El documento en el que la fiscalía fundamentó el archivo permite sacar algunas conclusiones sobre el caso
Una de las noticias judiciales de la semana fue el archivo de la indagatoria penal sobre el robo de más de US$ 1 millón al fondo social del Sunca (Fosvoc), destinado a ayudar económicamente a los trabajadores necesitados.
Después de leer los argumentos del fiscal sobre por qué archivó, se pueden sacar dos conclusiones principales: que no se llegó a fondo en la investigación y que tanto el sindicato de la construcción como el Partido Comunista del Uruguay (PCU) se manejan con una desprolijidad que hace imposible que puedan ser controlados en sus finanzas, siendo que además ambos son sujetos obligados en las normas antilavado. De esto te hablaré en esta newsletter EnClave.
La denuncia realizada por el propio Fosvoc al descubrir los desvíos, permitió conocer que un grupo de sindicalistas se robó más de US$ 1 millon a través de dos maniobras: se disfrazaron 193 transferencias de “pagos a proveedores”, que iban a una lista de trabajadores que lo retiraban y se lo entregaban en efectivo a determinados compañeros; y la entrega de partidas especiales, sin reembolso, inventando un cáncer terminal, un trasplante de órgano o un trágico incendio, que tramitaban con cédulas falsas.
Esos préstamos eran autorizados siempre por Santiago Bernaola y Bruno Bertolio, dos de los tres sindicalistas condenados en primer lugar junto a Víctor Rivero. Al declarar, algunos de ellos afirmaron que el dinero se lo daban a Laura Alberti, responsable de finanzas del Sunca y del Partido Comunista, y que se destinaba a financiar actividades.
Esas declaraciones y otros indicios llevaron a la Fiscalía de Delitos Económicos de 3er Turno a afirmar hace un año que los trabajadores implicados formaban “una cadena delictiva organizada mucho más amplia que incluye al Sunca y al Partido Comunista”.
La fiscalía habló de una “ruta diseñada, con carácter sólido” que constituyó “una verdadera asociación para delinquir”. Esa ruta seguía hacia Alberti y llegaba hasta el hoy senador Oscar Andrade y al diputado Daniel Diverio por “supuestamente firmar documentos relacionados con las maniobras", cuando eran secretarios generales del sindicato. Una pericia caligráfica, que entregaron los indagados, descartó que la firma fuera de ellos. No se llegó a pedir una pericia judicial.
Este jueves, Andrade criticó a la Fiscalía por haber seguido "la pista de los delincuentes" y lamentó: "cuando te tiran un barco grande de basura, aunque después te limpien, algo de olor queda".
El archivo llegó un año y medio después de que la investigación se inició respecto a esas otras personas, pero se cierra sin haber llegado a fondo en la indagatoria. En su escrito, del que informé en esta nota del jueves, la fiscalía sostiene: “No es posible afirmar ni descartar que (el PCU) haya recibido aportes del Fosvoc”.
No se puede ni confirmar ni desmentir por los siguientes elementos:
Entre lo que no se llegó a investigar, el propio documento del fiscal señala que al “no tener la certeza de las cuentas bancarias que se utilizan, no es posible conocer” el origen de los fondos “y por qué concepto se deposita y se transfiere a otras cuentas del partido”. Dijo que tampoco es posible determinar la existencia de desvíos.
Además, hay otro dato llamativo que no fue investigado. Los préstamos de Alberti al Partido Comunista por U$S 5.000 y $ 310.000, a los que se sumaban otros U$S 5.000 entregados por otra persona. ¿Qué fundamento tuvo ese préstamo, en qué condiciones se entregó, de dónde salió ese dinero? ¿Se devolvió? No lo sabemos.
Por otra parte, el PCU manifestó que los préstamos personales realizados por afiliados al partido para la campaña electoral de 2024 ascendieron $ 2.029.707. Si son préstamos se supone que es dinero que se devolvió. Tampoco se conoce nada al respecto.
