La Suprema Corte norteamericana emitirá dictamen sobre la aplicación de las leyes de inmigración

La administración Biden quiere establecer pautas precisas sobre quiénes pueden ser objeto de arresto y deportación por parte de las autoridades de inmigración, según informó NationalPublic Radio (NPR).

A su vez, un grupo de fiscales generales republicanos presentó una demanda para bloquear las pautas, argumentando que estaban impidiendo que las autoridades de inmigración hicieran su trabajo.

El resultado podría tener implicaciones importantesno solo para la aplicación de la ley de inmigración. Exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional y defensores de los inmigrantes dicen que el caso podría depender de la cuestión de cuánta autoridad tienen las agencias encargadas para decidir cómo y cuándo hacer cumplir la ley.

"Un policía no detiene a todos los conductores de velocidad en la carretera", dice Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. “Así que tienes que tomar decisiones. Todo lo que la administración Biden intentaba hacer era tomar decisiones, como todas las administraciones anteriores”.

Es ampliamente aceptado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene los recursos para arrestar o deportar a todos los aproximadamente 11 millones de personas sin autorización que viven en el país.

Por lo tanto, las autoridades de inmigración tienen que establecer prioridades de cumplimiento, prioridades que han cambiado drásticamente de una administración a otra.

Durante la administración del expresidente Trump, los agentes y oficiales de ICE estaban facultados para arrestar y deportar a cualquier persona que viviera en los Estados Unidos sin autorización legal.

Cuando JoeBiden asumió la presidencia, cambiaron los criterios. En lugar de arrestar y deportar a cualquier persona con la que se encontraran que estuviera en el país sin autorización, a las autoridades de inmigración se les dio un conjunto de prioridades muy diferente.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, describió la nueva guía como “un ejercicio de prudencia procesal”.

“Hemos guiado a nuestra fuerza para que ejerciera su criterio y se centrara en las personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, dijo Mayorkas a NPR en una entrevista el año pasado.

Antes hubo prioridades de aplicación de la ley de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional. Durante la administración del expresidente Barack Obama, también se alentó a los oficiales y agentes de ICE a usar la discreción procesal y centrarse en las amenazas a la seguridad pública.

Pero el anuncio de las prioridades de aplicación de la ley de la administración Biden provocó múltiples demandas por parte de los intransigentes en el tema inmigración, quienes argumentan que esta política va mucho más allá de lo que había hecho cualquier administración anterior.

“Se fueron muy a la izquierda en esto. Así que es casi como si la Ley de Inmigración y Nacionalidad ya no existiera”, dijo ThomasHoman, exjefe de ICE, durante una entrevista el año pasado.

Pero lo que indignó a Homan y a otros intransigentes sobre las nuevas prioridades fue que, bajo la dirección de la administración de Biden, el simple hecho de estar presente en los Estados Unidos sin autorización legal "no debería ser la única base" para que las autoridades de inmigración arresten o deporten a alguien.

"Decir que alguien no puede ser expulsado solo porque es un extranjero ilegal es un cambio drástico en nuestra ley de inmigración", dice Christopher Hajec del ImmigrationReformLawInstitute(Instituto de Reforma de la ley de Inmigración) en Washington, que presentó un escrito como “amicuscuriae”(“amigos del tribunal) ante la Corte Suprema. "No está dentro del poder de una agencia hacer eso. Solo el Congreso podría hacer eso".

Ese es un argumento fue utilizado por los estados de Texas y Lousinanaen una presentación que hicieron los tribunales y ganaron. El tribunaldesechó en junio pasado las prioridades de aplicación que el oficialismo quería aplicar en el tema inmigración.

Pero el fallo divide aguas entre exfuncionarios de la Dirección Nacional de Seguridad (DHS). "No todos pueden ser arrestados o enjuiciados", dijo Julie Myers Wood, directora de ICE durante la administración de George W. Bush y una de varios ex funcionarios del DHS que presentaron un informe expresando sus preocupaciones ante la Corte Suprema.

Wood, un exfiscal federal, dijo que todas las agencias de aplicación de la ley ejercen discreción sobre cómo desplegar sus recursos, y que esas decisiones son demasiado importantes para dejarlas en manos de oficinas de campo individuales.

Si se confirma el fallo de la corte inferior, los defensores de los inmigrantes temen que podría indicar un regreso a las prioridades más expansivas de la administración Trump.

"Había mucho miedo en la comunidad en ese momento", dice Sarah Owings, abogada de inmigración en Atlanta. "Y vi algunas cosas realmente horribles".

Owings dice que tenía una cantidad de clientes que habían estado siguiendo la guía y consultando con ICE durante años y que de repente se encontraron detenidos. Recuerda a un hombre en particular cuya esposa estaba embarazada en el momento de su registro con ICE.

"Tenía una esposa con un embarazo de alto riesgo y estaba a unas pocas semanas de dar a luz, y estaban como asustados porque él usó un nombre falso una vez hace diez años, así que te llevaremos hoy, le dijeron", recuerda Owings.  "Realmente espero que no volvamos a esa era".