Si bien su método de comunicación llano le permite tener una llegada masiva a la población, la descoordinación termina por hacer más lenta e ineficaz a la gestión.
Ese avance a los tumbos, que a veces se convierte en inacción, ha derivado en ocasiones en el fracaso de políticas clave. En otros, generó efectos contrarios a los buscados. No hay interlocutores claros y cada cual elige con quien negociar del Poder Ejecutivo.
Ejemplos hay varios y no solo con Aratirí.
Esta semana se dio uno muy evidente que amenaza con romper la idílica relación del gobierno central con los intendentes. Hasta ahora ese vínculo era directo entre el presidente –a través del prosecretario Diego Cánepa– y los jefes comunales. Pero la definición de las partidas extra para recuperar la caminería rural, tras las lluvias de febrero, la tomó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) –sin conocimiento del presidente, según le dijo Cánepa a los intendentes– y priorizó a las comunas frenteamplistas. Según la OPP, esto se hizo así por razones técnicas. Pero más allá de eso, lo cierto es que ahora Mujica se reunirá el lunes con los intendentes, según informó El País, para dar marcha atrás o al menos modificar la decisión inicial de la OPP.
Hay otro ejemplo reciente.
Semanas atrás, el mandatario se fue a reunir al Palacio Piria con los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia para transmitir que no estaba dispuesto a pagar una deuda por aumentos de sueldo dados a magistrados por una ley que, en realidad, buscó incrementar el salario de los ministros de Estado. Esa norma fue pedida por Mujica, pero la compleja ingeniería de gestión del gobierno de la coalición de izquierdas terminó por sancionar un texto con doble filo.
Aratirí
El proceso de negociación para la firma del contrato con la empresa de origen indio Zamin Ferrous (Aratirí) está envuelta en parte de esa forma de trabajar, y vuelve a demostrar los efectos del entrevero de Mujica.
La minera pretende extraer 18 millones de toneladas de hierro por año, durante dos decenios, en predios ubicados en los departamentos de Treinta y Tres, Durazno y Florida. El Parlamento actualizó las reglas con la aprobación en 2013 de una ley de minería de gran porte. Allí se establecen las líneas específicas para dar permisos a este tipo de empresas. El marco parece claro, pero el tema es muy sensible. De todos modos, el interminable ciclo de conversaciones, idas y venidas, marchas y contramarchas, han dilatado la resolución del tema.
Entre la empresa y el gobierno hay varios filtros. Del Poder Ejecutivo participan al menos siete organismos y más de una decena de interlocutores. La firma extranjera se maneja con un grupo de voceros con base en Montevideo y se apoya en el estudio local Posadas, Posadas & Vecino. El gobierno presenta negociadores que van desde el presidente Mujica a técnicos de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige). En Presidencia, además, aparecen con mayor o menor participación, el prosecretario Diego Cánepa y el asesor en asuntos económicos Padro Buonomo.
Los negociadores centrales del Poder Ejecutivo son el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y su subsecretario Edgardo Ortuño. Esos dos jerarcas son muy respetados y valorados por los empresarios. Son vistos como responsables, formados, ordenados y capaces. Sin embargo, los inconvenientes aparecen en el dejar hacer de Mujica a más protagonistas.
A Kreimerman y Ortuño se suman Pablo Genta, subsecretario de Transporte y Obras Públicas (MTOP); la subsecretaria de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Raquel Lejtreger; el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Mario Bergara; y alguno más.
El camino para llegar a acordar un asunto es largo y complicado. Aratirí llegó a Uruguay en 2007, pero su proyecto empezó a tomar fuerza a partir de 2010, cuando tramitó permisos para realizar exploraciones en la zona de Valentines (Treinta y Tres). Luego, en 2011, entregó su proyecto de impacto ambiental a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que depende del Mvotma, pero tiene independencia técnica. Ese organismo es otro de los interlocutores en el medio de la negociación.
El Observador intentó, en base a consultas con involucrados en la negociación, saber por qué motivo no se ha firmado el contrato que permita comenzar con la extracción de concentrado de hierro, cuando el presidente Mujica y otros voceros de primera línea del gobierno anuncian que hay acuerdo, e incluso arriesgaron fechas para estampar la firma.