Es cierto que los fiscales están desbordados de trabajo, que cada equipo cuenta con cuatro fiscales, que son abogados y no tienen por qué saber de finanzas, que la sábana es cortísima y que, en el último año, el equipo que investiga este caso tuvo reemplazos por el traslado de uno de sus integrantes a otra sede.
Otro hecho de la realidad es que mientras investigaban al Sunca y al PCU, el fiscal Gilberto Rodríguez debió investigar otras complejas estafas. Entre ellas la que tiene como indagado a Alejandro Berrutti y su esposa; la de Grupo Bursátil Uruguayo que indaga desvíos de US$ 40 millones por parte del contador Álvaro Correa; o la denuncia de ASSE contra el directorio anterior. Hace pocas semanas se le sumó también la denuncia por desvíos y apropiación indebida en el sindicato de la salud privada (FUS).
En el último tiempo, Rodríguez también indagó (y luego archivó) la denuncia de irregularidades realizada por la defensa del exsenador Gustavo Penadés contra la fiscal Alicia Ghione; tuvo el juicio de Casa de Galicia, y del exdirector de la Republicana Robert Yroa. Y a ello se le agregó que desde hace un mes y algo viene subrogando la fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno con casos como Cardama, la compra de María Dolores, República Ganadera, entre otros y, que integró el tribunal del último concurso de ascensos de otros fiscales.
Aún así, los fiscales tienen el poder de investigar como nadie más en el Estado puede hacerlo. Cuentan con todo el aparato estatal a su disposición.
En este caso contó con el trabajo de la Secretaría Antilavado (Senaclaft), que intervino como auxiliar de la Justicia e hizo el trabajo que le pidió, pero perfectamente podría haber conformado un equipo mutidisciplinario y usar a profesionales de DGI, BPS, IUAF del Banco Central, para ir más a fondo.
Tanto el Sunca como el Partido Comunista son sujetos obligados por la ley de lavado de activos por tratarse de un sindicato y un partido político.
Ello los obliga a cumplir con las normas especiales de control, prevención y reporte para colaborar con el Estado en la lucha contra el lavado de activos y en la transparencia o acceso a la información pública.
Esa obligación implica también llevar registros formales de las transacciones y mantener un seguimiento continuo para detectar movimientos inusuales.
¿Cómo podrá cumplir con esos requisitos el PCU, o cualquier otro partido, si no es capaz de demostrar ante la fiscalía cómo se financia y de dónde sale el dinero que recibe?
Frente a este caso resulta fácil cargar las tintas en el PCU, pero tengo la convicción de que las desprolijidades son más frecuentes de lo que se conoce.
Sin ir más lejos, en el episodio de la camioneta del presidente Orsi se supo luego que con la camioneta Renault Stepway que le donaron se organizó una rifa y, como nadie ganó el sorteo, el vehículo quedó en poder del presidente y se usó para pagar parte de su nueva camioneta. En ese caso, la organización de la rifa había omitido cumplir con las leyes que regulan esa actividad y el procedimiento se realizó sin controles legales.
A cualquier empresa que funcionara bajo ese descontrol el Estado le caería con todo el peso de la ley. Acá debería pasar lo mismo. Ninguna organización podría trabajar bajo ese descontrol.
Y entra en juego nuevamente el factor de la ley de los partidos políticos y la opacidad con la que se manejan. ¿Cómo pueden existir en 2026 partidos sin personería jurídica?
En esto le cabrá una tarea a la Secretaría Antilavado que tendría que abrir un expediente administrativo y analizar el cumplimiento del PCU con la ley que lo mandata.
Y le cabe un rol a la Corte Electoral también. La ley establece que la personería jurídica de los partidos políticos en Uruguay se adquiere al ser aceptada su inscripción por la Corte Electoral.
El senador Andrade está en su derecho de defender su reputación, y puede ser que los únicos delincuentes en el caso sean los ocho que fueron condenados. Pero aunque no haya delito es éticamente reprochable que un partido y un sindicato se manejen en esos términos.
