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El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a las 32 toneladas de oro

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La Justicia británica decidirá sobre las 32 toneladas de oro atesoradas en Londres

Finalizadas las exposiciones de los abogados del Estado venezolano y del autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, la Alta Corte de Londres decidirá a quién les da acceso a las reservas del Banco Central de Venezuela.

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18 de julio de 2022 a las 12:43

La justicia británica escuchó hoy los argumentos finales de los representantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del autoproclamado "presidente encargado" del país, antes de decidir si considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por este último, dándole acceso a 32 toneladas de oro depositadas en Londres.

La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, que desde el miércoles escuchó argumentos y testigos de ambas partes, abrió la última sesión afirmando que hará "todo lo posible" para decidir con relativa rapidez.

Las autoridades de Caracas, que en 2020 aseguraron necesitar los fondos urgentemente para hacer frente a la pandemia de coronavirus, sostienen ahora que la justicia ni debe precipitarse ni tomar decisiones apresuradas.

"No se trata de un juicio sobre todo el sistema judicial venezolano, sino solo sobre cinco decisiones", argumentó en su alegato Richard Lissack, abogado del gobierno de Venezuela.

Sin embargo, Andrew Fulton, abogado de la junta directiva del BCV nombrada por Guaidó, pidió a la magistrada que se pronuncie lo antes posible para que los bienes "no permanezcan en el limbo más tiempo de lo necesario".

El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a las 32 toneladas de oro, valuadas en unos US$ 1.500 millones y custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra, que ofrece este servicio a múltiples países.

En julio de 2019, Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela con el explícito apoyo de Estados Unidos y reconocido luego como tal por medio centenar de países, entre ellos el Reino Unido, nombró una junta directiva ad hoc en el BCV.

Esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva del BCV designada por el gobierno de Maduro, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.

Como diputado y presidente de la Asamblea Nacional mayoritariamente opositora que surgió de las elecciones de 2015,  Guaidó nombró con la aprobación del cuerpo a nuevos directivos al frente del BCV, que fueron inmediatamente invalidados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.

La justicia británica decidió en diciembre pasado que reconoce efectivamente a Guaidó como legítimo y único representante de Venezuela en sintonía con la decisión del Ejecutivo británico. Sin embargo, la Corte Suprema ordenó analizar si la decisión judicial venezolana invalida los nombramientos de Guaidó en la dirección del BCV.

Si la justicia británica considera que la junta del banco central designada por Guaidó es legítima, esta tendría el control del oro. “En ese caso, los fondos se perderían para el pueblo venezolano", argumentó Lissack ante la jueza Cockerill. Sin embargo, la decisión de la jueza es susceptible de ser apelada, como lo han sido las múltiples resoluciones emitidas por la justicia británica en este caso desde hace más de dos años.

El litigio se originó cuando la junta directiva del BCV presidida por Ortega demandó al Banco de Inglaterra para que le entregase el oro, que llevaba meses intentado recuperar sin éxito. Y aunque la justicia británica la reconociese como la representante legítima de la entidad, esa parte inicial del juicio podría seguir adelante prolongando un ya muy largo proceso.

El abogado inglés de la junta presidida por Ortega, Richard Lissack, reiteró que "la junta de Guaidó no es una junta funcional " y argumentó que “sus miembros, todos en el exilio, no viven en Venezuela ni participan de las acciones de la institución”.

Por su lado, Fulton intentó durante el juicio demostrar la total "falta de imparcialidad" del TSJ, con “jueces favorables al poder o presionados por él”, en un intento por convertir el caso en un proceso sobre la legitimidad del sistema judicial venezolano y del gobierno de Maduro en general.

El gobierno de Maduro, en tanto, llamó como testigos a Francisco Carrasquero López, exvicepresidente de la sala constitucional del TSJ, quien negó injerencias del Ejecutivo en el sistema judicial; y a Enrique Parody, secretario de la sala plenaria de ese tribunal, que defendió la "autonomía judicial" en Venezuela. También Ortega viajó a Londres, pero su participación en el juicio fue limitada por la jueza a un testimonio escrito.

Fulton, por su parte, presentó los testimonios de Manuel Rodríguez Armesto y Ricardo Villasmil, actual y previo presidentes de la junta del BCV nombrada por Guaidó, así como de Enrique Sánchez Falcón, "procurador especial" también designado por la oposición a Maduro.

Se apoyó así mismo en informes de varios organismos de la ONU y diversas oenegés sobre las acciones del gobierno venezolano, entre las que denunció amenazas y "presiones, incluidas sanciones y hostigamiento, contra jueces y fiscales". "Este caso no es un juicio al régimen de Maduro. Lo que aquí se evalúa es el reconocimiento de decisiones de un tribunal extranjero”, insistió Lissack en su argumentación final.

AFP | BBC | Euronews

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