Nuevas reglas de juego empiezan a correr para la construcción tras la definición de un nuevo convenio laboral que se estableció entre el Sunca y las cámaras empresariales y que regirá al sector en los próximos cinco años.
En este marco, Café y Negocios reunió en el streaming de El Observador a cuatro referentes del sector para analizar los temas centrales que ocuparán la agenda del sector de aquí en adelante.
En su análisis del impacto del acuerdo salarial en el sector, el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, estimó que “no es para hacer regla de tres y decir cuánto me va a pegar esto”. Hay muchas variables que juegan, no solo el costo que tendrá para las empresas, “sino la incorporación que uno tiene que hacer a lo largo de estos años de tecnología”, y remarca que “la mano de obra tiene competidores como son las herramientas más modernas”.
“Hay una cantidad de áreas donde se va incorporando tecnología que sustituye mano de obra”, enfatizó Ruibal.
¿Cómo sostener el alto nivel de ingresos de los trabajadores junto con el nivel de actividad del sector?, se preguntó a propósito el director de Stiler y Grupo Avax, Marcos Taranto, partiendo de la base de que un peón práctico percibe en el entorno de los $ 60.000 y un oficial alrededor de $ 80.000. En este sentido Taranto señaló que la clave es “Innovación, innovación e innovación”, tanto en sistemas constructivos, como en el diseño, incorporación de maquinaria, y teniendo en cuenta “la contracción al trabajo para poder sostener estos niveles de remuneración”.
En este sentido, Alfredo Kaplan, director de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción apuntó que a nivel de los desarrolladores el aumento de costos derivado de la reducción de la jornada laboral es “innegable”.
Para el referente de los promotores privados -que invierten más de US$ 2 .500 millones al año en desarrollos inmobiliarios en Uruguay- estos aumentos impactarán directamente en la rentabilidad de los proyectos. Es en este punto en el que los desarrolladores deberán “analizar cuidadosamente qué es lo que pueden trasladar a precios” y qué no; “hay que ver hasta dónde el mercado puede absorber ese tipo de situaciones”, subrayó Kaplan.
Por su parte, Ernesto Kimelman señaló que uno de los principales problemas de la construcción a nivel local radica “en el desfasaje tremendo que existe entre los costos de la construcción y los precios de venta”.
Para mitigar esa brecha el director del estudio Kimelman Moraes propuso que, como contraprestación por los beneficios fiscales que reciben los promotores para desarrollar vivienda promovida, se obligue a vender en unidades indexadas y no en dólares como una forma de “reconducir el mercado hacia una forma de transar muchísimo más saludable para todos, para compradores y para vendedores”.
De cara a atraer más inversión inmobiliaria hacia el país, Kaplan resaltó que los desarrolladores solicitaron al Ministerio de Vivienda información acerca de cuáles van a ser las nuevas zonas de viviendas promovidas que pueden dar alternativas de inversión para proyectos nuevos. “Estamos esperando la respuesta que nos dijeron que va a ser para antes de fin de año”, concluyó.
¿Para quién se construye?
En 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas señalaba una media de 3,9 personas por cada hogar. En el de 2023 bajó a 2,1. “En esos años se generó con la misma población un 80 % más de necesidades de acceso a inmuebles. Y a eso estamos apuntando, en eso estamos trabajando, y los desarrollos apuntan a ese lado”.
“Hay que mirar al activo inmobiliario como refugio de patrimonio y refugio de valor”, apuntó Taranto y destacó la convivencia de inversores con familias y jóvenes en un mercado en el que han crecido los alquileres impulsados por un aumento del stock de oferta a raíz de los incentivos de la vivienda promovida y también de la mayor predisposición de las nuevas generaciones hacia el arrendamiento.
