Hace unos meses, en el programa En la Mira que conduce Gabriel Pereyra tuve la oportunidad de preguntarle a Carolina Cosse (que acababa de ser proclamada precandidata a la presidencia por el Frente Amplio) si, en su opinión, Venezuela y Cuba eran regímenes autoritarios. La respuesta llegó de inmediato y me sorprendió. Dijo que ninguno de los dos países son dictaduras. La afirmación generó revuelo. La pregunta inicial hizo carrera. Al ser consultada en otras oportunidades sobre el mismo asunto matizó su respuesta inicial. Afirmó que había tenido que ser cautelosa por formar parte del gobierno.
Cosse no es la única precandidata frenteamplista que no logra pronunciar la palabra dictadura cuando se refiere a Venezuela. Hace dos semanas tuve la oportunidad de participar en la presentación del libro de Antonio Ladra sobre Daniel Martínez, el favorito en la carrera por la nominación presidencial por el partido de gobierno. Durante el extenso reportaje que constituye una de las fuentes de esta obra, Ladra le preguntó textualmente a Martínez: “¿Se anima a calificar a Venezuela de dictadura?” La respuesta de Martínez también me sorprendió, dada su larga y arriesgada militancia clandestina (en el Partido Socialista, la FEUU y el sindicato de ANCAP) durante la dictadura uruguaya. Dijo: “Yo estoy muy preocupado por la situación de Venezuela, creo que se han tomado medidas negativas que incumplen los estándares de una verdadera democracia, pero hay otros países que me preocupan más…”.
Por supuesto, todo depende de cómo definamos democracia. Durante la segunda mitad del siglo pasado, en buena medida gracias al aporte de Joseph Schumpeter, primero, y de Robert Dahl, después, ha predominado ampliamente en la ciencia política contemporánea un criterio muy sencillo, fácil de operacionalizar y de contrastar empíricamente. Definimos un régimen como democrático cuando se verifican simultáneamente dos condiciones. La primera refiera a la posibilidad de participar en las decisiones políticas: la mayoría de la población tiene que poder votar en las elecciones. La segunda refiere a la posibilidad de oponerse al gobierno: no deben existir restricciones a las libertades básicas, civiles y política: de opinión, de expresión, de asociación y de buscar cargos electivos pugnando por el apoyo popular).
Gracias a estos criterios, desde hace algunos años, disponemos de información fiable que nos permite clasificar y comparar. En el cuadro siguiente se presenta la información sobre América Latina y el Caribe reportada por el informe que elabora The Economist Intelligence Unit utilizando los criterios que se acaban de resumir. Se trata de un estudio bien elaborado y prestigioso. Como puede verse, solamente Uruguay y Costa Rica califican en nuestra región como democracias plenas. Mientras tanto, en el polo opuesto, aparecen Nicaragua, Venezuela y Cuba. Para este informe no hay lugar a a dudas: los tres son regímenes autoritarios.
Regímenes políticos en América Latina y el Caribe 2018
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Democracias
Plenas
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Democracias Defectuosas |
Regímenes
Híbridos
|
Regímenes
Autoritarios
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| Uruguay, Costa Rica |
Chile, Trinidad y Tobago, Panamá, Argentina, Jamaica, Surinam, Brasil, Colombia, Guyana, Perú, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, México |
El Salvador, Bolivia, Honduras, Guatemala, Haití |
Nicaragua, Venezuela, Cuba |
Fuente: Democracy Index 2018 (The Economist Intelligence Unit)
No alcanza con conceder el derecho a la participación. Para que haya democracia la oposición tiene que actuar libremente. Es por eso que no podemos hablar de democracia en Venezuela. No podemos hablar de democracia si hay partidos proscriptos. No podemos hablar de democracia si hay candidatos presos o inhabilitados. No podemos hablar de democracia si, cuando el partido de gobierno pierde la elección, no reconoce los resultados. Cuando el chavismo, luego de las elecciones de diciembre de 2015, perdió la mayoría del parlamento (la Asamblea Nacional) optó por convocar una asamblea constituyente… a la que transfirió el poder legislativo.
La ciencia contemporánea, de todos modos, ha generado durante los últimos años una base de datos sobre regímenes políticos muy completa y sofisticada. Me refiero al proyecto Variedades de Democracia, en el que participan en mayor o menor medida académicos de todo el mundo. Gracias a este gran esfuerzo colaborativo disponemos de datos sobre la evolución de la democracia desde 1900 en adelante. La base de datos es fácil de usar y permite generar gráficos como el que se presenta a continuación. Como puede verse, en Venezuela durante la última década ha venido disminuyendo el valor de la variable “elecciones libres y justas”. Simultáneamente, aumentó sensiblemente el índice de “corrupción en el ejecutivo”.
Fuente: elaboración propia a partir de: https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
El FA se opuso a la dictadura en Uruguay. Líber Seregni, su candidato a la presidencia en 1971, estuvo más de diez años preso por sus ideas. El FA no pudo participar en las elecciones internas de los partidos en 1982. El FA sabe lo que es tener candidatos inhabilitados. Sin embargo, cuando se trata de Venezuela (o de Cuba) la mayoría de los líderes del FA no logra llamarle al pan, pan, y al vino, vino. Es difícil entender por qué. ¿Ilusión? ¿Ideología? ¿Dinero?
Las causas de las vacilaciones de los líderes frenteamplistas a la hora de las definiciones son importantes. Pero son más preocupantes todavía las consecuencias. Los líderes tienen una función pedagógica fundamental. Los que vivieron bajo un régimen autoritario conocen perfectamente el valor de la libertad política. Por eso mismo tienen una responsabilidad intransferible en la educación cívica de las nuevas generaciones. Cada vez que vacilan, cada vez que apelan a eufemismos, cada vez que miran para el costado para no condenar a gobiernos “amigos”, confunden a los más jóvenes y deprimen la cultura democrática.
