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La rebaja salarial para funcionarios y jubilados públicos y el flanco jurídico que abre

La modificación está planteada para aquellos que perciben más de $ 80 mil líquidos y por un período de dos meses, con posibilidad de extensión 

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27 de marzo de 2020 a las 05:03

Este jueves el presidente Luis Lacalle Pou anunció una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, que serán afrontadas por los funcionarios y jubilados públicos.

Con 238 casos confirmados y decenas de medidas tomadas desde el viernes 13 de marzo, el gobierno lleva comprometidos US$ 400 millones, en un escenario con un déficit fiscal preocupante.

A eso se le suma la obsesión del Ejecutivo por disminuir el gasto público, por lo que las autoridades buscan la manera de conseguir más recursos sin aumentar la carga tributaria, al menos por ahora, según afirmó en la conferencia del jueves el presidente.  

Para incrementar los recursos del Fondo Coronavirus el gobierno resolvió rebajar por franjas el salario líquido de los funcionarios públicos que cobran por encima de $ 80 mil líquidos.

Según señaló el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, esto impactará en funcionarios que tienen un nominal aproximado de $ 120 mil. En la tarde de este jueves, antes de hacer el anuncio el mandatario se lo comunicó a dirigentes del gremio estatal.

Aunque las franjas serán detalladas este viernes por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el presidente adelantó que los descuentos serán de 5%, 10% y 20%, siempre por un período de dos meses, aunque con posibilidad de extenderlo si la situación económica se agrava. 

La medida también abarca a los funcionarios públicos jubilados, los mandos militares, jubilados militares y las remuneraciones de los expresidentes. Al presidente, ministros, legisladores y directores de entes públicos y descentralizados se les descontará 20% del salario líquido, también por dos meses. 

Si bien en la reunión con COFE el gobierno planteó que la modificación salarial se haría a través de un decreto, en la noche del jueves el gobierno anunció que enviará un proyecto de ley para que la medida se apruebe en el Parlamento. Para esto ya hubo contactos de Lacalle Pou con los líderes de la denominada coalición multicolor. Anunció que el proyecto se redactará el fin de semana y la idea es enviarlo el lunes.

De no hacerlo por ley, el Estado se arriesgaba a un escenario con juicios en el horizonte, ya que algunos juristas entienden que las modificaciones de este tipo no pueden hacerse a través de un acto administrativo, sino únicamente por ley. 

Con esa cuestión zanjada, sin embargo, el horizonte no está libre de reclamos. El constitucionalista y administrativista, Daniel Ochs, explicó a El Observador que si bien la vía que eligió el Ejecutivo es la adecuada, el Estado podría ser demandado desde el punto de vista igualitario. "Si el fundamento de estas medidas es solventar gastos extraordinarios (del coronavirus), no encuentro justificativo para que se establezca que un sector de la población va a ser el que va a colaborar, dejando afuera a los privados", argumentó el jurista. 

Ochs añadió que "no parece lógico" que el justificativo sea el "deber de solidaridad" pero solo algunos lo afronten. "No encuentro ninguna justificación atendible para establecer una distinción entre públicos y privados para pedirles que sean más solidarios", señaló. Esto último podría haber tenido una justificación distinta si, por ejemplo, el objetivo hubiera sido disminuir el gasto público, algo que involucra exclusivamente a los funcionarios del Estado. 

Otro jurista, también experto en Derecho Administrativo que pidió no ser identificado, dijo que el gobierno se expone a juicios pero entendió que gana tiempo y obtiene un préstamos con las mejores condiciones. Para que llegara a la instancia de un juicio y perderlo no pasarán menos de tres años. Primero se deberá plantear un recurso de inconstitucionalidad contra le ley apelando que viola los artículos de la Constitución de la República por los cuales se puede interpretar la "intangibilidad del salario" por lo que no se podría dar una rebaja de este tipo. 

Una vez obtenida la inconstitucionalidad que demandaría al menos un años, llegaría el momento del reclamo civil, para lo que pasarán al menos dos años más, indicó.  

Sin embargo, un impuesto diferencial sí sería una alternativa que liberara al Ejecutivo de juicios en el futuro. Por ejemplo, así como existe el Impuesto a la Rentas de las Personas Físicas (IRPF), podría crearse uno cuyo destinatario fueran solo los funcionarios públicos y jubilados del Estado. 

Los más vulnerables

"Los más vulnerables van a ser los más privilegiados o los más atendidos. Tanto el ministro (de Desarrollo Social) Pablo Bartol, como (el de Trabajo) Pablo Mieres van a abundar más en la extensión de canastas alimenticias para los más vulnerables y va a haber un aumento en las asignaciones familiares que explicaremos mañana (viernes)", agregó el mandatario, quien dijo que aspira llegar a las 300 mil canastas. 

Anunció que el gobierno está trabajando en una propuesta para atender a los trabajadores informales, como ya lo había dicho días atrás el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

"No va a haber" movilizaciones

Respecto a la respuesta sindical, Lacalle Pou confió en que "no van a haber" movilizaciones. "Capaz que me equivoco", aclaró.

"Apelo a la sensibilidad del uruguayo, del sector público y privado, son dos meses que se le pedirá un esfuerzo a los que ganan más, son sueldos altos, no sueldos que no pueden pagar la olla. Me animaría a decir que si bien no va a haber un aplauso, que tampoco se espera, estoy seguro que se va a entender que Uruguay lo necesita", agregó. 

Sin embargo, el sindicato de funcionarios públicos ya se manifestó en contra. Si bien en un principio los dirigentes prefirieron no detallar las medidas hasta que las anunciara Lacalle, en rueda de prensa López adelantó que el sindicato estaba en contra. 

Consultado después del anuncio de Lacalle, López señaló que el gobierno no podía "solo informar" sobre las medidas y que lo correcto hubiese sido hacerlo a través de la "negociación colectiva". Como la medida será por dos meses y afectará a salarios y jubilaciones altas, el dirigente sindical estimó que no habrá "grandes movilizaciones". 

"Los trabajadores teníamos propuestas. Hubiera sido bueno que lo conversáramos porque capaz que estábamos hablando de cifras similares", afirmó López en diálogo con Telemundo.

De esta manera, agregó que una de las alternativas que manejaban los trabajadores tenía que ver con "utilizar parte de las reservas del país" o "diferir por un tiempo el pago de la deuda externa".

"Lamentablemente no tuvimos el espacio de la negociación colectiva", subrayó el presidente de COFE.

El sindicato divulgó un comunicado en el que afirma que es "difícil" entender que "una vez más" los trabajadores afronten las medidas. "Se nos hace difícil entender cómo una vez más los trabajadores vamos a ser, mediante un impuesto, los que vamos a aportar para paliar la crisis", afirma el escrito. 

COFE también cuestionó que la medida sea "similar" a la tomada con los cargos políticos. "No vemos ningún aporte a la renta del gran capital, los cuales incluso en esta emergencia siguen obteniendo beneficios", señalaron. 

 

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