Los cambios de Economía al Presupuesto: Ley de Género, inversiones de AFAP y cuentas sueldo

El equipo económico, sin la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, compareció ante la comisión e introdujo una serie de cambios al articulado del proyecto de Presupuesto en distintas áreas. 

Si estas modificaciones se aprueban, las AFAP quedarían habilitadas, entre otras cosas, a comprar participaciones en los fondos de inversión. Otro de los cambios es que las sociedades administradoras de fondos podrán contratar servicios externos para realizar “una adecuada composición de sus activos, considerando riesgos y rendimientos”.

Desde la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) dijeron a El Observador que no conocen cuáles son las intenciones del Banco Central con estas modificaciones y aseguraron que no van en línea con lo que ellos estaban reclamando. 

Ley de Género

Otro de los cambios que presentó el Ministerio de Economía ante la comisión parlamentaria está vinculado a la Ley de Integral contra la Violencia de Género. La cartera habilitó una partida de $ 57,5 millones por año para poner en marcha tres juzgados letrados especializados en el interior del país. Ese dinero saldrá de los recursos que la Suprema Corte de Justicia tenía previsto para el pago de sentencias por las demandas salariales que surgen de la readecuación salarial impulsado en 2011. 

Según los cálculos realizados, la Suprema Corte de Justicia tenía previsto $ 800 millones para este tema y con algo más de $ 500 millones lo podrán cubrir.

Esta reasignación se realiza luego de que la vicepresidenta Beatriz Argimón le pidiera a los legisladores de la coalición que priorizaran los recursos de esa ley. Los juzgados en el interior del país eran una de las principales preocupaciones de Argimón. 

Camilo dos Santos

Inclusión Financiera

El equipo económico también presentó algunas correcciones a la Ley de Inclusión Financiera. Con los cambios impulsados en la Ley de Urgente Consideración -que permite el pago de salarios en efectivo- se generó una discusión sobre si aquellos que decidieran cobrar a través de una institución de intermediación financiera iban a tener que pagar por la cuenta en donde reciban el salario.

Ahora el proyecto de Presupuesto establece que los bancos y el resto de las instituciones no le pueden cobrar ni al empleado ni a los empleadores por esa cuenta. De esta forma, se mantiene tal como regía hasta antes de los cambios introducidos en la LUC. En el caso de tickets alimentación y beneficios sociales, los intermediarios no pueden, si se aprueban las modificaciones, cobrarle al usuario, según dice el texto presentado. 

Además, los beneficiarios de las prestaciones de alimentación no podrán elegir en qué empresa cobrar esa partida. La razón que plantea Economía es que en caso de tener que utilizar varias empresas para pagar el tiqué, el empleador pierde poder de negociación, según los documentos presentados. Por lo tanto, el gobierno quiere defender ese poder de negociación y le permitirá al empleador elegir por dónde pagar los tickets alimentación.  

Reunión de la coalición

Este sábado los legisladores de la coalición se reunirán a partir de las 10:00 de la mañana para comenzar a definir los cambios que realizarán al proyecto de Presupuesto. Los diputados que integran la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto tienen varios temas en carpeta. 

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) es uno de los temas a definir. Si bien la principal idea que manejan en el Partido Nacional es establecer una gobernanza conjunta entre el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo, con un gerente general con un perfil técnico, hay legisladores que entienden que lo mejor es sacar este tema del Presupuesto. 

Las licencias médicas de los funcionarios públicos también van a estar en el centro del debate. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, pidió la propuesta del diputado colorado Conrado Rodríguez sobre este tema para estudiarla. Mientras que el proyecto de Presupuesto busca igualar el régimen público con el privado (los tres primeros días de licencia por enfermedad no se pagan y a partir del cuarto se paga el 70%), el proyecto de Rodríguez plantea un camino intermedio con siete días de licencia por enfermedad pago por año. 

Inés Guimaraens

La Oficina Nacional de Servicio Civil respalda esta propuesta del diputado colorado. Sin embargo, la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE) entiende que este pasaje del proyecto es inconstitucional. Actualmente los funcionarios públicos no pierden salario por enfermarse. 

Los legisladores de la coalición también tendrán que definir una nueva redacción del artículo 4 que se refiere a la recuperación salarial de los funcionarios públicos. Si bien en el proyecto está el compromiso del Poder Ejecutivo, no está detallado como se hará para recuperar el poder de compra a partir de 2022. 

El rol de Uruguay XXI es otro de los temas a discutir. En Ciudadanos, sector mayoritario del Partido Colorado, no están de acuerdo con las atribuciones que el proyecto le da a la agencia de exportaciones y plantearán algunos cambios. 

El traspaso del Plan de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda a Presidencia es de los pocos temas que generó la reacción de Cabildo Abierto. Tanto la ministra Irene Moreira (Cabildo Abierto) como el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, mostraron sus diferencias con este tema. Este programa se utiliza para intervenir en los asentamientos y en la cartera de Vivienda entienden que son quienes tienen la expertise en el tema. Así como está redactado, Cabildo Abierto no lo acompaña. 

Las Instrucciones Generales de la Fiscalía también es un punto a analizar. Si bien el proyecto de Presupuesto directamente las deroga, hay legisladores, como el colorado Ope Pasquet, que no están dispuestos a votarlo. Una de las alternativas que se maneja es cambiar la integración del Consejo Honorario que las dicta para que tenga mayor presencia del Poder Ejecutivo (particularmente del Ministerio del Interior). Actualmente el consejo está integrado por el fiscal de Corte, la Asociación de Fiscales, el Poder Ejecutivo, la facultad de Derecho y el colegio de abogados. 

Las instrucciones generales son directrices que los fiscales deben cumplir y que tienen como objetivo priorizar la persecución de determinados delitos. 

Los recursos para el LATU y el INIA también es un tema a discutir por los legisladores. En el caso del INIA, hay legisladores que pretenden cambiar la redacción del proyecto para asegurarle un mínimo de dinero al instituto. Los recursos de este organismo provienen del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) y el Poder Ejecutivo debe aportar "al menos" el equivalente a un 0,4% de esa recaudación. El proyecto de Presupuesto cambia el "al menos" por un "como máximo".