El presidente Jorge Batlle durante la crisis de 2002.

Economía y Empresas > 20 años de la crisis

La debacle de 2002 que Uruguay no pudo esquivar

El contagio de la crisis argentina de 2001 encontró terreno fértil en Uruguay que acumulaba debilidades macroeconómicas y falencias en regulación y supervisión bancaria
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29 de julio de 2022 a las 05:02

Era enero de  2002, y en Uruguay comenzaba a gestar una de las peores crisis económica y social de los últimos tiempos. Ello en un contexto regional deteriorado que por la crisis asiática y rusa y con recesión y devaluación en Brasil, en 1999. Y en Argentina se arrastraba una debacle económica y política que había desembocado en una corrida bancaria y corralito (retención de depósitos) al empezar el verano.

El efecto contagio de esa crisis se fue extendiendo progresivamente a este lado del charco. Todo potenciado por problemas domésticos que acumulaba Uruguay y que quedaron aun más al descubierto. Había fuertes debilidades a nivel macroeconómico, y también dentro del sistema financiero, con falencias en regulación y supervisión de instituciones, entre ellas las que habían sido rescatadas por el Estado en distintos momentos de la década de 1980 y 1990.

La inestabilidad de Argentina  había favorecido durante 2001 el crecimiento de los depósitos de argentinos no residentes en la plaza uruguaya, considerada como una de las más confiables en la región.  Pero en un contexto marcado por las restricciones  y la desconfianza, esos ahorristas pronto comenzaron a retirar el dinero que tenían colocado en los bancos locales. Por ese entonces el 41% de los depósitos privados eran de no residentes (unos US$ 6.200 millones), y de ellos el 80% pertenecía a argentinos.

Ahorristas damnificados del Banco de Galicia en una marcha de protesta rechazando el plan de devolución de los depósitos.

El Banco Galicia —que concentraba la mayor parte de esos clientes— inicialmente no había tenido problemas para enfrentar retiros por US$ 400 millones, pero eso cambiaría el día que el Banco Central de Argentina (BCRA) prohibió a la casa matriz que asistiera a su filial uruguaya.

Por eso días también se conocieron otras noticias poco alentadoras. El 23 de enero la justicia argentina detuvo en Buenos Aires al vicepresidente ejecutivo del Banco Comercial, Carlos Rohm. Poco tiempo después se supo que el principal banco privado de plaza había sido estafado por sus accionistas minoritarios (Carlos y José Rohm). La Justicia estimó luego que habían realizado maniobras fraudulentas por US$ 600 millones. Los Rohm eran accionistas del Banco Comercial, junto a JP Morgan, Credit Suise/First Boston y Dresdner Bank Lateinamerikca, además ser quienes gestionaban directamente la institución.

Desconfianza generalizada

En Uruguay existía una deuda altamente dolarizada, creciente y concentrada en plazos cortos. El déficit fiscal era enorme, las exportaciones que se concentraban mayormente dentro de la región se  habían derrumbado, el desempleo trepaba y la recesión de la economía se agudizaba por la falta de competitividad.

El 13 de febrero el Banco Galicia fue suspendido e intervenido por el Banco Central (BCU). Por ese entonces, la desconfianza también había empezado lentamente a meterse entre los depositantes locales que pronto empezaron a realizar retiros masivos de dinero, primero en el Banco Comercial, y luego en otros bancos, incluso los que no tenían inconvenientes.

Casi en simultáneo, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s rebajó la nota de la deuda uruguaya y el país perdió el grado inversor que había conseguido en 1997. A esa lista se sumaría en marzo la agencia Fitch Ratings llevando la nota a grado especulativo. Era solo el inicio de una racha bajista para la calificación de la deuda soberana.

Los meses posteriores marcarían una corrida bancaria en todas las instituciones que pondrían al borde del colapso al sistema económico del país.  Las reservas del BCU habían caído a la mitad, desde US$ 3.464 millones en diciembre a US$ 1.760 millones en junio.

