El presidente debe encarar la modificación del sistema de jubilaciones y la transformación educativa
Al igual que a su padre, a Luis Lacalle Pou le obsesiona el paso del tiempo. Tiene un contador en el celular que dice cuántos días de gobierno le quedan y repite cada vez que puede que es hora de apurar el tranco porque los tiempos de la gente deben ser cumplidos por los tiempos de los gobernantes.
Ese contador, que Lacalle Pou revisa todas las mañanas, registrará el jueves 1° de setiembre un hito: marcará que la mitad del camino ya fue recorrido, que el primer tiempo ya terminó, y que lo que queda es menos de lo que ya pasó.
Habrán sido novecientos trece días de gobierno. En el caso de Lacalle Pou, gran parte de ellos –una inmensa mayoría– estuvieron marcados por la gestión de una pandemia que obligó a declarar el estado de emergencia y concentrar esfuerzos y recursos en la asistencia sanitaria.
La pandemia hizo que se postergaran algunos temas como la reforma de la seguridad social, cuya discusión abarcará gran parte de este segundo tiempo y puede ser uno de los hitos de esta gestión.
Si bien tuvo una luna de miel ampliada, el gobierno cumple treinta meses de gestión con índices de popularidad alto y un incremento en su enfrentamiento con la oposición y los sindicatos nucleados en el PIT-CNT que llegan incluso a denuncias cruzadas en la Justicia por la ampliación de la concesión a Katoen Natie en el Puerto de Montevideo y la gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo.
Esas diferencias fueron sintetizadas recientemente por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en una rueda de prensa en la que señaló que el “modelo del gobierno fracasó” y que “en todos lados se ve carestía, bajaron los salarios, los uruguayos están más empobrecidos y miles de uruguayos están en situación de calle”.
Desde el oficialismo consideran exagerada esa crítica y mencionan que obedece a una mimetización de la coalición de izquierda con el PIT-CNT.
Leonardo Carreño
La oposición rechaza el "modelo" de gestión
Si bien la pandemia ralentizó los planes, en el Ejecutivo destacan que la agenda nunca se detuvo y mencionan como mojón principal la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y su posterior ratificación en el referéndum.
Esa ley ómnibus integró gran parte del programa común presentado por la coalición e incluyó significativos cambios en toda la administración: desde una reforma en el mercado de los combustibles, pasando por modificaciones a la gobernanza educativa hasta limitaciones a los piquetes y las huelgas.
“Siento gran satisfacción por tener un instrumento necesario, justo y popular”, expresó Lacalle Pou minutos después que el texto fuera aprobado en el Parlamento, una frase que luego viró a eslogan de la campaña en defensa de la LUC.
A su vez –y también con esta ley como estandarte–, en el Ejecutivo subrayan que se logró mejorar la seguridad pública, algo que se traduce en la mayoría de los indicadores, aunque desde hace varios meses que los homicidios volvieron a subir y el combate al narcotráfico continúa siendo uno de los temas de mayor preocupación. En el primer semestre de este año hubo un aumento del 39% de los homicidios respecto al mismo período del año anterior y la consultora Cifra reveló en julio que para la cuarta parte de la población la inseguridad es el principal problema del país, una cifra que viene en aumento.
La posibilidad de perder el grado inversor debido al desequilibrio de las cuentas públicas fue desde el primer día una de las obsesiones de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que con el paso del tiempo fue logrando disminuir el déficit fiscal, aunque aún no logró controlar la inflación, que sigue un par de puntos por encima del techo del rango fijado por el gobierno.
El empleo, que venía en caída y tuvo un cimbronazo con la pandemia, comenzó a recuperarse y está en niveles similares a 2019.
Pese a esto, siete de cada diez trabajadores perdieron salario real. Esta situación es asumida en el gobierno como uno de los principales desafíos para el segundo tiempo ya que asumió el compromiso de que al final del período todos, al menos, hayan empatado la situación en la que estaban en el 2020. Una parte del camino estará allanado una vez que la Rendición de Cuentas sea aprobada, ya que el articulado incluye una fórmula de recuperación salarial para los funcionarios públicos.
La gestión de las empresas públicas ha sido uno de los temas que más debate ha generado, con paros, movilizaciones y reclamos desde el inicio del período. Mientras que los sindicatos y la oposición hablan de una intención expresa de perjudicarlas –llegando incluso a utilizar la palabra “desguace” para Antel–, el oficialismo se defiende diciendo que está intentando aggiornarlas para ponerlas a competir con los privados sin perder de vista su carácter estratégico.
Si la primera mitad estuvo marcada por la pandemia y la LUC, la segunda lo estará por las reformas: la de la seguridad social y la educativa.
La modificación al sistema de jubilaciones –dicen en la Torre Ejecutiva– demostrará la capacidad de liderazgo del presidente, quien se ha puesto la reforma al hombro, asumiendo incluso el costo político y sabiendo que los resultados no se verán en este período.
Con matices e informalmente, los socios ya han expresado su respaldo aunque también han dicho que impulsarán cambios, mientras que desde la oposición, el Frente Amplio está esperando que se formalicen las respuestas de la coalición para pronunciarse oficialmente pero varios sectores como el PS y el PCU ya dijeron que se oponen.
En un diferente tono viene transcurriendo la aplicación de la transformación educativa. Solo en las últimas dos semanas hubo protestas contra el gobierno en 27 de los 32 centros de formación en educación.
Lacalle Pou dijo este jueves que los sindicatos están en su “legítimo derecho” de oponerse a las políticas de enseñanza pero que el gobierno “va a desocupar todos los locales educativos que sean ocupados” porque esa medida de lucha afecta a los “más desprotegidos”.
Más allá de estas dos reformas, en el Ejecutivo mencionan como un desafío la puesta en práctica del programa para erradicar asentamientos, otra de las apuestas del presidente, que viene incluso de su primera candidatura. Los fondos para el plan fueron aprobados en la Rendición de Cuentas de 2021 y están recién comenzando a implementarse, con la complejidad adicional de que la coordinación recae en las intendencias y el Ministerio de Vivienda.
A su vez, destacan que la apertura comercial seguirá observándose con la negociación del TLC con China como principal bandera.
El presidente, que el primer día de gobierno le envió un mensaje de WhatsApp a sus ministros diciéndoles cuántos días de gestión les quedaban, ha dicho en privado que su anhelo es ponerle el 1° de marzo de 2025 la banda presidencial a otro de los socios de la coalición, y para esto visualiza un último punto que tendrá un componente significativo para el país pero también su traducción electoral: la obra pública. En el Ejecutivo destacan que para la campaña electoral comenzará a verse la inversión en rutas y puentes, por lo que habrá varios momentos de cortes de cintas.