La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dio a conocer el lunes miles de registros telefónicos que pudo obtener el año pasado, gracias a un juicio basado en la Ley de Libertad de Información (FOIA), que habían sido comprados por distintas agencias de seguridad federales, esquivando la protección brindada por la 4ta. Enmienda constitucional contra las acciones de registro e incautación sin base razonable.
Las principales agencias involucradas son la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración (ICE), además de sectores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que mediante el simple expediente de comprar el acceso a las bases de datos de las compañías telefónicas pusieron a disposición del gobierno federal, sin previa autorización judicial, información privada de ciudadanos.
Según ACLU, esto refuerza la necesidad de sancionar una ley que exprese claramente que no se puede burlar la Cuarta Enmienda comprando datos en lugar de obtenerlos por vía judicial.
Las compras de datos por parte de la ICE y el CBP sin autorización legal fueron reveladas ya en enero de 2020 por el diario The Wall Stret Journal. Al conocerse la noticia, la ACLU solicitó información a las agencias involucradas bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA) e inició un juicio para obligar a las agencias a responder a la solicitud.
Aunque el litigio sigue su trámite judicial, la organización decidió hacer públicos los registros que las agencias citadas más el Servicio Secreto, el Servicio de Guardacostas y varias oficinas del cuartel general del DHS le entregaron cumplimentando la solicitud.
Los registros evidencian cómo el Departamento de Seguridad Nacional usó millones de dólares de los contribuyentes para comprar el acceso a información de celulares, reunida y vendida por dos oscuros proveedores de información, Venntel y Babel Street. La documentación, además, revela los esfuerzos de ambas compañías y el gobierno federal por justificar la compra-venta masiva de los datos eludiendo los pronunciamientos previos de la Corte Suprema de Justicia con relación a la protección de datos y el acceso ilegal del gobierno a los mismos.
El antecedente sobre la protección de datos se originó en un fallo del tribunal que determinó la necesidad de una orden judicial previa ante la posibilidad de que se expongan aspectos que hacen a la intimidad de las personas.
La empresa Venntel, según surge de la documentación recuperada por ACLU, le envió en su momento materiales de marketing a la DHS en los que explicaba cómo la compañía recogía más de 15 mil millones de puntos de ubicación de 250 millones de celulares, “cada día”. Según los folletos de Venntel, con estos datos, las agencias de seguridad pueden identificar celulares ubicados en lugares de interés, visitas que se repiten, lugares frecuentados habitualmente, precisar asociados conocido y descubrir patrones de vida.
Mediante el uso de este verdadero tesoro de información, el gobierno puede identificar y rastrear individuos específicos en un área particular, además de conocer detalles de sus acciones privadas y relaciones. Las compañías, sin embargo, argumentan que los datos que recogen son “deshechos digitales”, o bien que no contiene información personal identificable (PII) porque están asociados solo a la ubicación del celular y no a un nombre en particular.
Las firmas involucradas sostienen además que los datos son cien por ciento “optativos” y que los usuarios “voluntariamente” comparten la información de su ubicación al aceptar los requerimientos de las aplicaciones. Obviamente, ese supuesto consentimiento es una ficción: muchos usuarios de celulares no saben cuántas aplicaciones están recogiendo información del GPS instalado en el teléfono y tampoco que esa información puede estar siendo vendida al gobierno.
Algunos empleados de la agencia de Seguridad Nacional han manifestado su preocupación en documentos internos por la posible ilegalidad de la información recolectada sin autorización judicial. Incluso, muchos correos electrónico internos muestran la confusión reinante en diversos sectores de la agencia sobre potenciales descuidos en el uso de los datos, a tal punto que todos los proyectos que involucran a Venntel fueron temporariamente detenidos.
La cantidad de información recibida por ACLU provenientes de las compras a Venntel es abrumadora: solo las 6.168 páginas recibidas del servicio de protección de fronteras contienen aproximadamente unos 336 mil puntos de locación de celulares. En tres días de 2018, los registros contienen cerca de 113.654 puntos, más de 26 por minuto, y esos datos provienen solamente de un área en el sudoeste de Estados Unidos; es decir: representan una pequeña fracción del volumen total de información de ubicaciones celulares a disposición de la agencia.
La información reviste una particular amenaza de importancia para la privacidad de las personas que viven cerca de las fronteras de Estados Unidos. La razón: un documento interno de la DHS proponía usar los datos de locación para identificar patrones de movimientos de la inmigración ilegal, amenazando con un barrido de información sobre los movimientos cotidianos de todos los habitantes de esas áreas. Una información que también podrían usar las policías locales, como en el caso de un pedido de la policía de Cincinnati que buscaba mediante un análisis de datos detectar locales donde se consumen opioides.
Aunque todavía queda mucho material que la DHS debe entregar, lo analizado hasta el momento por la ACLU demuestra que la compra de información es una práctica habitual por parte de las agencias de seguridad estadounidenses, aunque se trate de contravenir el espíritu de la 4ta. Enmienda. Según la entidad, es imperioso trabajar en la sanción de una ley que impida la compra de información sin una autorización judicial previa. Con ese objetivo lanzó una campaña bajo el lema: “La cuarta Enmienda no está a la venta”.
