Las energías renovables en América se mueven entre la promesa y el desarrollo real

Uno de los ejemplos más recientes, y de mayor envergadura, es la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos aprobada durante el año pasado que, pese a su nombre, se relaciona más con la transición energética que con la estabilidad de los precios.

El proyecto, heredero del plan "Build Back Better" ("Reconstruir mejor") presentado en 2020 por el entonces candidato presidencial Joe Biden, aunque menos ambicioso, supondrá la mayor inversión en energías renovables y medidas climáticas en la historia del país.

“Es por mucho el plan más ambicioso”, afirma el presidente de la organización medioambiental Sierra Club, Ramón Cruz. “Es un punto de inflexión”, asegura Cruz con relación a una iniciativa que reconoce antecedentes pero que, según su lectura, la magnitud de los proyectos que implica pone a la norma en un nivel nunca alcanzado.

El plan prevé una inversión de unos US$ 370.000 millones en financiación climática, la mayor parte dedicados incentivar la producción de energía limpia y la compra de vehículos eléctricos. Del total, unos US$ 11.000 millones ya se concedieron, según el grupo Campaña de Acción por el Clima, oenegé estadounidense que recientemente puso en marcha un mapa interactivo para monitorear el destino de las inversiones.

El entusiasmo, sin embargo, deja lugar a la cautela. A pesar de lo impresionante de las cifras, Cruz se muestra precavido. “Nosotros queremos asegurarnos que el trayecto hacia la energía limpia se concrete lo más rápido posible. ¿Si es suficiente? Es un gran avance, pero no, no es suficiente para la urgencia del problema”, dice Cruz.

Los datos oficiales justifican la cautela. Según el Departamento de Energía estadounidense, el 60% de la electricidad consumida por el país provino durante el año pasado de combustibles fósiles. Sólo el 21% se explica por fuentes renovable.

América latina

En México, por caso, la situación no es muy diferente. El 25 % de su energía proviene de fuentes renovables. Las condiciones geográficas, sin embargo, hacen que el país todavía tenga mucho potencial por explotar, según Paul Alejandro Sánchez,  profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey.

Su lectura, al igual que la de otros especialistas, apunta que el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su mandato con una clara fijación por los modelos energéticos tradicionales y sigue apostando con fuerza por los combustibles fósiles.

Recién en el último tramo de su mandato ha realizado un pequeño viraje hacia las energía renovables con proyectos como el Plan Sonora, del que destaca la planta solar de Puerto Peñasco con una inversión de US$ 1.600 millones que el Gobierno considera "la planta más grande de Latinoamérica" con una extensión de 2.000 hectáreas de paneles solares.

"Si hubiéramos empezado con esta dinámica desde el principio tendríamos otra situación", se lamenta Sánchez en referencia a la decisión inicial de López Obrador de apostar por un incremento de la producción y refinación de petróleo mediante la estatal Petróleo Mexicanos (Pemex), estrategia que se completa con el aprovechamiento del gas natural importado desde Estados Unidos.

Mientras tanto, en Brasil unas 20 empresas, principalmente grandes petroleras, han solicitado licencias para desarrollar unos 70 proyectos de construcción de parques eólicos en alta mar con capacidad para generar 170 gigavatios (GW) de energía. Una potencia que representa prácticamente toda la actual capacidad de generación instalada, que asciende a 190 GW, de los que 103 GW son de hidroeléctricas, 26 GW de energía solar y otros 23 GW de energía eólica.

"En los dos últimos años hemos estado preparando fuertemente el mercado brasileño para recibir la tecnología offshore y estamos trabajando en el aparato regulador, que debe estar listo en junio” explica la presidenta de la Asociación Brasileña de Energía Eólica (ABEEólica), Elbia Gannoum.

Entre las empresas interesadas se destacan la estatal Petrobras, las multinacionales Shell, Equinor y Total Energy, y la eléctrica Neoenergia (Iberdrola). En lo inmediato, tras la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, Petrobras y Equinor firmaron un acuerdo para evaluar la construcción de siete parques eólicos marinos con una capacidad instalada de 14,5 GW.

Según los estudios oficiales, Brasil tiene capacidad para generar hasta 700 GW de energía eólica en alta mar. Gannoum precisa que la instalación de los parques marinos será esencial para el desarrollo del hidrógeno verde, una tecnología que demanda una enorme cantidad de electricidad y con el que se espera sustituir en parte los combustibles fósiles y ayudar así a descarbonizar las economías.

Además, la semana pasada Iberdrola inauguró en Santa Luzia, en el noreste del país, el Complejo Renovable Neoenergia, su mayor proyecto de energía renovable en América Latina, un complejo eólico y solar con 0,6 GW de potencia instalada y que implicó una inversión de US$ 665 millones.

