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Lista negra de la OIT: oposición culpa al gobierno y el FA a las cámaras empresariales

El oficialismo denuncia una "operación" con "intereses electorales"; fuera del gobierno apuntan contra Tabaré Vázquez y Ernesto Murro

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12 de junio de 2019 a las 05:03

La inclusión de Uruguay en la lista negra de la OIT provocó rápidas reacciones en el sistema político. Mientras que desde la oposición se insistió en que era algo que “se veía venir”, desde el oficialismo salieron en defensa de la negociación colectiva y la actuación del gobierno, en algunos casos con duras críticas al empresariado.

"El caso de nuestro país está siendo estudiado. Creo en una relación laboral obrero-patronal cada vez más moderna, que tenga reglas de juego y pasos a cumplirse. La OIT no te dice no se puede ocupar, lo que te dice la OIT es que antes de ocupar se deben cumplir una serie de pasos. Lo que implica obligaciones para las dos partes, cuidado, también para los empleadores. Creo que hay que avanzar en un sistema de reglas de juego, conocidas por las partes, con obligaciones para los dos partes", declaró Daniel Martínez en rueda de prensa este martes, luego de un acto de presentación de sus propuestas.

Para el favorito en las encuestas oficialistas no hay un "descalabro total" sino "algunas situaciones que se pueden haber ido de referencia".

“Impresentables la Cámara de Comercio y de Industria promoviendo que nuestro país integre una lista negra en la OIT”, reflexionó el precandidato del Frente Amplio Óscar Andrade. El sindicalista escribió en su perfil de Facebook que “algunas cámaras empresariales están en la campaña electoral más descarada de la historia” y que “su horizonte” es “pulverizar derechos laborales”. Según manifestó, representan “el bloque conservador a pleno”. 

Por otra parte, el también precandidato oficialista Mario Bergara se solidarizó con el ministro de Trabajo Ernesto Murro, quien declaró que se presentará ante la comisión de la OIT con “absoluta tranquilidad” y que allí defenderá los “intereses de Uruguay”, frente a los de “algunos empresarios” que “quieren eliminar la negociación colectiva”. 

Bergara halagó la “oportuna y mesurada reacción del ministro” y sus “objetivos claros de defender los intereses del país y reivindicar la negociación colectiva y el tripartismo”. 

El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti dijo este martes en la Cámara de Representantes que la inclusión de Uruguay en la lista negra “arriesga al país, empresarios y trabajadores en general a que se posterguen o se pierdan inversiones nacionales o extranjeras, lo que afectaría las posibilidades de continuidad del crecimiento con equidad”.

El legislador culpó a las cámaras empresariales que denunciaron a Uruguay ante el organismo internacional y resaltó que “desde 2017 el gobierno ha propuesto modificaciones no aceptadas”. 

“Han logrado su objetivo de cuestionar a Uruguay. Esta operación se vincula también a recientes propuestas planteadas desde el sector empresarial en relación a la reducción indiscriminada de funcionarios públicos, cambios impositivos, tipos de cambio más altos y salarios más bajos, reclamados para mejorar la competitividad y muy alineados a posiciones de partidos de la oposición”, reprochó el diputado astorista.

El senador comunista Juan Castillo, en tanto, dijo a El Observador que la noticia supone “un triunfo pírrico del sector empresarial, que en su intención de pegarle al gobierno expone a Uruguay a ubicarse en el mismo nivel de países en los que no existe ningún ámbito de negociación o norma que asegure derechos laborales”. 

“Siempre existía la posibilidad, pero no deja de impactar y generar un sabor amargo. Me parece injusto con el país”, añadió el secretario general del PCU, quien dijo estar “casi seguro” que Uruguay fue “moneda de cambio” 

Críticas al gobierno y al FA

El diagnóstico desde el flanco opositor es diametralmente opuesto y tiene al gobierno como principal responsable de la decisión tomada por la OIT. 

A poco de conocida la noticia, el senador del Partido Nacional Álvaro Delgado anunció que convocará al Ministerio de Trabajo al Parlamento “para que el gobierno mande modificaciones necesarias a la ley de negociación colectiva”. 

