Las seis claves del polémico régimen de excepción salvadoreño que genera un efecto en toda Latinoamérica

La aplicación de esta controvertida política gubernamental denominada en su país "guerra contra las pandillas" gana adeptos en la derecha regional, sobre todo en la más conservadora.

Pero al mismo tiempo, causa alarma y rechazo de organizaciones de Derechos Humanos, mientras que en la izquierda latinoamericana generó el llamado “efecto Bukele”.

Se trata de un intenso debate sobre la forma de lucha de un Estado contra las estructuras criminales que ocupan territorios y cuyos riesgos están a la vista: rompe la delgada línea que lleva al autoritarismo y pone en jaque las libertades y el respeto a los Derechos Humanos.

El estado de excepción de Bukele entró en vigencia el 26 de marzo de 2022 y fue decretado a raíz de un llamado de emergencia que hizo el mandatario salvadoreño al Poder Legislativo, luego de una escalada de violencia que dejó sólo ese día 62 personas asesinadas y, en menos de una semana, un saldo de 87 víctimas mortales en manos de pandillas.

"Hace exactamente un año, cerrábamos el día con 62 homicidios. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este gobierno. Ahora, un año después, cerramos con 0 homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia", se jactó Bukele la madrugada de este lunes a través de Twitter, donde citó cifras de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

El mismo día, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, ofreció un balance sobre los resultados que, según su óptica, dio la implementación del régimen de excepción durante su primer año.

En resumidas cuentas: se percibe una disminución importante en la tasa de homicidios y la captura de gran cantidad de personas vinculadas a las organizaciones delictivas.

Sin embargo, los cuestionamientos contra esta medida gubernamental no paran. Organizaciones de Derechos Humanos advierten que durante el régimen de excepción las fuerzas de seguridad cometieron más de 4.500 abusos contra la población, entre detenciones arbitrarias, acoso, amenaza, violencia sexual, torturas y lesiones personales, al perderse desde el Estado todo límite entre lo legal y lo ilegal.

1. Cifras

De acuerdo al ministro Villatoro, durante este primer año del estado excepcional, las autoridades policiales y militares capturaron a 66.417 personas que son calificadas por la administración de Bukele como "terroristas" y "pandilleros".

En los procedimientos realizados contra la actividad criminal, las fuerzas de seguridad incautaron 2.547 armas de fuego, 3.292 vehículos, 15.878 teléfonos celulares y US$ 3 millones en efectivo. Además, desarticularon a las principales pandillas, capturando a 10 de 15 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS), y detenido al "pilar nacional" del grupo criminal Barrio 18.

En relación con la tasa de homicidios calculado en base a los últimos doce meses, Villatoro detalló que durante el estado de excepción la cifra actual es de 3,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en 2015 era de más de 106 personas asesinadas por cada 100.000.

El ministro también se refirió a la mega cárcel que recientemente abrió la administración de Bukele, que incluye celdas de castigo sin camas, ventanas o luz. A ese recinto, dijo el alto funcionario, ya fueron trasladados 4.000 presos que se mantienen bajo estrictas normas de máxima seguridad.

2. Control del territorio

Según el alto funcionario, las medidas aplicadas bajo el régimen de excepción permitieron al Ejecutivo recuperar el control sobre el territorio salvadoreño, algo que no ocurría desde hace años.

"El régimen de excepción es el Estado recuperando la tutela y vigilancia de nuestra población. Esto nos lleva a más de un 96% de aprobación", agregó Villatoro.

"A nivel policial estamos coordinando con países vecinos, como México, los Estados Unidos, Belice y Costa Rica, para traer a estos pandilleros para que enfrenten la justicia salvadoreña. Sabemos cómo operan en la parte sur de México y Guatemala, y los estamos capturando", dijo.

3. Justicia

El gobierno señala que, antes de que el país entrara bajo el régimen excepcional, la distribución de la justicia en El Salvador privilegiaba la impunidad en los casos de violencia letal, porque escaseaban los jueces para enfrentar los delitos generados por las pandillas.

"Antes de empezar esta guerra teníamos 400 jueces para ver casos de delincuencia común y sólo 11 para enfrentar al principal enemigo de la sociedad. Los cambios hechos nos permiten tener una infraestructura judicial acorde al enemigo al que enfrentamos", explicó.

