Camilo dos Santos
Hoy, el plazo ha desaparecido y para calmar las ansiedades el líder blanco se encarga de repetir que cuando esté lista la hará pública para que pueda ser ampliamente discutida.
Aunque se sabe que el articulado sobre seguridad será el más importante, y que habrá capítulos destinados a educación, economía, trabajo y hasta el nuevo ministerio de Medio Ambiente, dirigentes de primera línea nacionalistas consultados por El Observador dijeron desconocer los contenidos y estar a la espera para poder hacer sus aportes.
En una línea similar se expresaron integrantes de los partidos que integran la coalición multicolor, quienes también tienen previsto hacer correcciones en los temas que le generan inquietudes.
Lacalle Pou dijo el jueves en Paysandú en un homenaje al general Leandro Gómez que el texto no contravendría lo firmado en el “Compromiso por el país” y que hasta que sus socios no la estudiaran y aprobaran no había “nada terminado”.
“Se puede cambiar, modificar, agregar o sacar”, señaló y dijo que también esperaba que el Frente Amplio pudiera aportar al documento una vez que se hiciera público.
El equipo designado del Ministerio del Interior que liderará Jorge Larrañaga mantiene contacto permanente con Ferrés para intercambiar insumos sobre el articulado a presentar, mientras que Lacalle Pou designó a Nicolás Martinelli, uno de sus hombres de confianza como director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, un lugar en el que habrá cambios importantes. En primer lugar, porque la sede se trasladará a Casavalle, pero además porque habrá modificaciones administrativas y de funcionamiento que se incluirán en la ley ómnibus.
En privado, en una reunión con los legisladores nacionalistas Lacalle Pou expresó su convencimiento de que la ley será “muy popular”, tal como informó el semanario Búsqueda, para contrarrestar las críticas de dirigentes del Frente Amplio, que señalan que representa el “programa oculto” de los blancos y algunos como la vicepresidenta Lucía Topolansky piensan que podría “producir inestabilidad social”.
Durante la campaña electoral, el FA hizo hincapié en la necesidad de conocer el contenido del proyecto, por lo que los dirigentes blancos y de otros partidos de la coalición están convencidos que una vez que se haga pública habrá una avalancha de críticas.
Fuentes nacionalistas dijeron a El Observador que cuando esto ocurriera iban a tener que salir a “defender” la propuesta y valoraron que tampoco había necesidad de que el foco estuviera puesto durante tanto tiempo en la discusión de cada uno de los artículos.
El tema fue sobrevolado por Lacalle en el almuerzo con legisladores electos e intendentes nacionalistas en un club de pesca del Parque Rodó.
Participantes de la reunión dijeron a El Observador que durante su mensaje político, Lacalle Pou habló sobre la unidad de los legisladores que serán oficialismo en la próxima legislatura.
“Necesitamos que las leyes salgan con el mayor respaldo posible”, dijo Lacalle Pou en la reunión. De acuerdo a los informantes, el presidente remarcó que el gobierno deberá contar con los 56 diputados de la coalición multicolor.
Camilo dos Santos
Los nacionalistas tendrán reuniones de bancada en febrero porque buscarán llegar al 1° de marzo con la integración de las comisiones definida y un cronograma legislativo conversado. También intentarán que sus socios definan los coordinadores.
Sabedor de que muchas de las medidas impulsadas en la ley necesitan financiamiento, el equipo del gobierno electo estudia la posibilidad de incluir normas presupuestales en la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019, que se deberá votar entre abril y junio y les permitirá evitar la espera hasta el Presupuesto de 2021.
El tema formó parte de la charla que tuvo Lacalle Pou con el senador electo de Alianza Nacional Jorge Gandini el último día del año. El experiente legislador dijo en una rueda de prensa que la Rendición de Cuentas podía “incorporar algún articulado necesario que pueda complementar la ley de urgencia”.
El trámite
Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó.
Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente.
Seguridad
El capítulo de seguridad será de los más importantes del proyecto y contendrá un fortalecimiento a la policía a través de cambios en la legítima defensa, que también se extenderá a los establecimientos rurales.
Un capítulo será para la ley de derribos, tal como informó el futuro ministro de Defensa, Javier García.
El proyecto también hará hincapié en el fortalecimiento de las comisarías, las cuales los blancos consideran que fueron “vaciadas” durante la gestión de Eduardo Bonomi.
El gobierno electo además anunció que incluirá propuestas para combatir el abigeato, una de las obsesiones del designado ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, y modificaciones al Código del Proceso Penal.
Educación
En la ley se planteará eliminar la exigencia de 10 años de experiencia en la educación pública para integrar órganos de gobierno de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) que establece la ley de educación. De esa forma, podrán ingresar a la conducción de la enseñanza personas que no tienen trayectoria en la educación estatal y varios nombres están vinculados a Eduy21, una organización muy criticada por los sindicatos.
Los consejos desconcentrados (Primaria, Secundaria, Técnico Profesional, y Formación en Educación) pasarán a ser direcciones unipersonales y los directores de cada consejo pasarán a formar parte del Codicen, aunque en ese órgano los representantes docentes continuarán teniendo voz y voto.
Ministerio de Medio Ambiente
Un capítulo del proyecto estará destinado a la creación del Ministerio de Medio Ambiente, una propuesta que forma parte del “Compromiso por el país”. Esta creación supondrá una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están
radicados básicamente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamieto Territorial y Medio Ambiente, donde funciona una dirección nacional de Medio Ambiente.
En tanto, la Secretaría Nacional de Ambiente, que actualmente funciona en la órbita de Presidencia también se traspasará, ya que el gobierno entrante considera que su rol ya se cumple. El plan a mediano plazo es que esa secretaría pase a formar parte del proyectado ministerio.
Trabajo y reguladoras
Rodrigo Ferrés anunció que la ley incluirá la creación de un Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos
integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que se encargará de suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos relevantes para la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial.
También habrá propuestas para darle independencia técnica y mayor autonomía a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.
Evento y reunión con el PIT-CNT
El presidente electo tiene previsto inaugurar este sábado el evento “Expo Real Estate” que se desarrollará en el Hotel Enjoy en Punta del Este y es organizado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu) en el que se expondrán más de 500 mil metros cuadrados, los cuales equivalen a una inversión de más de mil millones de dólares.
El martes recibirá en la sede de Todos al secretariado ejecutivo del PIT-CNT, quienes le plantearán sus inquietudes respecto a cinco grandes temas: empleo, negociación colectiva, trabajadores del Estado, educación y derechos humanos. También comenzará a reunirse con ministros para definir cargos.
