En un intento por disipar las preocupaciones sobre los mariscos en torno a la liberación de aguas residuales nucleares de Fukushima al océano, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, comió una variedad de sashimi a fines de agosto; el pescado crudo iba desde platija hasta lubina capturada en la zona de Fukushima.
Es “seguro y delicioso”, declaró el ministro con alegría durante un esfuerzo de relaciones públicas para revitalizar la industria pesquera, que se ha visto afectada por una prohibición china de productos del mar y la ansiedad de los consumidores por la liberación de aguas residuales.
El comentario de Kishida, que se hace eco de la misma narrativa del gobierno sobre la seguridad alimentaria posterior a Fukushima, fue muy aplaudido, tanto como su firme apoyo a la liberación de agua contaminada con tritio, un proceso de descarga que, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, cumple con los límites operativos de seguridad para la radiación.
Pero Maxim Polleri, profesor de antropología especializado en el manejo de las catástrofes nucleares, escribió en The Bulletin of the Atomic Scientistas que probablemente la liberación de las aguas de Fukushima erosionará irreversiblemente la confianza pública y creará tensiones irreparables y duraderas.
Según sus investigaciones, las políticas estatales en torno a la recuperación económica de Fukushima están fragmentando a las comunidades, lo que constituye en sí misma una catástrofe duradera.
Desde 2011, con la esperanza de recuperarse del peor desastre nuclear desde Chernobyl, Japón ha adoptado una política oficial de revitalización en Fukushima. La política tiene diferentes características, que convergen en un discurso de minimizar el riesgo de radiación, promover los productos alimenticios de Fukushima y repatriar a ex evacuados.
Si bien las políticas de este gobierno han dado a la población cierta sensación de normalidad, también han recibido una dura oposición, lo que está en la raíz de la discordia causada ahora por la liberación de aguas residuales nucleares.
Minimizar el riesgo de radiación.
Desde marzo de 2011, el gobierno de Japón y los expertos oficiales han dicho repetidamente a la población que los niveles de radiación liberados durante el desastre nuclear de Fukushima eran demasiado bajos para representar riesgos significativos para la salud, prefiriendo en cambio resaltar sus impactos en el bienestar mental.
Polleri asegura que, para muchos, el miedo y el estigma relacionados con el riesgo percibido de la exposición a la radiación ionizante se perciben en realidad como el riesgo real. A lo largo de los años, estos esfuerzos de relaciones públicas no lograron convencer a parte de la población, especialmente después de que una encuesta realizada por el Ministerio de Medio Ambiente revelara que los niños en Fukushima desarrollaban anomalías de la tiroides.
Si bien algunos expertos vincularon este aumento del cáncer de tiroides entre los jóvenes con la exposición a la radiación en Fukushima, el gobierno adoptó otra narrativa, en la que un “efecto de detección” condujo a la detección de quistes y nódulos tiroideos que de otro modo no se habrían descubierto.
En este contexto de narrativas contrapuestas, expresar preocupaciones sobre la seguridad radiológica en Fukushima ha creado divisiones comunitarias internas, especialmente porque el discurso del gobierno ha sido adoptado por ciertos segmentos de la población. Por ejemplo, las madres que evacuaron a sus hijos de Fukushima por temor a efectos adversos para la salud se han enfrentado a reacciones violentas de sus propios padres, que a menudo se negaron a ser evacuados, preocupados por no ver a sus nietos. En entrevistas realizadas por Polleri en 2015 se constató que los padres culpaban a la decisión de sus hijas de irse, diciendo a menudo que: “Los líderes del país dicen que es seguro, entonces, ¿por qué los contradicen?”
Promoción de la seguridad alimentaria.
Después del desastre, la seguridad alimentaria se convirtió en un tema polémico. Temerosos de la contaminación, muchas personas dejaron de consumir alimentos procedentes de Fukushima, lo que provocó una drástica reducción de las ventas de productos alimenticios. Para revitalizar las industrias agrícola y pesquera de Fukushima, el gobierno estableció criterios regulatorios y fomentó el consumo de alimentos a través de actividades de relaciones públicas, diciendo, al igual que Kishida, que los alimentos eran “seguros y deliciosos”.
