Las Fuerzas Armadas brasileñas se desplieguen para expulsar a la minería ilegal de las tierras de los yanomamis

Los buscadores de oro que provienen de regiones pobres, como el estado de Maranhao, en el nordeste de Brasil, cruzan la selva con sus escasas pertenencias sobre sus espaldas. Algunos lo hacen con sus familias. Todos en un intento por abandonar los campamentos clandestinos y salir de la región.

Según los medios locales, los garimpeiros, como se conoce a los buscadores de oro, que se cifran entre 20.000 y 30.000, empezaron a abandonar la región luego de que el Comando Conjunto Amazonia de la Fuerza Aérea brasileña lanzara la Operación Escudo Yanomami para expulsar la minería ilegal en el estado de Roraima y en una porción del adyacente estado de Amazonas.

La zona que incluye la Tierra Indígena Yanomami, ubicada en la frontera entre Brasil y Venezuela, quedó sellada luego de que las fuerzas federales cerraran el espacio aéreo, bloquearan los accesos terrestres e implementaran retenes en las vías fluviales para impedir la circulación de avionetas, helicópteros y lanchas que transportan suministros hacia los asentamientos mineros.

El operativo, ordenado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el reclamo de los yanomamis, que denuncian a la minería ilegal de contaminar los ríos con mercurio, destruir la selva y asesinara miembros de su comunidad, además de desencadenar una crisis alimentaria y sanitaria que está devastando al pueblo, amenaza con desatar una ola violencia.

Los líderes de la comunidad aseguran que la retirada de los garimpeiros podría llevar meses e incrementar los riesgos para las aldeas yanomamis debido a que los buscadores de oro sólo pueden dejar la zona a pie, luego que los organizadores que financian la minería ilegal se retiraran dejándolos sin insumos, víveres y transporte.

Los medios periodísticos de Roraima y Amazonas señalan que el éxodo comenzó luego de que Lula da Silva firmara el 31 de enero el decreto que prohíbe todo tipo de actividad minera en los territorios indígenas. Y se acentuó con la llegada de los primeros efectivos de las fuerzas federales que presionan a los mineros. Las denuncias apuntan en especial a las bandas armadas que sostienen la actividad, las que en los últimos días invadieron y saquearon aldeas y cuatro postas sanitarias en busca de medicamentos y alimentos.

Tras la llegada de unos primeros 80 efectivos a Roraima para reforzar de inmediato el operativo, se espera ahora que un demorado contingente de otros 500 arribe para ampliar la búsqueda, cierre y destrucción de pistas de aterrizaje y campamentos, en momentos en que centenares de garimpeiros se concentran en las instalaciones para pedirle a las autoridades que los saquen del territorio.

En este contexto, el ministro de Justicia Flavio Dino afirmó que el gobierno central espera que “por lo menos el 80% de los mineros hayan salido por su cuenta de la zona” antes que las fuerzas federales empiecen a desalojarlos por la fuerza y reiteró su promesa de procesar a "todos aquellos que cometieron delitos como genocidio, crímenes ambientales, financiación de la minería ilegal y lavado de dinero".

"Yo no fui a la escuela. A mi edad, ¿de qué voy a vivir?", dijo a la agencia de noticias AFP uno de los mineros, mientras recorría un camino de tierra batida en las afueras del pueblo de Alto Alegre con destino a su casa, en Boa Vista, la capital de Roraima, a unos 85 kilómetros del lugar.

En la búsqueda de una solución, la ministra de Pueblos Indígenas Sonia Guajajara precisó que Lula da Silva y el gobernador de Roraima, Antonio Denarium, estudian “alguna forma de restaurar los magros ingresos” que reciben los buscadores de parte de los organizadores y financista de la minería ilegal, una actividad histórica que tuvo una trayectoria ascendente desde 2016, cuando Michel Temer asumió la presidencia.

