; salud; educación; violencia, con un impacto diferenciado en las mujeres; seguridad ciudadana; independencia del Poder Judicial; acceso a la justicia; y conflictos sociales, ambientales y agrarios”.

También -afirma el comunicado-, “se analizan problemáticas que afectan particularmente a grupos que se encuentran en situación histórica de discriminación y exclusión, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad LGBTI, personas mayores, en movilidad humana; defensoras; y privadas de libertad”.

El Estado de Honduras fue condenado en 2015 a reconocer los derechos de propiedad de las tierras de las comunidades garífunas de Punta Piedra, en el departamento de Colón (noreste) y Triunfo de la Cruz (norte).

La misión denunció "falta de diligencias respecto de la demarcación y titulación de los territorios y el saneamiento territorial" de esas comunidades.

Según los líderes comunitarios, el atraso se debe a la influencia de acaudalados empresarios que habían diseñado proyectos turísticos de gran envergadura en esos territorios paradisíacos de bosques latifoliados y playas blancas. 

Por su parte, el relator especial de la OEA Carlos Bernal Pulido se mostró sumamente preocupado por la información recopilada en relación con la muerte de defensores del medio ambiente y manifestó que, en un plazo de entre cuatro y seis meses, estarán brindando un informe completo.

El informe de la CIDH indica que Honduras continúa siendo el país más violento de Centroamérica y el tercero más inseguro en la región y considera “alarmantes” los altos índices de asesinatos de mujeres y femicidios, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos. En 2022, fueron asesinados 17 activistas.

Al respecto, Bernal Pulido dijo que habrá un análisis previo a las recomendaciones, pero apuntó a que todo lo que sucede respecto a las amenazas a derechos humanos es un problema estructural del país.

“Nosotros esperamos que podamos identificar la verdad de alguna manera, que haya justicia, reparación de los daños y no repetición, que es lo más difícil”, expresó Bernal Pulido a The Associated Press. Y añadió: “Como es un problema tan complejo, tenemos que pensar muy bien qué recomendar para hacer esas cosas posibles”.

“Deben sumarse el gobierno, la empresa, sociedad civil, comunidades; es una problemática sumamente compleja”, recalcó.

(Con información de agencias)