La gestión del FA en tres áreas sociales clave: entre reformas, presupuesto y metas incumplidas

“Los gobernantes deberíamos ser obligados a llenar todas las mañanas planas como en la escuela escribiendo 100 veces ‘Debo ocuparme de la educación’”, dijo el expresidente José Mujica, en el comentado discurso que pronunció al asumir su mandato, el 1° de marzo de 2010, ante el Parlamento.

La izquierda llegó al poder con la responsabilidad de cumplir con ese deber. Ese deseo estuvo impregnado en el discurso y accionar de los que por estos días se despiden del término “oficialistas”. En 2008, durante su primer período, el Frente elaboró y aprobó la Ley General de Educación. En este último quinquenio estuvo sobre la mesa la promesa de Tabaré Vázquez: cambiar el ADN de la educación. 

En la era progresista hubo avances y es ejemplo de eso el proyecto de inclusión digital alabado por propios y ajenos: el Plan Ceibal. En este impulso innovador llegó la Red Global de Aprendizajes, otra herramienta –también destacada por opositores– que pone al alumno en el centro del proceso educativo y lo incentiva, mediante proyectos, para que ir a clases no sea una obligación aburrida.

Pero después de tres quinquenios de gobierno y a pesar de que bajo las administraciones frenteamplistas se invirtió más que nunca, la educación es considerada por los uruguayos como el problema más importante después de la inseguridad y la situación económica, según una encuesta de la consultora Cifra de 2018. 

Si bien los indicadores en la materia mejoraron –las tasas de egreso aumentaron, en bachillerato se pasó de 32,2% en 2006 a 42,7% en 2018, la cobertura avanzó, el salario docente promedio creció 61% acumulado entre el 2003 y el 2018 y el gasto en educación pasó al 5,09% en 2018–, hay tres flagelos fundamentales que el sistema educativo uruguayo no logró revertir: la tasa de egreso en bachillerato está muy por debajo del promedio en América Latina, no han habido cambios significativos en cuanto a los aprendizajes y la brecha entre pobres y ricos continúa.
 
En lo que refiere al bachillerato, luego de Guatemala, Honduras y Nicaragua, Uruguay es el país con menos tasa de egreso en toda América Latina y el Caribe. Solo el 35,9% de los jóvenes de 19 años terminó Secundaria.

La inequidad, en tanto, se refleja en los datos de egreso –en el quintil de más bajos ingresos solo 1 de cada 10 egresa de Secundaria– así como en los de aprendizajes. 

El Frente Amplio también sumó sus manchas en el terreno político. Luego de tres meses de conflicto con los sindicatos por el presupuesto, en agosto de 2015 Vázquez decretó la esencialidad de la educación, algo impensado para un gobierno de izquierda. Los docentes no acataron el decreto y tuvieron el respaldo del PIT-CNT, que incluso realizó un paro de cuatro horas en protesta contra la esencialidad. Fernando Pereira, presidente de la central obrera, declaró que estaba "muy dolido" por la medida del Poder Ejecutivo.

“Héroe sanitario”

La reforma del sistema de salud fue una de las banderas que el Frente Amplio ondeó con mayor orgullo en los 15 años que fue gobierno. 

En su primera administración, el oncólogo Tabaré Vázquez se embarcó en la titánica tarea de crear el SNIS y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para asegurar el acceso universal a la cobertura, descentralizar la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud Pública. 

Los cambios acordados en el modelo de financiamiento, en el esquema de gestión y en la estructura de la atención fueron el resultado de dos años de negociaciones entre los partidos políticos, las instituciones médicas y los trabajadores. Con los tres pilares de la reforma erigidos –las leyes 18.161, 18.131 y 18.211–, el nuevo sistema se puso a prueba el 1° de enero de 2008. 

La mayoría de los uruguayos aguardaba las modificaciones anunciadas. Según un documento elaborado por el MSP en 2009, en la salud había “dos subsistemas fragmentados y sin conexión entre ellos e inequitativos en su acceso”. 

Puede que ese sea uno de los motivos por los que, a seis meses de implementada la reforma, más de la mitad de la ciudadanía (56%) percibía que la atención había mejorado con la coalición de izquierda en el poder, según una encuesta elaborada por la consultora Cifra a pedido del MSP.  

En la última década hubo varios logros. La tasa de mortalidad infantil bajó a la mitad. De forma sostenida descendió la cantidad de embarazos adolescentes. Se incorporaron los medicamentos de alto precio al Fondo Nacional de Recursos. Con el paso de los años, cerca de 2.500.000 accedieron a la cobertura del Fonasa. 