 “Con reservas internacionales en caída libre, el depositante del sistema percibe que la capacidad del Banco Central para actuar como prestamista de última instancia respaldando los depósitos en moneda extranjera está seriamente lesionada; la alternativa de una pesificación ‘a la argentina’ surgía como una posibilidad. Esa pérdida de disponibilidad de reservas internacionales también afectaba la capacidad del Estado para afrontar sus obligaciones; en consecuencia, empezaba a ponerse sobre la mesa la eventualidad de un incumplimiento en la deuda como el de Argentina”, señala el libro Una mirada al medio siglo de historia del Banco Central de Ariel Banda, Julio de Brun, Juan Andrés Moraes y Gabriel Oddone.

El mes de la devaluación

Tampoco había espalda para seguir manteniendo el dólar dentro de la banda de flotación (tenía un piso y un techo) como se había prometido desde el gobierno. La devaluación que se venía postergando fue un mojón de la crisis. En la mañana del jueves 20 de junio el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, anunció que Uruguay abandonaba el sistema de banda de flotación y pasaba a otro de libre tipo de cambio.

La medida, explicó Bensión ese día, obedeció a la necesidad de adaptarse a las “circunstancias de excepción” que vive el país por la situación en Argentina y Brasil, y para darle mayor competitividad a los exportadores.

Cuando abrieron los bancos (13 horas) el dólar saltó de $ 17 del día anterior a $ 23 y llegó a cotizar hasta en $ 27 para la venta en algunas pizarras de cambios privados. Incluso en casas cambiarias de la avenida 18 de julio en Montevideo se “limpiaron” las pizarras, y por un rato no hubo cotización. Al cierre de esa primer jornada se calmó  un poco y quedó a $ 21 para la venta en el BROU y a $ 23 en los cambios.

Pizarra de una casa de cambio con el dólar a $ 29 sobre finales de julio.

Esa noticia alimentó la desconfianza y llevó a nuevos descensos en depósitos, reservas y en los precio de los bonos.

El 21 de junio y tras agravarse los problemas de liquidez fueron intervenidos los bancos Montevideo y Caja Obrera, que eran propiedad de los hermanos Peirano Basso. En febrero, los accionistas de esos bancos le hicieron saber al presidente del BCU, César Rodríguez Battle, que el Banco Montevideo estaba socorriendo a una entidad financiera del Grupo Velox, el Trade and Commerce Bank (TCB), con sede en Islas Caimán. Más tarde, el BCU había informado al Ejecutivo que se habían descubierto desvíos de fondos de los bancos Montevideo y Caja Obrera hacia otros bancos del Grupo Velox, y se realizó la respectiva denuncia penal.

A esa altura del año los ahorristas ya habían retirado depósitos por unos US$ 5.400 millones, equivalentes al 40% del total existente a diciembre de 2001. El goteo de dólares seguiría hasta alcanzar un descenso de 50% en agosto.

Sale Bensión, entra Atchugarry

La crisis que había comenzado como un problema de contagio y confianza, y que continuó como un problema de liquidez, terminó afectando la solvencia de las instituciones financieras.

“Producto del abandono de la banda de flotación, quedó en evidencia el descalce de moneda de muchos deudores que, generando ingresos en moneda nacional, tomaron créditos en moneda extranjera, lo que produjo la imposibilidad de pago de los mismos, repercutiendo esto en un aumento de la morosidad de la cartera de las instituciones y por último en el patrimonio de la mismas”, explica el exsuperintendente de Servicios Financieros del BCU, Jorge Ottavianelli en un trabajo sobre la crisis financiera en Uruguay y los problemas del gobierno corporativo.

El país estaba con la soga al cuello, sin recursos para afrontar el pago de los depósitos y sus cuentas con proveedores estatales. La coyuntura tampoco contribuía para poder obtener fondos mediante emisiones de deuda y así recomponer reservas. Era el momento más dramático de la crisis.

El 22 de julio se dio la renuncia del ministro Bensión y del Directorio del BCU, presidido por Rodríguez Batlle. Bensión renunció por la falta de respaldo del Partido Nacional, que integraba con el Partido Colorado un gobierno de coalición.

Atchugarry junto al presidente del Banco Central Julio de Brun durante una conferencia de prensa en el Parlamento.

