Nacional > INDIGENCIA
Las personas que viven en la calle: un problema en el que todos se pasan la pelota
Los campamentos de varias personas instalados en los recovecos y esquinas de la ciudad no son ajenos a ningún montevideano. El tema fue motivo de indignación hasta para el intendente Daniel Martínez, quien en abril de este año envió una carta al presidente Tabaré Vázquez para expresarle su preocupación por el creciente número de indigentes.
El último dato registrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en 2016 da cuenta que alrededor de 1600 personas viven en la calle. Pero además de ese número que está cubierto con los cupos del Mides en refugios, hay unas 700 personas que duermen en la vía pública, según detalló a El Observador la titular de la Dirección Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, Eleonora Bianchi.
Bianchi asumió ese cargo en el Mides en diciembre de 2017, aunque antes ejerció, entre otros lugares, en la Intendencia de Montevideo (IMM) como directora de Acondicionamiento Urbano en el período de la comunista Ana Olivera, ahora subsecretaria del Mides.
Consultada sobre la aparición de esta nueva modalidad de indigencia, vinculada a los campamentos, Bianchi aseguró que el ministerio ha visto un aumento en los últimos meses de este tipo de conductas.
“Y sí. Nosotros lo hemos visto. Nos da la impresión de que en algunos casos es posible que esté vinculado a personas que han salido de la privación de libertad”, explicó. Sin embargo, aún no hay una investigación profunda sobre las causas de este fenómeno. La directora aseguró que se está investigando y que, probablemente, para el año que viene se tendrán datos más concretos sobre los campamentos en las calles.
El Mides coordina y convoca el programa Intercalle, una instancia en la que están presentes varios organismos del Estado, como la IMM, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio del Interior, la Junta Nacional de Drogas (JND), el Instituto Nacional del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y el Banco de Previsión Social (BPS).
Allí, según Bianchi, se discuten todos los temas vinculados a las personas que viven en la calle, entre ellas la instalación de campamentos. La competencia del Mides en ese ámbito se limita a “brindar una alternativa a aquellas personas que están viviendo en la intemperie”. Sin embargo, retirar a esas personas de las calles corresponde a la IMM, la “policía del espacio público”, y al Ministerio del Interior, sostuvo.
“Son personas que lo que trasladan es que no quieren vivir junto a otros”, agregó e insistió en que “hay una cuestión clara” que es que el Mides no es el único que tiene competencia en esta situación.
Desde el Departamento de Desarrollo Social, que gestiona el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), su directora, Fabiana Goyeneche, aseguró recientemente a El Observador que no comparte la criminalización de las personas que habitan en los espacios públicos y que cabe plantearse una reformulación de la ley de faltas de cara al futuro.
Para Bianchi la ley está vigente y, por lo tanto, hay que cumplirla. “Es una responsabilidad. La ley de faltas está vigente. Ningún funcionario público puede no cumplirla, ninguno”, precisó.
La directora también aseguró que el Mides señala a la IMM aquellos lugares de la ciudad en los que detecta irregularidades de este tipo, para que la comuna retire a las personas, con el apoyo del Ministerio del Interior. “Cada vez que lo solicitamos, ellos actúan”, comentó.
El director de Cecoed Jorge Cuello afirmó a El Observador que la Intendencia “no es la ley de faltas”. En este sentido, explicó que la comuna se encarga de la “desocupación”, con el apoyo de dos agentes del Ministerio del Interior. Pero, una vez que se procede a la desocupación y se limpia el lugar, a la Intendencia no le corresponde llevar a las personas a la puerta de la ley de faltas, según Cuello.
El jerarca del Cecoed sostuvo que de forma diaria la Intendencia procede a la “desocupación” de los espacios públicos, pero que esa es la única responsabilidad del Cecoed.
Según los últimos datos sistematizados por el Poder Judicial, en 2016 se concluyeron 76 procesos en el marco de la ley de faltas por ocupación indebida de espacios públicos. De ese total, en 73 casos fueron hombres y en los otros tres mujeres.
La carta de Abt a Goyeneche
El alcalde del Municipio CH, el nacionalista Andrés Abt, envió una carta abierta a la directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, en la que discrepó con su visión sobre el derecho de las personas en situación de calle a ocupar los espacios públicos.
Goyeneche había declarado a El Observador que, en la medida que no perjudique a nadie, “el espacio público es para todas las personas” y así debiera ser “permitido” y “respetado”.
“Sin dudas, el mayor perjudicado es la persona que se encuentra en situación de calle, pero también genera inconvenientes desde el entorno, por lo cual es fundamental que el Estado encuentre una solución”, argumentó Abt.
El alcalde relató que desde su municipio se pidió una reunión con algunos de los organismos que participan en la Intercalle, como el Mides, el MSP, la IMM y el Ministerio del Interior. Según el relato, concretar la reunión llevó meses. “Cuando finalmente se realizó, la misma fue muy desalentadora. Nos encontramos con que no existe un protocolo único de actuación, al tiempo que cada institución culpaba a la otra de la situación y de las acciones desarrolladas”, agregó el alcalde.
Los reclamos de Jorge Vázquez
El pasado 21 de noviembre el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, fue entrevistado por Aldo Silva en el programa Fuentes Confiables de Radio Universal. Allí, el jerarca se refirió a las personas en situación de calle. Al ser consultado sobre la posibilidad de que exista una relación directa entre la cantidad de personas en situación y el aumento de los delitos, Vázquez respondió: “Nosotros creemos que sí”.
El viceministro del Interior añadió que “la inserción social y laboral” de quienes no disponen de una vivienda para pernoctar “es fundamental para disminuir el número de delitos”, y que uno de los mayores problemas sociales que enfrenta el gobierno es que quienes egresan de las cárceles lo hacen sin trabajo y sin tener afuera ”dónde vivir”.
“Nosotros tenemos personal que recorre de noche los lugares para ver quién está durmiendo y en qué lugar, para levantarlos y llevarlos a la puerta de ingreso del Mides para que tengan dónde dormir”, dijo Vázquez.
