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Viajes de Toma: las razones del expresidente de la Jutep para "pedir más información"

El expresidente de la Jutep señala que es necesario obtener más datos pero que "eso lo verá la Junta actual"

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17 de septiembre de 2020 a las 13:24

El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, discrepó con la resolución de los entonces jerarcas –el vicepresidente Daniel Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez– que dieron por "satisfactoria en todos sus términos" la respuesta del exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, sobre las misiones oficiales a Roma junto con la contadora Giuliana Pérez Muñiz.

Cuando las autoridades de la Jutep zanjaron el asunto el 9 de enero, Gil Iribarne estaba de licencia. Fue por eso que el 22 de enero, cuando tomó nota de la resolución, dejó de manifiesto en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.

En diálogo con El Observador, el exjerarca consideró la decisión de sus colegas "por lo menos apresurada". Luego de que el vicepresidente Borrelli recibiera una denuncia anónima por mail –que sugería "averiguar bien quién fue a Roma por el juicio contra los militares"– la Jutep pidió a Presidencia de la República información sobre dichas misiones.

La réplica llegó a la junta el 7 de enero con explicaciones brindadas por Miguel Ángel Toma, y dos días después Borrelli y Rodríguez redactaban: "Vuestra contestación se tuvo por satisfactoria en todos sus términos".

"Mi idea era posteriormente avanzar", contó Gil Iribarne. "Pero fue a fines de enero, que renuncia el doctor Borrelli y a principios de marzo renuncia Matilde Rodríguez, así que no hubo posibilidad de avanzar en ese sentido", añadió. "Es bastante excepcional en la Jutep en estos años que algo se archive tan rápido", dijo.

Como segundo motivo para plantear sus reparos, el expresidente señaló que habiendo integrado la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos– que funciona en la órbita de Presidencia y está conformada por diversos jerarcas de gobierno– "en ningún momento se mencionó que en los juicios en Roma se iban a tratar esos temas".

En la respuesta brindada por Toma a la Jutep, la exautoridad argumentó que la contadora Pérez Muñiz –funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)– ofició en las misiones oficiales "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales" y describió: "Además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia".

"Yo fui a Roma como testigo pedido por la Fiscalía y jamás se habló de ese tema", aseguró Gil Iribarne. El juicio en Roma determinó la cadena perpetua para 24 jerarcas y exmilitares por desaparición de italianos en el marco del Plan Cóndor en América Latina. La sentencia alcanzó a 12 militares uruguayos– entre ellos Gilberto Vázquez y José Nino Gavazzo– y al excanciller Juan Carlos Blanco.

Como tercer argumento, el expresidente de la Jutep planteó: "Hay un viaje (a Roma) informado en diciembre cuando en julio ya había sido expedido el fallo. Faltaba que se publicaran los fundamentos, pero el fallo ya había sido expedido".

Así Nos Va señaló que Pérez Muñiz integró la delegación de las misiones oficiales comandadas por Toma en julio y diciembre de 2019.

La condena fue determinada por la Justicia italiana el 8 de julio del año pasado. Los fundamentos de la misma se dieron a conocer en enero de este año.

Además, Gil Iribarne apuntó que le "llamó la atención que fuera (a las misiones oficiales) una contadora tan joven". Según el informe de Así Nos Va, Pérez Muñiz se recibió de contadora pública de la Universidad de la República el 4 de diciembre de 2018, y comenzó a trabajar en la Senaclaft en abril de 2019.

El entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo a Búsqueda que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. El exjerarca añadió: “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.

Según la versión de Gil Iribarne, lo mismo le dijo a él en enero.

"Todo eso me llamó la atención y no venía explicado en la respuesta", comentó. "Con esos elementos no tenía opinión de que había algo irregular, pero me pareció que sí era evidente que había que pedir más información".

"Lo que hay que ver es cuáles son las eventuales irregularidades", declaró el expresidente de la Jutep. "Sigo pensando que lo primero que hay que hacer es pedir más información. Pero eso lo verá la Junta actual", remató.

Fuentes de la Jutep comentaron a El Observador que una posible reapertura del caso aún no ha sido discutida ni está en agenda a la fecha.

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