La policía nicaragüense allanó este viernes la residencia donde se hallaba confinado el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez y procedió a detenerlo junto a otras personas que lo acompañaban.
El procedimiento se produjo antes de que amaneciera, a las 5am mediante el concurso de varios móviles policiales y agentes antimotines que irrumpieron en la sede episcopal donde el obispo se hallaba retenido, acusado por el gobierno de Ortega de "organizar grupos violentos" e incitarlos a realizar "actos de odio contra la población".
La noticia se conoció por la difusión en redes sociales de la diócesis de Matagalpa de un mensaje que expresaba "#SOS#Urgente. A esta hora la policía nacional a ingresado a la Curia episcopal de nuestra diócesis".
En un mensaje grabado en video, el abogado del Comité permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, condenó la detención de Álvarez, aunque admitió que no era inesperada. "Ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención abusiva y arbitraria de Monseñor Álvarez", afirmó.
Desde su confinamiento, el 5 de agosto, el obispo se hallaba impedido de salir de la residencia episcopal y estaba siendo sometido a una constante vigilancia y una investigación policial extensiva a otros religiosos que lo acompañaban en su confinamiento.
En el procedimiento policial también fueron detenidos el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, Óscar Escoto, párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe, Ramiro Tejerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y el sacerdote Raúl González, un seminarista y un camarógrafo que compartían su encierro domiciliario.
El arresto de Álvarez y sus acompañantes se produce luego de que el ministerio público de Nicaragua pidiera un plazo de hasta 90 días de prisión para ampliar una investigación sobre el sacerdote Óscar Danilo Benavídez Ávila, detenido desde el domingo pasado sin causa precisada hasta el momento. El sacerdote fue interceptado mientras iba en su vehículo y trasladado a la cárcel de El Chipote, sede de la dirección de auxilio judicial de la Policía Nacional.
El obispo Álvarez es una figura importante entre los opositores al gobierno de Ortega y jugó un rol destacado en las discusiones que siguieron a la represión de las protestas contra el gobierno en 2018 que dejaron más de 300 muertos, 2.000 heridos y miles de exiliados, de acuerdo con informes de organismos de derechos humanos.
En ese momento, Ortega calificó los hechos como "un fallido golpe de estado" con apoyo extranjero y de la Iglesia Católica y rechazó los reclamos opositores por reformas que garantizaran elecciones libres y transparentes con observadores internacionales.
La detención del obispo Álvarez representa una escalada significativa del gobierno sandinista en su enfrentamiento con la Iglesia que ha adoptado en los últimos tiempos posturas abiertamente opositoras, reclamando por la liberación de más de 190 presos políticos y respeto a las libertades y garantías democráticas.
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