La pandemia, los gestos y el vale todo

Uruguay y Argentina gozan de un régimen de gobierno presidencialista, donde deben coexistir de manera independiente tres poderes del Estado, dos de carácter político, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y uno que debe controlar al poder político, el Poder Judicial.

En Uruguay luego de una ardua investigación judicial, no llegó a concretarse la prisión del exvicepresidente del Frente Amplio, Raúl Sendic, en septiembre de 2017, apenas se dio a conocer que había cometido delitos de peculado y abuso de funciones (mientras ejercía la vicepresidencia y al mismo tiempo presidía la petrolera estatal ANCAP durante el gobierno de José Mujica).

Sin embargo, Sendic fue procesado y se vio obligado a renunciar.

Y vale destacar que la confirmación del procesamiento se dio junto al pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (tribunal de su misma fuerza política) que denunció que el exvicepresidente había actuado bajo un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”. El 15 de mayo último, venció la sanción que le impuso el Frente Amplio a Sendic de no participar en los asuntos políticos, pero la respuesta del exvicepresidente fue que, de todas maneras, no iba a participar de los comicios últimos departamentales. Respecto a sus ingresos, la ley N° 15.900 aprobada en Uruguay en 1987 establece el derecho a percibir un subsidio por un monto equivalente al 85% del total de los haberes, por un máximo de un año desde la fecha del cese de determinados cargos políticos. Sendic renunció en noviembre de 2017 a dicho subsidio; sin embargo, comenzó a cobrarlo a partir de 2020, lo cual generó la molestia de un importante sector de la población, que considera que un exfuncionario con causas penales no debería cobrar dicho subsidio, del cual gozará por un año.

En Argentina se eligió en 2015 un presidente procesado y se eligió en 2019 una vicepresidenta procesada.

Amado Boudou fue también procesado por varias causas penales, acusado de administración fraudulenta por la adquisición de 19 autos para el Ministerio de Economía y por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos cuando éste era ministro, y acusado por la denominada causa Ciccone, causa que demostró que cuando ocupó el cargo de vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, se estaba apropiando del negocio de la impresión de billetes de la nación argentina.

AFP

Días atrás, Boudou logró salir de la cárcel en medio de la pandemia (aunque no califica como persona vulnerable en la lista confeccionada por el Ministerio de Justicia).

Pasó que el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 4, decidió otorgarle el beneficio de arresto domiciliario. Ya fuera de prisión, Boudou exigió a la Anses el cobro de su pensión como exvicepresidente, que se calcula que ronda en un monto superior a 300.000 pesos mensuales, y como además lleva 57 meses sin cobrar dicha pensión, su reclamo también incluye que se le pague lo “adeudado” que sumaría un total de unos 17.100.000 pesos.

Esta suerte de burla hacia la ciudadanía argentina, tuvo la venia del actual Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini. Así, mientras la mitad de los ciudadanos argentinos se encuentran ingresando en la línea de pobreza, el Poder Judicial continúa trabajando con guardias mínimas hasta que el coronavirus abandone suelo argentino, y el exdueño de nuestra casa de la moneda ya se encuentra haciendo cuarentena en su lujoso departamento, tramitando poder cobrar su pensión vitalicia.

En la batalla contra el coronavirus, Uruguay, respecto a Argentina, viene llevando una ventaja importante en el manejo de la misma; sin embargo, en ambos países son conscientes que los avances y retrocesos pueden ser parte de un complejo proceso pandémico aún presente.

En la cruzada contra la maldita corrupción, Uruguay, aun con repudiables excepciones que hacen a la regla, parece seguir ganándonos la batalla.

Sandra Choroszczucha es politóloga y profesora (UBA) 

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