La inseguridad es el tema dominante en el cierre de las campañas electorales ecuatorianas

Alterada por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio hace nueve días, sus seguidores cerraron la campaña con una misa campal en el centro financiero de Quito.

Bajo extremas medidas de seguridad que incluyeron francotiradores situados en los edificios cercanos y rodeado de custodios armados en el palco, el periodista Christian Zurita ratificó su decisión de asumir la candidatura en reemplazo de su colega por el movimiento Construye.

Sin quitarse un minuto el casco y el chaleco antibalas, Zurita aseguró que lo hizo "por cumplir con lo ético y porque jamás silencien la voz de un luchador".

"Acepto este enorme reto de conducir este país tan complejo, bajo un corazón abierto y transparente, libre de corrupción. Confíen y crean que es posible. Fernando estaría orgulloso", señaló Zurita, quien acompañó a Villavicencio en sus denuncias contra el expresidente Rafael Correa, por las cuales ganó visibilidad.

El crimen de Villavicencio, acribillado el 9 de agosto por presuntos sicarios colombianos a la salida de un mitin, ha marcado este proceso electoral y ha obligado a extremar las medidas de seguridad de los candidatos, al punto que muchos solo han hecho actos públicos el último día de campaña y siempre protegidos con chalecos antibalas.

El candidato y exparlamentario Daniel Noboa denunció este jueves haber sido víctima de un nuevo presunto atentado ante un tiroteo registrado mientras realizaba una caravana por Durán, un municipio del área metropolitana de Guayaquil que está considerado como una de las zonas de mayor criminalidad del país.

Al suscitarse los disparos, la caravana abandonó la zona para poner a buen recaudo a Noboa, pero tanto la Policía como el ministro del Interior, Juan Zapata, descartaron que el suceso se tratase de un ataque al candidato.

Mientras, el resto de candidatos aprovechó el último día de campaña para enfatizar sus promesas en seguridad, prácticamente el único tema de discusión sobre la mesa incluso antes de que fuese asesinado Villavicencio.

Estas elecciones se celebran en medio de la peor crisis de seguridad de la historia de Ecuador, que pasó en cinco años de una tasa de 5,8 a 25,62 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, su cifra más alta.

La candidata Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC) que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), cerró su campaña en Guayaquil, el principal puerto de Ecuador y, por ende, una de las ciudades más convulsionadas por esta crisis dada la guerra desatada entre bandas rivales por el control del narcotráfico y de los envíos de cocaína que se hacen a través del transporte marítimo.

Rodeada de una muchedumbre, la exasambleísta reivindicó la gestión de Correa al recordar que durante su mandato el país tenía estabilidad y era seguro, alejado de la ola de crímenes que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico.

González aparecía como principal favorita en las encuestas previas al crimen Villavicencio, que se la seguía la distancia, y según los últimos sondeos se mantendría en esa posición.

Poco antes, también en Guayaquil, el exlegionario y empresario experto en seguridad Jan Topic pidió el voto para "recuperar el país" que, dice, está "enfrascado en la inseguridad y el desempleo".

El candidato, al que lo han apodado como el 'Bukele ecuatoriano' por su promesa de enfrentar con "mano dura" el crimen organizado, pidió al país que piensen "qué Ecuador le van a dejar sus hijos".

A su vez, también en Guayaquil, el exvicepresidente Otto Sonnenhozlner aseguró que tiene un "proyecto de país" para "devolver la paz" a Ecuador, y como medida urgente afirmó que reforzará a la Policía, que actualmente "está abandonada".

"A esos delincuentes los espera un hoyo oscuro donde van a cumplir una pena de verdad porque si no hay justicia, jamás habrá paz", mencionó.

En la mañana, el indígena izquierdista y ambientalista Yaku Pérez firmó en lo alto del Panecillo, la colina más icónica de Quito, un simbólico decreto que sería el primero si gana las elecciones, donde declara la seguridad como prioridad nacional y dispone que las cárceles sean controladas por la Policía y las Fuerzas Armadas.

En total son ocho los candidatos a suceder al actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, y completar su periodo 2021-2025, interrumpido después de que invocase en mayo el mecanismo constitucional de la "muerte cruzada", con el que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) que dominaba la oposición, cuando se disponía a votar su destitución.

(Con información de agencias)