“Venimos insistiendo en unas relaciones laborales modernas basadas en el diálogo y la cooperación”, añadió Delgado, integrante del sector Todos de Luis Lacalle Pou.

El intendente de Maldonado y precandidato por el Partido Nacional Enrique Antía también culpó al gobierno y dijo que la inclusión de Uruguay en la lista negra es “pura responsabilidad del Frente Amplio”. 

Por su parte, el expresidente y actual precandidato colorado Julio María Sanguinetti expresó a través de su cuenta de Twitter que la resolución de la OIT “debe hacernos meditar a todos como país”, y añadió que “las preocupaciones alejan inversiones y empleo”. 

El economista Ernesto Talvi, en tanto, catalogó el ingreso de Uruguay a la lista negra como una "vergüenza nacional" e ironizó en Twitter con la posibilidad de que el presidente Tabaré Vázquez tenga un doble que aparece en público, mientras que el verdadero está "secuestrado por el PIT-CNT". 

El senador y candidato por el Partido Independiente Pablo Mieres dijo que fue la “tozudez e incapacidad del gobierno” –en especial la “del ministro Murro y el presidente Vázquez”–, la que “han sometido al país a este bochorno”. En eso coincidió el precandidato colorado José Amorín Batlle, quien reclamó que "Vázquez y Murro no evadan su responsabilidad". "Estaban avisados desde hace mucho tiempo. Miraron para el costado para no tener un enfrentamiento con sus socios del PIT-CNT", manifestó el líder de la 15. 

Mieres criticó también la reacción de Murro, quien llamó la atención sobre el hecho de que la OIT se concentrara en los países latinoamericanos y no en Europa. “Esta reacción construyendo una teoría conspirativa contra Uruguay y América Latina es el papelón máximo. Han perdido el sentido del ridículo”, advirtió. Por último, remarcó que "para el gobierno la OIT solo está bien y es atendible cuando aplaude lo que hacemos, pero no cuando marca un apartamiento de las reglas”.

En tanto, el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos –hoy candidato a presidente por Cabildo Abierto– opinó que "las reglas laborales en cualquier país deben ser claras" y que "en ningún caso el gobierno puede permitir que un poder paralelo, no previsto en la Constitución, obstaculice el accionar de los poderes democráticos que sí están previstos en nuestra Carta Magna".

El diputado nacionalista Gerardo Amarilla también utilizó la media hora previa de la sesión de este martes en la Cámara para referirse al “trágico desenlace” del reclamo ante la OIT.  “Aquí hay, en muchos actores, una cuota importante de soberbia, y de no aceptar que las realidades de la vida son mucho más que las construcciones teóricas que podemos tener por ideología”, expresó.

¿Qué dice la OIT?

Las interpretaciones diversas de lo estipulado radican en un mismo problema: en la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT hay dos puntos que se refieren a las ocupaciones y cada uno de los actores políticos se refiere a la que más le conviene.

El inciso 784 de la recopilación de decisiones de ese Comité, por ejemplo, plantea a las ocupaciones como una modalidad del derecho a huelga siempre y cuando sea "pacífica". “En cuanto a las modalidades del derecho de huelga denegado a los trabajadores (paralización intempestiva, trabajo a reglamento, huelga de brazos caídos, huelgas de celo, trabajo a ritmo lento, ocupación de la empresa o del centro de trabajo), el Comité consideró que tales limitaciones sólo se justificarían en los casos en que la huelga dejase de ser pacífica”, dice el texto.

Pero al mirar solo ese punto se omite otro, el 978, que es el que estipula como deben ser las ocupaciones según la organización internacional.

“El ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma”, afirma el documento. Es decir, se permiten ocupaciones siempre y cuando se deje entrar a las instalaciones a los empleadores y a los trabajadores que quieran hacerlo. 

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, consultado por lo que dice este inciso, dijo más de una vez que era de “Walt Disney”. “Quién lo aplica y cómo, nunca lo entendí”, señaló en otra oportunidad a El Observador.

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