El recorte de inversión directa que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definió para los entes públicos para recomponer el déficit fiscal obliga al diseño de nuevas fórmulas e instrumentos financieros con capital privado, alternativa que seguramente provoque "cierto rezago" en los plazos de ejecución de esas obras en el caso de UTE, alertaron fuentes oficiales a El Observador.
Cuando el ente energético elaboró su programa financiero para el período 2015-2019 proyectó inversiones por US$ 2.300 millones. Sin embargo, pocos días después llegó el primer choque con los jerarcas del equipo económico. Las autoridades del MEF fijaron un tope anual de inversión que no podía superar el promedio de lo destinado en los últimos dos períodos de gobierno. Así, el ente quedaba habilitado para invertir con fondos propios unos US$ 250 millones anuales, lo que arrojaba US$ 1.250 millones al final de quinquenio. La brecha de más de US$ 1.000 millones de alguna manera debía saldarse.
En UTE intentaron en varias reuniones de trabajo con Economía preservar el nivel de inversiones porque varios proyectos programados no se podían postergar, como el tendido de nuevas líneas de transmisión en la zona norte del país. El tema terminó por zanjarse cuando el presidente Tabaré Vázquez anunció hace un par de semanas un plan de inversión pública récord de unos US$ 12 mil millones para el próximo quinquenio, de los cuales el 66% se financiaría con fondos públicos y el restante 34% con capital privado.
En UTE, la presentación del mandatario establecía un desembolso de US$ 1.370 millones. En ese caso, el ente logró obtener unos US$ 120 millones adicionales respecto al tope que originalmente le había fijado el MEF.
De todas formas, según supo El Observador, esos fondos extras podrán utilizarse en caso de que UTE logre "ingresos extraordinarios, genuinos". Por ejemplo, multas que eventualmente se puedan cobrar por incumplimientos de contratos –como el caso de la planta a ciclo combinado que está construyendo con un notorio rezago la coreana Hyundai, o contratos incumplidos de proyectos eólicos–, o la venta de propiedades en poder de la empresa.
A ese monto, hay que sumarle unos US$ 460 millones que se proyectan obtener por PPP (participación público privada), leasing o fideicomisos para líneas de transmisión de UTE. En total, el gobierno prevé invertir en energía unos US$ 4.230 millones en el quinquenio, por encima de los US$ 3.748 millones del período 2010-2014.
Las fuentes explicaron que para las obras que UTE no ejecutará directamente se apuesta a diseñar y apelar a alguno de esos instrumentos con privados para poder cumplir con los planes previstos, aunque también tiene su punto débil. "Todo esto no es tan rápido como si invirtiera UTE directamente. Por lo tanto, esas inversiones van a demorar más de lo que estaba previsto", alertaron las fuentes.
Un número importante de líneas de alta transmisión en la zona norte del país quedaron para realizarse con alguna alternativa privada. Una de las vías es apelar a un leasing. Eso permite que un privado se encargue de pagar toda la obra y UTE abonaría una cuota anual por su uso por un determinado período de tiempo (15 o 20 años).
Mejorar el déficit
El déficit fiscal cerró en el los últimos 12 meses a junio en 3,5% del PIB. Por ese motivo, una de las metas que rápidamente anunció el equipo económico a poco de asumir fue la de llevar el rojo de las cuentas públicas a 2,5% del PIB al final del período de gobierno, en 2019.
Por eso, los jerarcas del MEF esperan que se eleve el aporte de las empresas públicas a la caja del Estado en US$ 600 millones anuales, para llegar de 2,3 puntos del PIB a 3,3 puntos en 2019. Durante el último período de gobierno de José Mujica, el aporte a Rentas de los entes se redujo 50% respecto a la primera administración de Tabaré Vázquez.
Las fuentes explicaron que para mejorar el superávit de las empresas públicas es necesario que los ingresos cubran todos los gastos, inversiones y pago de impuestos. En caso de que un ente tenga un resultado negativo o por debajo de las proyecciones, la única vía posible para mejorar su desempeño es recortar gastos o inversiones. La otra alternativa sería elevar los ingresos, pero eso supondría ajustes de tarifas (combustibles, energía eléctrica, telefonía), hecho que podría comprometer aún más el control de la inflación, que hoy se ubica por encima del 9%.
El aporte a Rentas
El compromiso que cerró UTE con el gobierno con las transferencias a Rentas Generales –que abarca impuestos y resultados– se fijó en unos US$ 600 millones para el ejercicio 2015, incluidos unos US$ 78 de utilidades. Para 2016, se estima que el aporte llegue a unos US$ 615, adelantaron las fuentes a El Observador.