La ONU reclamó una “investigación independiente” para esclarecer un doble homicidio en Honduras

El doble homicidio se produjo en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, cuando la víctimas iban en una motocicleta, según denunció el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), espacio creado en 2015 para defender los derechos locales, el derecho al agua y el Parque Nacional Carlos Escaleras, reserva natural en la que el gobierno y la empresa Inversiones Pinares procuran avanzar con el proyecto.

“Es vital que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el doble asesinato”, afirmó Lawlor. Luego de evaluar testimonios recogidos en la zona y las trayectorias de Domínguez y Bonilla, la funcionaria no descartó que “hayan sufrido represalias por su labor de defensa de los derechos humanos”, hecho que la policía local atribuyó a un robo y que el CMDBCP descartó de plano al señalar que "en la escena del crimen fueron encontrados los teléfonos, la motocicleta y el dinero que llevaban".

Domínguez y Bonilla eran cofundadores del grupo ambientalista que desde 2015 viene oponiendo una fuerte resistencia a la operación de la mina en la reserva, concesión que dicen fue otorgada ilegalmente a la compañía Inversiones Los Pinares, propiedad del influyente empresario hondureño Lenir Pérez, quien argumenta que la concesión es legal y no respondió a las requisitorias de la agencia de noticias AFP.

Según la empresa, se trata de la primera planta peletizadora de óxido de hierro de Centroamérica, un proyecto conjunto con Inversiones Ecotek, del Grupo EMCO. La inversión, según el gobierno y la firma,  se convertirá en uno de los mayores generadores de divisas para Honduras con exportaciones por unos US$ 180 millones al año. Actualmente, emplea 800 personas. El 2021, el proyecto inició su Fase 1, tras años de preparación y construcción, y se prevé que en el transcurso de este año esté completamente operativo y exportando hierro semiprocesado a Estados Unidos.

“Los defensores del territorio en la región se enfrentan a constantes amenazas y hostigamiento" y “a pesar de las múltiples denuncias sobre el aumento del riesgo al que nos enfrentamos, las autoridades se niegan a garantizar la integridad física de las comunidades por defender su agua y su territorio del proyecto minero ilegal", advirtió el CMDBCP. El espacio, al que pertenecían Domínguez y Bonilla, denuncia que la agroindustria y la minería "han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos en Honduras".

Los integrantes del comité también exigieron al gobierno de la presidenta Xiomara Castro "la cancelación inmediata de las licencias mineras en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras" y que tome medidas urgentes para garantizar la seguridad física de las personas defensoras en Tocoa.

Juan López, integrante del colectivo, destacó que las víctimas estuvieron "comprometidas" desde 2015 en la defensa de Parque Nacional Carlos Escaleras, una exuberante reserva donde nacen 34 ríos, y recordó que Domínguez fue uno de los 32 defensores criminalizados por la empresa y el gobierno.

López también recordó el caso de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 cuando luchaba contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el occidente del país, hecho por el que finalmente fueron condenados seis sicarios y dos ejecutivos de una empresa que promovía la construcción de la represa. “No fue un robo. Los mataron por defender los ríos de la minería ilegal. Justicia para Aly y Jairo”, insistió en las últimas horas el CMDBCP en su cuenta de Facebook.