El Estado argentino ratificó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el reconocimiento de su responsabilidad por la violación de los derechos de las víctimas del atentado a la sede de la mutual judía AMIA ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de julio 1994, admisión que ya había realizado en el plano local en 2005 mediante un decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
"Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la AMIA y sus familiares", dijo Natalia D'Alessandro, titular de la unidad especial del Ministerio de Justicia que se encarga de esta causa.
En "el peor ataque terrorista contra la sociedad argentina", el Estado "no tomó las medidas adecuadas de protección a pesar del riesgo", afirmó la funcionaria. "También es responsable por la violación de los derechos al acceso a la información. Quienes estaban a cargo del poder público en ese momento tomaron la decisión de encubrir la verdad", añadió en referencia al gobierno del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), antes de afirmar que el reconocimiento "se extiende" desde 2005 "hasta hoy".
La declaración fue parte de los alegatos finales en el segundo y último día de la audiencia pública por este caso realizadas en Montevideo, en el marco del 153 período de sesiones de la CorteIDH que transcurrió esta semana en Uruguay.
El tribunal abordó la denuncia de la Asociación Civil Memoria Activa -compuesta por familiares de víctimas- y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que responsabilizan al Estado argentino de no haber prevenido y no haber investigado de manera adecuada el atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos.
Los demandantes apuntan a graves irregularidades por parte de los órganos estatales que dirigieron la investigación, la cual se desvió deliberadamente por más de ocho años.
Tras escuchar el reconocimiento, el juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CorteIDH, recordó que en la audiencia se invocaron como causa de las demoras en la investigación "corrupción, falta de independencia y falta de profesionalismo en las más altas esferas del Estado argentino", al tiempo que precisó que "debemos entender que esto está abarcado dentro del reconocimiento que se ha hecho".
Asimismo, en referencia a palabras de D'Alessandro, que pidió "una sentencia de vocación transformadora", el presidente de la CorteIDH destacó que el tribunal está actuando "porque el Estado argentino no ha resuelto la problemática vinculada con la investigación del atentado terrorista a lo largo de 28 años".
"Todos sabemos que una sentencia de la Corte va a demorar, pero creo que hay una cantidad de líneas de acción que no tienen que esperar una sentencia para activarse", señaló Pérez Manrique, quien instó al sistema judicial argentino a "generar hechos concretos". En el mismo sentido se manifestó la integrante de Memoria Activa Diana Wassner, quien declaró como testigo de los demandantes. "Realmente, es para nosotros alentador este reconocimiento, pero nos parecerá bien en el momento que se traduzca en acciones concretas".
El atentado, efectuado con un coche bomba, derrumbó completamente los ocho pisos de la sede de la AMIA, localizada en el popular barrio Once de la capital argentina, zona tradicional de la numerosa colectividad judía de Buenos Aires. En su momento, la justicia argentina determinó que los principales sospechosos del ataque son los gobernantes iraníes de aquel momento, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani.
Sin embargo, a 28 años del brutal atentado, no hay detenidos por el caso ni se han logrado esclarecer aún los motivos y los detalles del atentado luego de un juicio por el encubrimiento de la investigación que finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno de Menem (1989-99), pero sin determinar la razón del ocultamiento.
Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga casos que luego presenta ante la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados, tribunal con sede en San José de Costa Rica y cuyos fallos son definitivos e inapelables.
