La ley de Urgente Consideración es el buque insignia de los primeros meses de Luis Lacalle Pou en la Presidencia de la República y será uno de los íconos de todo su período de gobierno. La norma que plasmó a lo largo de 476 artículos, buena parte de la agenda de la coalición multicolor, y marcó el cambio de rumbo votado por la ciudadanía en octubre y noviembre de 2019, fue una de las promesas de campaña del líder nacionalista, que ha calificado a la ley de “necesaria, justa y popular”.
Por ello, la decisión del movimiento sindical –respaldada este fin de semana por el Frente Amplio– de promover un referéndum contra la normativa es percibida por el presidente como una batalla importante en el horizonte de su administración, y una oportunidad para ratificar la legitimidad de su gobierno y sus políticas ante la opinión pública.
Lacalle Pou se tiene plena “confianza” para salir victorioso de la pulseada en las urnas, pero no quiere que el oficialismo adopte una actitud pasiva y por eso en las últimas horas llamó a dirigentes de la coalición y a los integrantes de su gabinete a estar preparados para tomar la iniciativa y defender públicamente una ley que están "convencidos" es "buena".
Este lunes por la tarde, en el marco de un Consejo de Ministros que se centró en la divulgación de las primeras auditorías en el Estado, el presidente dedicó unos minutos a hablar del tema y, tal como había hecho horas antes ante la prensa, dijo que le parecía “raro” que el Frente Amplio diera su apoyo al referéndum sin saber los artículos cuya derogación finalmente se promoverá.
"Lo que queda claro es que el Frente Amplio está en contra. Lo que no sabemos es en contra de qué", dijo Lacalle en la mañana, en un evento por el Día de la Construcción en el Club del Golf. En el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el mandatario repitió exactamente esas palabras y agregó que la instancia de referéndum pondrá nuevamente “en la agenda” varios temas por los cuales la ciudadanía votó a este gobierno, y que por eso confía en que el veredicto será positivo.
Entre los artículos más resistidos por el movimiento sindical y la izquierda están los referidos al derecho de huelga –como la prohibición de piquetes que “impidan la libre circulación” y la limitación a las ocupaciones en lugares de trabajo–, y los cambios en la gobernanza de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) –como la eliminación de los consejeros en representación de los docentes en los subsistemas, y el pasaje de consejos a direcciones lideradas por una sola persona–.
Otros temas que también aparecen en la discusión son la creación de una regla fiscal, así como algunas normas de seguridad. En el oficialismo advierten que todas esas medidas formaron parte del Compromiso por el país, firmado entre la primera y la segunda vuelta de 2019, y que la población ratificará su apoyo al nuevo rumbo del gobierno. Los dirigentes de la coalición creen que el apoyo será aún mayor en caso de que se sometan a votación las medidas sobre seguridad.
Más allá de los comentarios sobre la LUC, la convocatoria a los ministros tenía como trasfondo otra promesa de campaña: las auditorías a la gestión del Frente Amplio.
La última vez que había reunido al gabinete, en junio, el presidente había pedido a los jerarcas que revisaran hechos ocurridos en cada ministerio y manifestado que evaluaran la necesidad de hacer las auditorías con recursos propios.
Este lunes, les dijo que estaban prontas 12 evaluaciones realizadas por la Auditoría Interna de la Nación y que los resultados que se publicaban eran el “inicio” de otras “más profundas” que “probablemente” tendrán resultados más gruesos y están en proceso.
Tal como lo expresó luego Arbeleche en conferencia de prensa, Lacalle Pou dijo que al constatar irregularidades debían iniciar investigaciones administrativas para luego evaluar una posible denuncia ante la Justicia.
Tras el mensaje del mandatario, quien tomó la palabra fue Arbeleche. La ministra de Economía hizo una descripción breve de cada una de las auditorías y algunos jerarcas –como Pablo Mieres, Daniel Salinas, Isaac Alfie, y Javier García– realizaron comentarios al margen.
En el caso del ministro de Trabajo se refirió a la que está en curso en el Inefop y se prevé publicar en las próximas semanas, mientras que Salinas criticó lo ocurrido con el resonador en el hospital Maciel, y Alfie consideró “excesivos” los gastos en vigilancia que se realizan en terrenos a cargo de la Dirección Nacional de Vivienda.
La mayoría de los ministros y subsecretarios se mantuvieron en silencio durante el desarrollo de la sesión del gabinete, lo que provocó que el presidente preguntara si estaban apurados porque había “algún partido de fútbol”.
El presidente aprovechó la instancia para anunciar que retomaría, a partir del martes, las instancias de acuerdos “pico a pico” con los ministros, y anunció su intención de reunir a todo el gabinete para compartir un almuerzo en noviembre en la Estancia Presidencial de Anchorena en Colonia.
Apelando a la política de austeridad, el mandatario bromeó con lo que ocurriría “si los recursos dan”, lo que desató risas e intercambios entre los jerarcas.
Antes, al comenzar el evento, los secretarios de Estado habían señalado al ministro de Ambiente, Adrián Peña –que hacía su estreno en las reuniones del gabinete– por no traer sándwiches, lo que generó que el presidente le dijera que podría haber llegado con pollo, ya que es productor en San Bautista.
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