La Fiscalía General de la Nación dispuso que el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, también investigue si jerarcas del gobierno intentaron ocultar información que había sido solicitada por la Justicia en el marco de la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Las revelaciones fueron realizadas por la exvicecanciller Carolina Ache en Fiscalía. Ante Machado, Ache aseguró que el exasesor de Presidencia, Roberto Lafluf, la convocó –a pedido del presidente Luis Lacalle Pou– a una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva con el exsubsecretario del Interior, Guillermo Maciel, para que “se pongan de acuerdo con ‘qué iban a hacer’ con esas conversaciones” exigidas por la Justicia, tal como dijo el mandatario en una conferencia de prensa este sábado.
El Observador accedió al material aportado por Ache en Fiscalía y que servirá como inicio de la investigación.
Los elementos permiten trazar una cronología de todo lo sucedido.
El 18 de noviembre de 2022, Ache le solicitó a un escribano que protocolizara las conversaciones con Maciel para que "no se pierdan o borren" ya que estaban siendo solicitadas en el marco de la investigación administrativa de la Cancillería (donde no los aportó) y por la Justicia.
El 22 de noviembre fue notificada de que debía entregar los chats a la Justicia. Entre el 23 y 24 se comunicó con Bustillo para definir si los entregaban o no. El 24 finalmente agregó el protocolo al expediente administrativo de la Cancillería que se había conformado para responder al pedido de la Justicia.
El 25 de noviembre, a pedido de Lacalle Pou, Lafluf convocó a Ache y Maciel a un encuentro en Presidencia donde acordaron eliminar los chats.
El asesor tenía el expediente, algo que Ache expresó que no sabía por qué había ocurrido. "¿Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro a las manos de él? Desconozco", dijo ante Machado
Según la exvicecanciller, además de pedirles a los dos que borren la conversación, Lafluf le solicitó a Ache que consiguiera un escribano e hiciera un nuevo protocolo “con lo que aparecía ahí sin esos mensajes”.
Tanto Ache como Maciel aceptaron y un rato después el entonces subsecretario de Interior le mandó un mensaje a la vicecanciller desde un teléfono de su hija que decía lo siguiente: “En términos oficiales, WhatsApp no permite la recuperación de mensajes borrados ya que, una vez el usuario los elimina, estos desaparecen del móvil que los recibió y del que los envió sin dejar rastro en los servidores de la empresa (WhatsApp no guarda los mensajes)”.
Al día siguiente, tras consultar con su abogado, Ache se comunicó con Lafluf para decirle que no iba a hacer el documento que le pedían. Tras conversarlo con Lacalle Pou, Lafluf le comunicó que presentaran “todo como está”, dijo Ache ante el fiscal Machado.
Ante esto, Ache le preguntó por qué si ya había dado la información tenía que reiterar la entrega del protocolo con su escribano y el asesor del presidente le respondió: “porque no está más, porque lo destruí”, según dijo la exvicecanciller ante la Fiscalía.
El lunes 28 de noviembre, la exvicecanciller hizo una nueva copia por exhibición del protocolo del 18 y lo entregó a la Cancillería, que ese mismo día envió los chats a la Justicia y esta se los dio al Frente Amplio que los había solicitado.