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La Fiscalía peruana denunció ante el Congreso al presidente Castillo por supuesta corrupción
La fiscal general del Perú, Patricia Benavides, denunció ante el Congreso al presidente Pedro Castillo como supuesto líder de una “organización criminal” dedicada al tráfico de influencias para hacer concesiones de obra pública.
La denominada “denuncia constitucional” busca, en caso de obtener los votos necesarios —la mitad del Senado—, la destitución por vía judicial del presidente, sometido a continuas denuncias desde que asumió hace poco más de un año.
La denuncia se sustenta en el “descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales", indicó la Fiscalía en Twitter.
Actualmente Castillo afronta junto a su esposa Lilia Paredes seis investigaciones fiscales, todo un récord para un presidente en ejercicio en el país sudamericano, por presuntamente liderar una red que otorga licitaciones de obras públicas de forma fraudulenta.
La nueva denuncia presentada el martes contra el presidente peruano se produjo luego de que la fiscalía ordenara la detención de un empresario y varios exasesores de Castillo también supuestamente involucrados en las maniobras.
En Perú los presidentes gozan de fueros que les da inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales.
De ahí la relevancia de la actual denuncia constitucional, un procedimiento especial que se aplica sólo para altos funcionarios del Estado con fueros, como el presidente y los congresistas.
La denuncia constitucional permite determinar si estos han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.
Una vez formulada la acusación por esta vía requiere del voto de más de la mitad de los congresistas y de ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
Castillo ha defendido su inocencia y la de sus allegados, y atribuye las investigaciones a una conspiración para quitarle el poder.
La orden afecta a seis miembros del círculo cercano del mandatario, entre los que se encuentran uno de sus hombres de confianza, Alejandro Sánchez, su exjefe de asesores Salatiel Marrufo, y Biberto Castillo, supuesto miembro del "gabinete en la sombra".
Además, el Ministerio Público, con el apoyo de un grupo especial de la policía, allanó la vivienda de una hermana de Castillo y las oficinas y residencias de seis parlamentarios del partido centrista Acción Popular (AP).
Apodados "Los Niños" por medios locales y la oposición, estos congresistas han sido señalados por supuestamente organizar actividades ilícitas con el presidente a cambio de respaldar al gobierno con sus votos.
La decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de acusar formalmente al presidente Pedro Castillo supone un paso más en un cerco judicial por supuestas prácticas corruptas que amenaza su permanencia en el cargo para el que fue elegido hace poco más de un año.
La acusación que ya está en el Congreso deberá ahora atravesar un proceso de trámites hasta llegar a debatirse en el pleno de este organismo. Por el momento, tendrá que ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento que, de determinar su procedencia, pasará a la Comisión Permanente.
El mandatario ya ha sobrevivido a dos intentos de remoción y sus rivales en el Congreso se encuentran con una nueva oportunidad de librarse de este ex líder sindical del gremio de los maestros que ganó como opción de izquierda frente a la candidata derechista Keiko Fujimori, también sometida a procesos judiciales.
Hasta el momento, el presidente Castillo tiene hasta seis investigaciones de la Fiscalía pendientes por supuestos casos de corrupción y uno de plagio de su tesis doctoral.
La fiscal Benavidez denunció una "constante y feroz obstrucción a la Justicia desplegada por la presunta organización criminal, aprovechando todo el poder que les da el estar en el Gobierno".
La denuncia de Benavides sostiene que Castillo cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto Puente Tarata III y en la compra de biodiésel B100 por parte de la empresa estatal Petroperú, así como los de colusión agravada y tráfico de influencias con la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de esta compañía.
