Las dudas de la ONU sobre el proyecto del gobierno que habilita a internar a personas que viven en la calle

El proyecto viene siendo estudiado por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, que recibió un informe de varios delegados del organismo internacional 

“La internación compulsiva no puede sustituir la atención que corresponde en el marco de una política de desarrollo social —advirtió allí el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Francisco Mena—. Aunque el texto propuesto diga expresamente que esto no implica la privación correccional de la libertad de la persona, en los hechos podríamos estar frente a la decisión de una autoridad que implica una limitación a la libertad”. 

Según señaló, la evidencia internacional ha mostrado que muchas veces este tipo de decisiones urgentes y temporales han terminado siendo generalizadas y sin limitación de tiempo. Sobre todo, afirmó, con personas vulnerables por la pobreza, la discapacidad y el aislamiento. 

“Estamos ante la limitación del derecho humano a la libertad de circulación”, agregó. Un derecho que, dijo, puede limitarse únicamente por ley basada en razones de interés general. Allí, insistió, la principal preocupación radica en una multiplicidad de aspectos que el proyecto deja abiertos a una reglamentación posterior por parte del Poder Ejecutivo. 

En la misma línea se expresó Wilson Benia, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay. “En el caso de que alguien sustituya al sujeto de derecho, a la persona, y decida por ella (y eso implica un cuidado de forma coercitiva) hay un enorme riesgo de contravenir sus derechos de autonomía y autodeterminación”, afirmó. Planteó además que, en estos escenarios, se suele restringir fuertemente la capacidad de las personas de elegir qué tratamiento médico quieren. 

Junto con la vulneración de los derechos básicos, señaló, habrá otras consecuencias. “Estas escenas siempre tienen un componente traumático —dijo.— Generan un antecedente negativo que puede impedir que estas personas luego, a la hora de sentirse mal y tener otros malestares posteriores a esa situación puntual, recurran al sistema de salud”.

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El marco de referencia del organismo viene dado por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí se reconoce que las personas con problemas de salud mental tienen la misma capacidad jurídica y en igualdad de condiciones que el resto de la población. También, una guía de la Organización Mundial de la Salud, que estipula la eliminación del uso de prácticas coercitivas como el ingreso y el tratamiento forzados. 

Los especialistas recomendaron generar dispositivos que permitan preservar los niveles de autonomía que aún puedan persistir en estas personas. Por ejemplo, a través de redes conformadas por individuos en una similar situación que puedan ser entrenados, y redes comunitarias de trabajadores de salud que pueden darles sostén para ejercer esa autonomía. 

Nosotros no estábamos

En nombre de la ONU, Mena dejó otra advertencia. Según su análisis, el proyecto sería aplicable a menores, ya que expresamente señala a “personas de cualquier edad”, lo que agudiza la preocupación del organismo. “Posibles vulneraciones en este grupo etario resultarían aún más graves”, indicó. 

El representante también marcó la “indeterminación” que el proyecto plantea en cuanto a los lugares a los que serían llevadas esta personas, o en qué lugar y momento exacto del proceso el médico que deberá intervenir tendrá que acreditar por escrito la necesidad de internarlo. 

Los cuestionamientos de ONU generaron la inquietud de la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que citó una ley previa aprobada durante el gobierno de José Mujica que preveía, justamente, la internación compulsiva de personas en la calle. “La pregunta es si alguna de las agencias aquí presentes se expidió en aquel momento”, interrogó. 

La respuesta llegó por parte de Benia, el representante de la OPS. “Nosotros no estábamos en la organización en ese momento”, indicó.