Argentina, otra de las grandes economías de la región, viene muy rezagada. Durante el año pasado, apenas abasteció el 13% de su demanda energética con fuentes renovables. La cifra, aunque menor en término absolutos, supone un gran incremento si se compara con el 2% que registraba en 2017 y el objetivo es llegar al 20% en 2025, según la ley aprobada en 2015 para incentivar las energías renovables.

La situación del país contrasta con la de su vecino Uruguay, en donde el 94% de la generación eléctrica se originó en fuentes renovables entre 2017 y 2021. El país es una anomalía positiva en la región y está a la vanguardia mundial. Un informe oficial presentado en octubre pasado subraya que el laboratorio de ideas Red de Política de Energía Renovable para el Siglo XXI (REN21) lo ubicó como el segundo país con mayor participación de este tipo de energías.

La clave: la descarbonización casi total de su red energética, que comenzó en 2010 y se logró gracias a una inversión público-privada de unos US$ 8.000 millones. Walter Verri, viceministro de Industria, Energía y Minería, señala que con dicha descarbonización el país ya cumplió con la primera transición energética. Para la segunda, entre los objetivos están la descarbonización del transporte y la industria, además del desarrollo de una economía del hidrógeno verde.

Popularizado como “el combustible del futuro”, el hidrógeno verde es también una de las grandes apuestas de Chile, que quiere convertirse en un exportador mundial. Según los expertos, la ventajosa posición geográfica del país, así como las condiciones climatológicas y la competitiva producción de energía solar y eólica, necesarias para obtener el hidrógeno verde, sitúan a Chile como una posible potencia exportadora.

Para 2023, el país quiere eliminar totalmente el uso del carbón para producir energía eléctrica, un combustible que en el norte de Chile generaba el 79% de la electricidad hace una década y ahora supone menos del 15%.

En Colombia, en tanto, el sector de las energías renovables “está dando sus primeros pasos”, según la directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables Colombia, Alexandra Hernández. Aunque la energía hidroeléctrica representa el 58,8% de la matriz energética, de los cerca de 19.000 MW de capacidad instalada, sólo 200 MW provienen de fuentes renovables, como la energía eólica y la solar, lo que equivale al 1% del total.

La petrolera estatal Ecopetrol, que lidera la transición energética, prevé tener operativas para este año un total de 19 plantas solares. También busca desarrollar el potencial de generación con biomasa en tres puntos del territorio, al tiempo que avanza en un acuerdo con dos compañías para realizar los estudios de viabilidad de un proyecto de energía geotérmica en inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz.

Por lo pronto, según el Monitor Global de Energía, una iniciativa originada en 2007 en respuesta al llamado a la acción del climatólogo James Hansen, si se suman los proyectos que ya han sido anunciados por las empresas, los que están en etapa previa a la construcción o efectivamente están siendo construidos, la capacidad eólica y solar a gran escala de América Latina y el Caribe aumentará en más del 460% para 2030.

Para entonces, según las proyecciones de la entidad, la región produciría unos 319 gigavatios de energía solar y eólica, cálculo que sólo tiene en cuenta los parques solares que generan más de 20 MW y las eólicas de más de 10 MW, sin tener en cuenta la energía que producen las hidroeléctricas.

Fragilidades subyacentes

“La actual crisis en cascada y sus efectos, incluyendo el aumento de la pobreza, una nueva década perdida en crecimiento, alta inflación y restricciones fiscales, han puesto en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas energéticos de los países, con impactos negativos en la seguridad, equidad y sostenibilidad energética”, afirmó días atrás el secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinach.

Lo advirtió durante el Taller de Expertos de Alto Nivel para el Informe Especial sobre América Latina del Panorama Energético Mundial 2023 de la Agencia Internacional de Energía (IEA). En ese contexto, Salazar-Xirinach recordó que todavía existen 16 millones de personas en la región que no tienen acceso a la electricidad. Situación a la que se suma la alta fragilidad de los países que dependen de las importaciones de combustibles fósiles, lo que revela la escasa diversificación de la matriz energética.

“Todo esto nos aleja del cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, cuyo avance es insuficiente o muy lento para alcanzar las metas de proporción de renovabilidad y de eficiencia energética en la región como un todo”, indicó Salazar-Xirinach.

En lo inmediato, las miradas están puestas en la  Cumbre Anual de Energía de América Latina  que se llevará a cabo los próximos 19 y 20 de abril en Santiago de Chile. La convocatoria reunirá a las empresas regionales de energía, compañías de ingeniería, desarrolladores de proyectos de infraestructura, empresas constructoras e inversionistas; además de funcionarios gubernamentales.

(Con información de la agencia EFE, de IEA y la CEPAL)