No existe una respuesta clara o un motivo central por el cual se haya postergado tantas veces el acuerdo. La razón más importante es la forma de negociación entreverada que a todo lo hace lento.
Cuando todo parece arreglado, surge la inquietud de alguno de los jerarcas involucrados. Y ahí hay que salir a buscar a la oveja descarriada.
Según cuentan los negociadores, el asunto impositivo también se coló en las conversaciones, y aunque no prosperó, alguna propuesta de última hora amenazó con cambiar lo que dice la ley.
El director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, se metió en más de una reunión a plantear más tributos a lo ya decidido, que representa para las arcas del Estado cerca de 50% de las ganancias. No tuvo suerte.
“Cuanto más pluralista son los sistemas políticos menos lineal, jerárquico y ordenado es el proceso de toma de decisiones. Los gobernantes difícilmente se puedan ajustar a una hoja de ruta predefinida. El uruguayo, desde siempre, ha sido un sistema político pluralista. La debilidad del liderazgo presidencial en este segundo gobierno del Frente Amplio lo vuelve al proceso decisorio todavía menos prolijo. La campaña electoral, para colmo, torna a todos los gobernantes más sensibles a las demandas de los grupos”, dijo a El Observador el doctor en ciencia política, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Adolfo Garcé.
Todos, sin embargo, no son palos en la rueda. Existen algunos elementos objetivos que estiraron la firma del contrato.
Fuentes de la negociación explicaron a El Observador que el ministro Bergara (MEF) pidió un tiempo para estudiar el tema luego de asumir en la última semana de diciembre de 2013, tras la renuncia de Fernando Lorenzo por el escándalo judicial de Pluna. Ello, sumado al ritmo cansino del verano y las licencias en temporada estival, contribuyeron a estirar la resolución.
Otro elemento que postergó el acuerdo fue el cambio del lugar de construcción del puerto de aguas profundas en Rocha, donde Aratirí piensa ocupar un espacio para despachar su producción a los mercados del exterior. En un principio se había elegido un tramo sobre la costa de ese departamento esteño llamado La Angostura. En base a esa definición la empresa extranjera realizó sus cálculos y trazó el recorrido del minerroducto para transportar el hierro desde Valentines al puerto. Pero luego el Poder Ejecutivo determinó por decreto que el sitio sería otro, también en Rocha, pero a 19 kilómetros de La Paloma, en la zona conocida como “entre cabos”, con base en el balneario El Palenque.
El puerto aparece también en la lista de cosas a definir en la negociación. El gobierno y la empresa deben ponerse de acuerdo quién construirá el espacio de Aratirí en la terminal. Está claro que la minera tendrá un lugar en el puerto, pero existen dos posibilidades para adjudicarlo. La primera es que el Poder Ejecutivo lo construya y cobre un canon por el uso, por medio de un contrato a largo plazo. La segunda opción es que Aratirí lo haga y descuente la inversión con sus operaciones.
Por negociar
Aunque los negociadores marcan como la dificultad mayor lo complicado del intercambio, existen aspectos todavía a definir antes de firmar el contrato. El plan de cierre de la empresa es uno, junto con las garantías a presentar.
Cuando Aratirí entregó su proyecto en 2011, la ley de minería de gran porte todavía no se había aprobado. La nueva legislación establece los objetivos del plan de cierre, pero no las herramientas para cumplirlos.
Por ello, el Poder Ejecutivo trabaja en un decreto para determinar de qué forma las empresas mineras tienen que realizar esas obras. La firma india había propuesto llenar con agua de lluvia las cinco minas, que tendrán una profundidad de 200 a 380 metros, tarea que llevaría 80 años.
Las garantías, en tanto, están relacionadas a ese plan, y también al monto total de inversión. Aratirí deberá depositar decenas de millones de dólares para cumplir con esa exigencia, pero el dinero exacto se determina cuando ambas partes acuerdan cuánto es la inversión total, tanto del complejo minero como del plan de cierre.