Mientras tanto, en el río Uraricoera, para interrumpir la cadena de suministro de los mineros, los efectivos federales incautaron una docena de embarcaciones con una tonelada de alimentos, heladeras, generadores de electricidad y antenas de internet, al tiempo que bloquearon el curso fluvial, que discurre íntegramente por el estado de Roraima.

El éxodo de los garimpeiros despertó la alarma también en Boa Vista, donde las autoridades esperan que en los próximos días arriben miles de buscadores de oro en busca de refugio y algún medio que les permita sobrevivir, ciudad a la que fueron trasladados unos 700 indígenas hambrientos y enfermos para ser atenidos en un centro médico temporal.

Un buscador de oro de 58 años, que pidió ser identificado como "Parmalat", dijo a la agencia AFP que le molesta ser tratado como un criminal. “Los corruptos suelen quedar impunes y a nosotros nos tratan como si no valiéramos nada, como si fuéramos criminales. Los verdaderos delincuentes no son tratados así", afirmó el hombre.

Según los observadores locales, el masivo éxodo de los garimpeiros, sumado a las bandas armadas y a un panorama general caracterizado por la desocupación y la pobreza, están generando un coctel explosivo. En ese contexto, la Policía Militar con asiento en Roraima lanzó la “Operación Escudo” con el objetivo de “intensificar su presencia y prevenir trastornos” entre la población local y los garimpeiros que huyen.

En lo inmediato, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) informó que las autoridades federales ya comenzaron a destruir los bienes confiscados en las minas, incluyendo helicópteros, avionetas y excavadoras. Por su parte, el ministro de Defensa José Múcio reiteró, en declaraciones al canal BandNews que recoge la agencia AFP, que “todo vuelo sospechoso será desviado y el avión deberá aterrizar para ser identificado".

"Sabemos cuál es el origen del problema. La presencia del garimpo ilegal (minería de oro clandestina) es muy fuerte en el territorio yanomami y será desmantelado. Los vamos a enfrentar y a cortar el mal por la raíz", dijo Múcio al visitar el terreno acompañado de los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, así como del jefe de la Policía Federal, ocasión en la que destacó el "esfuerzo coordinado de todas las instituciones".

Según señalaron los expertos brasileños en temas de Defensa, se trata de la primera vez en la historia del país que la Fuerza Aérea toma el control de un operativo conjunto con el Ejército y la Armada. La máxima responsabilidad recayó en el brigadier mayor Raimundo Nogueira Lopes Neto, quien asumió al frente de la aviación militar en el marco de la renovación de la cúpula castrense decidida por Lula da Silva apenas asumió la presidencia.

Desde esa posición, y según el comunicado del comando conjunto, Lopes Neto debe informar al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas acerca de las necesidades económicas, logísticas y materiales, además de decidir acciones para expulsar a las organizaciones dedicadas a la minería ilegal, como así también coordinar la actuación de las Fuerzas Armadas en el territorio con los ministerios de Salud, Justicia, Pueblos Indígenas y Medio Ambiente.

En tanto, los militares desplegados en la región ya instalaron un hospital de campaña en Boa Vista, donde llevan atendidas a "más de 300 personas, en su mayoría niños", dijo en una conferencia de prensa Juliana Freire Vandesteen, comandante del centro médico. "Hay muchos casos de neumonía, parásitos intestinales, malaria y muchas enfermedades de la piel", añadió la oficial del Ejército.

En lo inmediato, las expectativas están puestas en que el despliegue de las fuerzas federales desaloje en forma definitiva a la minería ilegal sin causar nuevas tensiones entre los garimpeiros y los yanomamis, en una región que vio proliferar una economía en torno a la extracción ilegal de oro que, en el mercado clandestino de Roraima, se vende a unos U$S 55 el gramo y se utiliza, por ejemplo, como pago a los pilotos de las avionetas y lanchas clandestinas que conforman la red logística de la actividad.