El día que cayó Bensión,  el presidente Jorge Batlle reunió a sus más íntimos colaboradores en la mañana, porque saldría sobre el mediodía a comunicar quién sería el nuevo ministro de Economía. Pero los candidatos desistieron: “Fue una reunión a la cual llegué como senador, convencido de que me iban a presentar al nuevo ministro”, recordó  Alejandro Atchugarry en una entrevista con El Observador en 2012

Eran las 12.45 y en 15 minutos los bancos abrían sus puertas, tras seis meses de corrida. Batlle se paró y dijo: “Bueno, voy a anunciar que no tengo ministro de Economía”. Atchugarry no lo permitió y aceptó convertirse en secretario de Estado, cargo que asumió el 25 de julio. En tanto, el economista Julio De Brun asumió como titular del Central.  Por esos días el riesgo país tocaría los 3.000 puntos.

El préstamo puente

En paralelo se sucedían reuniones en EEUU con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no quería asistir con dinero, y era partidario de que Uruguay se declarara en default. Esto suponía congelar los depósitos bancarios, control de cambios y la suspensión de pago de la deuda. Ante esa negativa, Batlle ordenó a sus funcionarios en Washington que plantearan el problema al secretario del Tesoro en EEUU, Paul O´Neill.

“El gobierno explora un préstamo puente de EEUU”, fue el título de tapa de El Observador el domingo 28 de julio.  El crédito solicitado a la administración del presidente, George W.Bush, serviría para poder pagar las cuentas corrientes y cajas de ahorro del sistema financiero e impedir la rotura de la cadena de pagos. Y no sería necesario un corralito generalizado, como ocurrió en Argentina. Hasta ese entonces la delegación uruguaya había negociado sin éxito en Washington, e incluso en dos ocasiones estuvo a punto de regresar a Montevideo con las manos vacías.

El feriado bancario y una luz de salida

El martes 30 de julio el presidente Batlle decretó un feriado bancario que se extendió por cinco días.  Asimismo, se suspendió por dos meses la actividad de Banco Montevideo y Caja Obrera, y por un mes la de los bancos Comercial y De Crédito. Estas cuatro instituciones privadas que eran insolventes no volvieron a abrir sus puertas y terminaron siendo liquidadas poco tiempo después. A esa altura del año también hubo saqueos en varios comercios y supermercados que fueron rápidamente controlados.

El feriado bancario fue el primero en dos décadas, desde el 26 de noviembre de 1982, cuando ocurrió la crisis de la tablita del dólar.  En el fin de semana del 3 y 4 de agosto el Parlamento aprobó la ley de Estabilidad del Sistema Bancario diseñada para salvar al menos una parte sustancial el sistema financiero, incluyendo la banca pública.

Por esa vía se creó un fondo para asistir a los bancos con problemas de liquidez y devolver depósitos de la banca pública (BROU y BHU), y de bancos con actividad suspendida. Además se reprogramaron a tres años los plazos fijos en dólares de los bancos públicos.

El lunes 5 de agosto volvieron a abrir solo los bancos que tenían patrimonio y liquidez suficiente. “Llegan US$ 1.500 millones y los bancos abren sus puertas”, fue el título de tapa de ese día en El Observador.  La estrategia fue clave para frenar la corrida bancaria que había comenzado hace siete meses y para poder empezar a recomponer de a poco la confianza en el sistema.

“We are fantastic”, dijo eufórico el presidente Batlle el 6 de agosto de 2002, en medio de una gran depresión anímica nacional, ante O’Neill, secretario del Tesoro de EEUU, quien visitaba Uruguay en señal de respaldo y como mensaje al FMI para que apurara su asistencia. También hubo otro acuerdo con el Banco Mundial (BM) y las cosas se empezaron a encaminar a partir de enero de 2003.

En la semana del 5 al 9 de agosto los retiros bancarios sumaron US$ 285 millones, según reseñó Claudio Paolillo en su libro Con los días contados.

La sangría luego disminuyó y se revirtió a principios de setiembre, cuando el saldo fue una ganancia de depósitos de US$ 9 millones.

En los años siguientes hubo reformas en varios frentes, y también se dejó de lado la costumbre de que el Estado salvara a instituciones insolventes como había ocurrido años antes.

*Este artículo forma parte de la edición especial “20 años de la crisis de 2002”

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