Los legisladores frenteamplistas están haciendo sentir su peso al gobierno. Más allá del apoyo en general a la batería de medidas “por la vida y la convivencia”, al ir conociendo los detalles de los proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo aparecen las objeciones por lo que ya se prevé que los más significativos sufrirán modificaciones.
Así pasará con el proyecto que legaliza la venta de marihuana y también con el de internación compulsiva para los adictos a las drogas, que sean considerados “peligrosos”.Los parlamentarios oficialistas lograron frenar la intención del Ejecutivo de aumentar a 10 años la pena máxima para los adolescentes que cometen delitos graves (homicidio, rapiña y violación) y consiguieron dejarla en cinco años. Sí aceptaron establecer –para esos delitos– penas mínimas de un año y que los menores deban esperar la sentencia privados de libertad.
En el caso de la legalización de marihuana también, de a poco, fueron apareciendo matices. No tanto por la intención del proyecto, sino por las dudas que desde el propio Poder Ejecutivo surgen a la hora de explicar los detalles. Nadie sabe bien cómo se instrumentará, si existirá registro de consumidores, ni dónde se plantará, entre otras cosas. Pero además, algo que molestó en la interna fue que algunos legisladores venían instrumentando acuerdos con la oposición para impulsar el proyecto de autocultivo desde hace un año, y se entiende que esta idea del gobierno no respeta el trabajo previo de los parlamentarios.
El último proyecto que conocieron los diputados y senadores oficialistas, y que ya están pensando cómo cambiar, es el de la internación compulsiva para los adictos. La vieja aspiración del presidente José Mujica no cristalizará tal cual él espera. “Hay que agarrarlos del forro e internarlos a prepo” había dicho en la última campaña electoral. Y en el libro Pepe coloquios de Alfredo García había ampliado su concepto. “Los gurises de la calle con los ojos vidriosos, vos los ves, están haciendo un mango para la falopa. Y con esta izquierda bobalicona que tenemos, por favor. Tenemos que cambiar la legislación, tener unos médicos más o menos, y reconocidos desde el punto de vista jurídico que te digan: ‘Este sí es drogadicto’. Bueno, marchás por razones preventivas, te voy a sacar alto del piso pero en unos años me lo vas a agradecer”, opinó. Agregó que la izquierda “se comió la píldora de los derechos humanos” y que la situación “sin cirugía no se arregla”.
En ese momento sus comentarios le valieron duras críticas desde la interna del FA, pero su postura se plasmó en el proyecto de ley que ahora analizará –y modificará– la bancada oficialista. Sobre todo, porque la idea de internar personas en forma compulsiva no condice demasiado con el discurso histórico de la izquierda.
“Me rechina la idea, pero tengo la mente abierta como para analizarlo sin preconceptos”, dijo a El Observador el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay). En otros sectores la idea también “rechina” y ya se proponen alternativas. El diputado socialista Julio Bango indicó que es necesario “pensar en dispositivos con presencia de personal de salud, para poder identificar si la persona está en condiciones críticas” y así “se contemple proteger la vida a quien no puede hacerlo y a la vez se respeten las garantías individuales”. Es decir, no internar por internar. El diputado cree que los mecanismos establecidos en el proyecto “requieren modificaciones”. Además, planteó que en lugar del término “estupefacientes”, que no incluye al alcohol, se debería hablar de “sustancias psicoactivas legales y no legales” para poder incluir a personas alcoholizadas que puedan estar ocasionando disturbios.
En el mismo sentido se manifestó el diputado Nicolás Pereira (Cap-L), quien cree que algunos aspectos del proyecto ya están contemplados en la legislación vigente, como las situaciones de riesgo propio o para terceros. El legislador reclamó tener “una herramienta clara para atender el conflicto entre la libertad individual y la necesidad del Estado de atender la situación”. Agregó que confía en la voluntad del Poder Ejecutivo de que la norma será para atender los “casos agudos”, pero planteó que “si la ley queda con criterios amplios mañana lo puede usar otro gobierno y cambiar la situación”, concluyó.
El diputado Aníbal Pereyra (MPP), si bien está en línea con el proyecto, “apunta a dar garantías en el procedimiento”. “Todos sabemos que hay unar realidad y no podemos hacer como el avestruz. La persona que está en nivel de adicción extrema es un peligro para él y para terceros”, concluyó.
