La Comisión Nacional Pro Referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración realizó este lunes formalmente ante el Parlamento el pedido de postergar la fecha límite para presentar las firmas necesarias para someter a consulta popular distintos pasajes de la normativa. Sin embargo, los integrantes de la Comisión deberán conseguir los apoyos de una parte de la coalición multicolor para cumplir con ese objetivo. Los colorados ya rechazaron el pedido a través de sus ámbitos orgánicos mientras que los blancos no definieron postura pero legisladores consultados se pronunciaron en contra. Las posiciones en Cabildo Abierto están más divididas y continúan los intercambios por estas horas.
La Corte Electoral ya se expidió ante un planteo similar y aseguró que le corresponde al Poder Legislativo resolver el tema mientras que el constitucionalista Martín Risso entiende que lo que existe es un problema político y no uno jurídico, debido a las decisiones sobre el mecanismo de recolección que tomaron las organizaciones que impulsan el referéndum.
Como la decisión de las organizaciones fue la de ir por el camino largo, para el abogado constitucionalista Martín Risso es un problema político. “Optaron por el procedimiento largo porque querían movilización política y eso es legítimo. Pero tenían otro camino. Esto no es un tema jurídico sino político”, aseguró en diálogo con El Observador.
En el camino que eligió la Comisión, la Constitución establece un plazo de un año desde la promulgación de la ley para presentar las firmas del 25% de los habilitados para votar y así poder someter el texto a un referéndum. La LUC fue promulgada el 10 de julio de 2020.
Es decir, las organizaciones sociales deberían presentar cerca de 700 mil firmas antes del próximo 10 de julio. El 18 de marzo la Comisión informó que se llevaban recolectadas unas 252 mil firmas.
Sin embargo, como en casi todos estos temas jurídico electorales, hay espacio para diferentes interpretaciones.
El también abogado constitucionalista, Ruben Correa Freitas, prefirió no hablar sobre este tema y remitió a su postura frente a la postergación de las elecciones departamentales del año pasado.
En ese caso, Correa Freitas planteó que para poder postergar las elecciones departamentales se tenía que sancionar una “ley constitucional” que “postergue las elecciones”, y plebiscitar la ley "conjuntamente con las elecciones”.
Sin embargo, finalmente los partidos políticos acordaron darle la potestad a la Corte Electoral, a través de una ley, de fijar una nueva fecha para las elecciones departamentales dentro de determinados plazos.
Para Risso, sin embargo, la postergación de las elecciones ni siquiera sirve como antecedente porque cuando se decidió lanzar la campaña de recolección de firmas la pandemia ya estaba instalada (el 29 de diciembre se hizo el lanzamiento oficial) y, por lo tanto, se tendría que haber considerado esa circunstancia.
Diego Battiste
Michelini en conferencia de prensa tras la reunión
El secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, mencionó las elecciones como un antecedente a tener en cuenta a la hora de decidir sobre este tema. “Frente a un problema similar se decidieron postergar las elecciones. Hubo flexibilidad de todos de entender que había que correr el plazo”, dijo el dirigente del FA este lunes tras la reunión con la vicepresidenta Beatriz Argimón en la que se hizo el planteo formal.
La Comisión entiende que aplica el principio general de suspensión de plazos (previsto el Código General del Proceso) que establece que “al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese”.
“Somos conscientes de que la Constitución marca un año de plazo pero también somos conscientes de que al impedido por justa causa no le corren plazos”, dijo el Michelini.
La Corte Electoral ya se expidió
Existen dos grupos que en forma paralela están recolectando firmas para derogar la LUC. Por un lado, está el que integran el Frente Amplio, el PIT-CNT y la Intersocial Feminista, entre otros, y que pretende derogar 135 artículos de la ley. Este grupo fue el que se reunió con la vicepresidenta Beatriz Argimón para realizarle el planteo formal de postergar los plazos.
Pero al mismo tiempo hay otro grupo conformado por otras organizaciones sociales más pequeñas que están recolectando firmas para derogar toda la LUC. Ese grupo presentó en febrero una solicitud a la Corte Electoral con el mismo objetivo que ahora persigue la Comisión Nacional Pro Referéndum que va por la derogación de 135 artículos.
En el caso anterior la Corte Electoral rechazó el planteo, según informó La Diaria en ese momento. La coordinadora basó su pedido en el antecedente de las elecciones departamentales, pero la Corte Electoral alegó que no es su competencia cambiar los plazos, sino que una iniciativa de este tipo debe surgir del Parlamento, según explicó el ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach al matutino.
En el caso de las departamentales fue el Poder Legislativo que mandató a la Corte a través de una ley a fijar una nueva fecha. Esa ley fue aprobada con el respaldo de todos los partidos políticos. Si en este caso se pretendiera seguir un camino similar, los respaldos no serían suficientes.
Diego Battiste
Fernando Pereira también participó de la reunión de este lunes
El Partido Colorado se expresó este lunes en contra de aceptar el pedido de la Comisión porque entiende que es “inconstitucional”, según planteó en un comunicado.
"El artículo 79 de la Constitución es claro en fijar 'el año de su promulgación' como plazo para la interposición de ese recurso. No es de recibo invocar una imaginaria imposibilidad de hecho, cuando son notorias las mesas de recolección instaladas, aun en la puerta de vacunatorios", dice el comunicado emitido este lunes tras la sesión del Comité Ejecutivo Nacional.
Los colorados además entienden que no es “comparable” la recolección de firmas con las elecciones departamentales. “Las recolecciones de firmas no constituyen ningún riesgo para la salud de las personas”, aseguró el diputado colorado Felipe Schipani. Michelini había dicho más temprano que las firmas se juntan con aglomeraciones.
En el Partido Nacional y en Cabildo Abierto todavía no hay una postura oficial al respecto. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, ya planteó el tema en la bancada y aseguró que en su visión no se aplica el principio de suspensión de plazos porque se han recolectado más de 250 mil firmas hasta ahora. “La pandemia no se los ha impedido”, aseguró.
Además, recordó que la ley fue promulgada en julio de 2020 y que el Frente Amplio y las distintas organizaciones sociales estuvieron cerca de 6 meses discutiendo cuál era el camino a seguir y ahora que advierten que "no van a llegar" a las firmas buscan un “responsable externo”.
“Entiendo la necesidad, pero no la comparto. Buscan un responsable externo cuando ven que no van a llegar a las firmas”, aseguró en diálogo con El Observador.
Rodríguez aseguró que cualquier diputado o senador del Frente Amplio podría tomar el planteo de la Comisión y presentar un proyecto de ley para que se discuta. En ese caso, debería reunir dos tercios de los votos para poder modificar los plazos.
En Cabildo Abierto tampoco definieron una postura oficial y hay algunos legisladores que entienden que la pandemia sí incide en la recolección de firmas. De todos modos, los integrantes del partido seguirán dialogando en las próximas horas para definir una postura oficial.
