Opinión > EDITORIAL

Las leyes y la política

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16 de enero de 2020 a las 05:00

En Uruguay, como en el conjunto de países de América Latina y probablemente por herencia hispánica de la época de la colonia, hay una tendencia en creer que todos los problemas se solucionan con y desde el derecho escrito. En ese sentido, hay una falsa expectativa sobre la readecuación constante de leyes en respuesta a desafíos viejos o nuevos que muchas veces tienen una raíz consuetudinaria.

Del enorme peso ideológico del sistema jurídico normativo se pueden explicar desde propuestas de reformas constitucionales, pasando por el enorme valor que tiene en la buena imagen de los parlamentarios la redacción de leyes en términos cuantitativos o la creación de ministerios para reforzar o impulsar reformas en determinadas áreas de gobierno sobre lo que vamos a reflexionar a continuación.

No quiere decir que nunca amerite una reformulación del organigrama del Estado, pero tampoco que este sea un instrumento en permanente revisión. No todas las deficiencias tienen origen en la arquitectura institucional.

Es por eso muy atinado el detenimiento de la creación de la Universidad de la Educación para la formación de maestros y profesores que anunció el futuro ministro de esa cartera, Pablo da Silveira, del próximo gobierno.

Como dijo Da Silveira, el Frente Amplio “ponía las carretas delante de los bueyes” en la instalación de una Universidad de la Educación porque antes hay que  repensar la formación de los docentes en consonancia con la reforma de la enseñanza en general.

Y, por otro lado, es imprescindible definir mejor el funcionamiento y forma de gobierno de la eventual Universidad de la Educación.

La misma sensatez y prudencia nos gustaría ver reflejadas en la propuesta de creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que se incluiría en la ley de urgente consideración del gobierno entrante de Luis Lacalle Pou.

No hay todavía argumentos profundos que justifiquen hoy la necesidad de una nueva secretaría de Estado en áreas muy importantes, pero que perfectamente podrían continuar gestionándose desde el actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

La pérdida de calidad del agua, por ejemplo, no es responsabilidad de que los recursos hidrográficos se gestionen desde una dirección como tampoco los problemas derivados del cambio climático.

Nos parece una iniciativa apresurada y que, además, contradice en cierta manera el objetivo de ahorro del gasto público de US$ 900 millones al año, una promesa durante la campaña electoral de Lacalle Pou, para bajar un déficit fiscal del 5% del PIB.

Por más que la estrategia sea  “cortar la grasa sin cortar el músculo” del Estado, según expresó Tabaré Hackenbruch, designado como subsecretario de Mvotma, para que el eventual ajuste no afecte funciones sensibles, la instalación de un ministerio siempre representa una erogación presupuestal.

El gobierno entrante debería iniciar su mandato  con el objetivo de mejorar la gestión, pero sin medidas que hagan crecer el tamaño del Estado por más insignificante que sea.

No es una tragedia que al arranque de un nuevo gobierno no exista un ministerio específico sobre el medioambiente. No creemos que ello afecte más la calidad del agua ni que nadie culpe a Uruguay de un aumento de la temperatura del planeta Tierra.

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