Para Villatoro, la decisión de Bukele de decretar el polémico régimen excepción, "no fue fácil, ni antojadiza, sin embargo, sirvió para que el Ejecutivo, a través de la Constitución, imponga un Estado de Derecho para poder echar a andar un protocolo de guerra contra las pandillas".

4. "Cultura de la muerte"

En la versión oficial, el estado de excepción le dio un golpe a la impunidad y sobre todo a la "cultura de la muerte" que imponían las pandillas, como eran los contantes abusos que perpetraban contra la población.

"Venimos de una cultura de la muerte donde, si no se pagaba renta o mandabas a los hijos para que fueran parte de las pandillas o se enviaba a las hijas para tener relaciones sexuales, mataban, y eso no lo entienden muchas comunidades internacionales y algunas organizaciones", comentó.

Además, dijo, el régimen de excepción quebró la figura que las pandillas llaman “apertura de válvula”. "Como decían estos grupos terroristas, la utilizaban para tratar de conseguir beneficios y demostrar su poder".

5. Críticas

Bukele defiende a capa y espada tanto el régimen de excepción como su llamada "guerra contra pandillas". Su postura lo llevó a confrontarse con organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos que alertan sobre las violaciones y abusos de autoridad que según las denuncias se están ejecutando bajo la cobertura de combatir a las maras.

De igual forma, la propaganda política de Bukele a favor de sus acciones gubernamentales lo mantienen en tensión con buena parte de la prensa internacional que califica de "dantescas" las fotografías y videos de presos amontonados en un mismo lugar, poco menos que desnudos y en gesto de sumisión que el propio mandatario salvadoreño publicita en sus redes sociales.

Además, Bukele es señalado como "autoritario" y criticado por gobiernos de muy distintos perfiles como los Estados Unidos, Chile y Colombia. De igual forma, se ganó cuestionamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que provocó réplicas destempladas del mandatario salvadoreño, al punto de entrar en peleas mediáticas con estos países, como ocurrió recientemente con su par colombiano, Gustavo Petro.

"Iré de vacaciones a Colombia", fue la provocadora propuesta de Bukele tras sus altercados con el presidente colombiano, empeñado en terminar con el estado de guerra interno en que está inmerso su país desde hace más de medio siglo.

6. "Modelo ejemplar"

El régimen de excepción prende las alarmas de la izquierda y de organizaciones de Derechos Humanos, que advierten sobre el peligro de políticas de represión desmedida y falta de garantías constitucionales.

La experiencia de las dictaduras de los ‘70 y ‘80, y aun la violencia paraestatal en muchos países de la región, son un espejo donde se puede ver la doctrina “pacificadora” del jefe de Estado salvadoreño.

Paralelamente, la política de Bukele agrada a las derechas regionales que ven en esa medida una postura radical que puede ganar adeptos y ser utilizada con fines electorales, al tratarse de una política con respaldo popular.

A pesar de que el régimen excepcional de Bukele limita las garantías constitucionales, permite a policías y militares realizar detenciones masivas contra cualquier persona considerada como delincuente, privarlas inmediatamente de su libertad, enjuiciarlas sin testigos ni defensa, e incomunicarla de sus familiares.

Ya hay a nivel regional voces favorables de replicar el "modelo" Bukele y se observan en países como la Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, por mencionar algunos.

Las posturas a favor del modelo de restricción de libertades para “terminar con el caos” con mano dura provienen, sobre todo, de sectores de la ultraderecha, como el uribismo en Colombia, aliados del excandidato presidencial chileno Antonio Kast, el diputado y posible aspirante a la presidencia de la Argentina Javier Milei, las distintas facciones extremistas en Venezuela, entre otros. Describen a esta política como un "modelo ejemplar", sin importar el precio que deba pagarse con la violación de los Derechos Humanos y la falta de marcos legales precisos.

Aunque el régimen de excepción de Bukele comenzó como una medida de emergencia que procuró atender una situación específica, se extendió y se convirtió en el eje fundamental de su gestión, mientras las garantías y derechos constitucionales de la población quedaron en suspenso.

(Con información de la cadena estatal rusa RT)