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Al hacerlo, el gobierno buscó combatir lo que llamaba “rumores dañinos” sobre los riesgos de radiación, que llevaban a la gente a evitar los productos alimenticios. Pero como ocurre con la seguridad radiológica en general, a los ciudadanos les resulta difícil expresar sus preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, a pesar de que pruebas independientes mostraron casos de contaminación por radiación localizada. Como explicó una madre: “Otros miembros de la comunidad te dirán que dejes de difundir rumores. Entonces, es bastante difícil expresarse directamente”.
En Fukushima, las madres se quejaron de que los vecinos vigilan sus prácticas de compra. Cuando las madres no compran productos de Fukushima, se las acusa de ser antipatrióticas y de obstaculizar la revitalización de la región. Este tipo de incidentes dentro de las comunidades locales recuerdan la práctica tradicional del murahachibu: el ostracismo social basado en la vergüenza que se extendió en Japón durante el período Edo del siglo XVII al XIX y resurgió después del desastre nuclear de Fukushima y, más recientemente, la pandemia de COVID-19.
El plan del gobierno japonés de liberar aguas residuales radiactivas al océano probablemente exacerbará aún más el ostracismo social dentro de las comunidades locales.
Enredadas entre las presiones sociales para apoyar a su comunidad y la necesidad de proteger a sus familias como mejor les parezca, las madres se sienten obligadas a tomar decisiones imposibles. Las decisiones de las madres de evacuar a sus hijos de Fukushima afectan gravemente sus vínculos familiares, creando incluso desacuerdos dentro de las parejas en un nuevo fenómeno llamado “divorcio atómico”. Para empeorar las cosas, en un país donde el gobierno declara que Fukushima es seguro, la evacuación se presenta como innecesaria. En línea con su política, el gobierno anunció en 2017 la suspensión del apoyo financiero a las personas que decidieran no regresar a Fukushima. Masahiro Imamura, ministro de la Agencia de Reconstrucción, ilustró esta decisión diciendo que, de ahora en adelante, los evacuados voluntarios serían “autoresponsables” de su elección.
El autor señala que las demandas de evacuación son más difíciles de justificar ahora, y las madres que evacuaron hablaron de reacciones negativas de su comunidad, acusándolas de vivir de subsidios estatales. “Cada vez más se nos presenta como personas ‘molestas'”, le dijo al autor una madre en 2016. Ser crítico de las políticas del gobierno en Fukushima a menudo se mantiene en secreto, ya que las personas temen represalias por parte de su comunidad. Las madres hablaban de migoroshi –literalmente, “dejar morir a alguien”– para describir su situación como víctimas de las tensiones comunitarias creadas por las políticas posteriores al desastre.
El costo social de las aguas residuales nucleares.
Trágicamente, las catástrofes y crisis suelen ir seguidas de graves tensiones y crisis sociales. El triple desastre de Japón en 2011 (terremoto, tsunami y fusiones nucleares) no es una excepción. En Japón, estas desintegraciones comunitarias añaden un cuarto desastre, que dolorosamente persiste hasta el día de hoy.
La controversia en torno a la liberación de aguas residuales nucleares ya está creando tensiones que recuerdan mucho a las de 2011. Actualmente, Japón defiende agresivamente su posición a través de una serie de mensajes oficiales que exhortan a los ciudadanos a comer productos marinos japoneses y dejar de difundir rumores dañinos. Algunos ciudadanos han respondido a este llamado y el número de donaciones que apoyan los productos de Fukushima ha aumentado drásticamente. Sin embargo, las publicaciones en las redes sociales que promueven el consumo de alimentos ya son ridiculizadas o criticadas, irónicamente, por ser “de mal gusto”. A las madres de Fukushima también les preocupa que la ansiedad y las divisiones entre los residentes aumenten como lo han hecho en el pasado. Incluso los pescadores están divididos sobre el apoyo estatal: 151 miembros de esa comunidad han presentado una demanda contra el gobierno para detener la liberación de aguas residuales.
Ninguna narrativa basada en la ciencia salvará estas brechas. No se trata de cuestiones científicas, sino de preocupaciones sobre cómo se conceptualiza la recuperación, así como sobre quién es prescindible en la política posterior al desastre.