Y aunque la oposición cuestionó cómo se hicieron las modificaciones, la sostenibilidad del sistema, la corrupción en ASSE, la calidad asistencial y otros indicadores, en la campaña electoral de 2019 ningún candidato se propuso la reformulación del sistema, sino que hicieron hincapié en la necesidad de enderezar y acelerar el paso por el camino trazado por el Frente Amplio. 

La sostenibilidad del sistema es uno de los temas que más preocupa a los entendidos. El Fonasa se nutre de los aportes de las empresas y los trabajadores, en proporción a su salario, y para cubrir la diferencia entre los ingresos y egresos el Estado destina dinero de Rentas Generales. En 2017, los aportes estatales correspondieron al 27,5% del total. 

Aunque los referentes del FA argumentan que la subvención es una decisión política, economistas han advertido sobre el riesgo potencial de que el “déficit” del Fonasa se expanda. 

Potenciar el rol fiscalizador del MSP también quedó en el debe. La falta de controles se evidenció en todo el sistema, pero la corrupción en ASSE probada por la Justicia fue una de las grandes espinas de las administraciones frenteamplistas. 

Los tiempos de espera para acceder a un especialista, la falta de profesionales en el interior y una complementación de servicios inferior a la proyectada son otras de las fallas de la reforma emprendida por el presidente Vázquez, quien a los ojos de la Organización Mundial de la Salud es un “héroe sanitario”. 

Los asentamientos y un plan fallido

Entre 2005 y 2008 el Frente Amplio reorganizó todo el sistema de vivienda. El Banco Hipotecario del Uruguay volvió a otorgar préstamos a la clase media y se creó la Agencia Nacional de Vivienda. Sin embargo, la población siguió pensando que el ministerio desarrolla programas dirigidos a la clase baja, ya que ese fue su público objetivo desde su creación en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995).  

“La política de vivienda debe y tiene una vocación de universalidad, como la educativa y la salud”, dijo Salvador Schelotto, director de Vivienda.

A pesar de ese objetivo, reconoció que el rediseño del sistema público de vivienda no se visualizó como “el núcleo de la transformación”, ya que durante los 15 años de gobiernos de izquierda se asoció a la vivienda con la erradicación de asentamientos y el realojo de las familias que viven allí.

Según datos del Mvotma, en 2006 había en todo Uruguay 672 asentamientos y el periodo cierra con 607 asentamientos.

La leve disminución se explica por la aparición de nuevos asentamientos. Por eso, desde 2011 empezó a medirse la creación de nuevos asentamientos, a cinco años de la creación del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). 

Surgieron 45 y fueron regularizados y realojados 42, según datos que maneja la cartera, el 98% de las nuevas construcciones están en el área metropolitana, especialmente en Las Piedras, Progreso, Toledo, San Luis y Ciudad de la Costa.

“El proceso de realojo del asentamiento, que tiene una precariedad de papeles y también habitacional, lleva 8 años encarado de la forma en que la política del gobierno del FA lo llevó adelante. No es solo provisión de vivienda, generalmente hay una simplificación. La solución de la problemática del asentamiento precario no es solamente aportar a esas familias nuevas viviendas”, explicó Schelotto.

Las Duranas, 25 de agosto, Joanicó, José Batlle y Ordoñez, Isla de Gaspar, Las Láminas y San Antonio entre otros históricos, fueron los asentamientos que dejaron de existir durante los gobiernos del FA.

La solución de la que habla Schelotto implica urbanización, construcción de calles, servicio de agua potable, saneamiento, energía eléctrica y otros intangibles como acceso al mercado laboral y a la educación.

Juntos

El Plan Juntos, creado en el gobierno de José Mujica, culminará este período de gobierno con 2.800 viviendas construidas que impactan en cerca de 10 mil uruguayos, según datos del gobierno.

Fue una de las políticas más promocionadas por el segundo presidente de izquierda, y fue presentada como la política habitacional que daría una vivienda a las familias más carenciadas.

Sin embargo, no logró los resultados anunciados. El gobierno había prometido llegar a la construcción de 10 mil viviendas en 2012. A mediados de 2014, el gobierno informó que la falta de compromiso de los militantes del FA y mano de obra voluntaria fueron un obstáculo para multiplicar las obras en el país.

El plan pasó de la órbita de Presidencia al Ministerio de Vivienda en 2016 y el año anterior dejó de recibir los aportes de su impulsor, ya que Mujica donó buena parte de su salario como presidente para este plan. “Fue una muy buena decisión que pasara al Ministerio”, explicó Schelotto, ya que en su opinión dio “la oportunidad de una consolidación”.

“Arrancó como algo muy voluntarista y experimental y terminó con una gran capacidad de ejecución y producción”, afirmó.
 

Producción: Rosina De Armas, Agustín Herrero y Victoria Mujica