"Minería es contaminación, pero los bonos también contaminan espiritualmente, lo destruyen todo", dice Fabio Valencia, el jefe del pueblo Makuna.

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Los indígenas colombianos y el lado oscuro de los créditos de carbono

Lejos de la COP28, en la remota selva Pirá Paraná, seis pueblos originarios sufren las consecuencias de la “bonanza” derivada de los llamados “bonos verdes”
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06 de diciembre de 2023 a las 05:00

Mientras masca hojas de coca en un ritual tradicional, el líder indígena colombiano Fabio Valencia consulta a la naturaleza y a sus ancestros sobre un polémico proyecto presentado a su comunidad como una iniciativa que salvará al planeta.

En un rincón recóndito de la Amazonía colombiana, muy lejos de la COP28 de Dubái, donde líderes mundiales procuran sentar las bases de una reforma del sistema global de créditos de carbono, Valencia se queja del proyecto.

Las ventas de estos bonos "verdes" a empresas contaminantes que aspiran a compensar el uso de combustibles fósiles "son peores" para las tradiciones indígenas que la misma minería y la explotación de petróleo, asegura Valencia.

"Minería es afectación ambiental, es contaminación, pero los bonos también contaminan espiritualmente, lo destruyen todo", dice el líder indígena y representante legal de las seis etnias de la selva del Pirá Paraná, en el departamento de Vaupés, en el sureste del país.

Valencia lidera una cruzada contra una sociedad que en 2022 inició un proyecto de créditos de carbono, según él a espaldas de las comunidades. Jefe del pueblo Makuna, el hombre lleva el rostro pintado de líneas rojas, símbolo de protección en ese territorio amazónico clave por sus millones de árboles que absorben gases de efecto invernadero.

Sus críticas apuntan a la empresa colombiana Masbosques, una firma que promueve iniciativas sostenibles. Según Valencia, la empresa firmó un acuerdo con un exlíder sin poder legal y violó otros derechos amparados por la Constitución, como la autonomía territorial de las poblaciones nativas, el gobierno propio y sus conocimientos ancestrales reconocidos como patrimonio de la humanidad.

La iniciativa se conoce como proyecto Baka Rokarire y se extiende por unos 7.100 kilómetros cuadrados, un territorio sin presencia de grupos armados por su remota ubicación y sólo accesible mediante carísimos vuelos privados o viajes en lancha de por lo menos seis días desde Mitú, la ciudad más cercana.

Según el contrato, sus 2.246 habitantes deben preservar la zona a cambio del dinero de empresas que adquirieron esos bonos para contrarrestar el daño ambiental que provocan y reducir impuestos a la emisión de dióxido de carbono. Una tarea urgente en una región marchita por el calentamiento global y que registra una de las peores sequías que recuerdan los indígenas.

Cuando las ganancias de los bonos de carbono llegaron al Pirá Paraná, subió el consumo de alcohol y las latas de cerveza comenzaron a contaminar el río. La "bonanza", cuentan, conmocionó a algunos indígenas, que malgastaron los recursos. Además, el dinero generó fracturas hasta ahora irremediables entre líderes y comunidades desacostumbradas a manejar grandes sumas.

Masbosques sostiene que el contrato es "válido, legal y sin vacíos jurídicos", y aduce ser víctima de una "campaña de desprestigio". Los críticos, sin embargo, destacan que el proyecto de la firma se localiza en una zona tan remota que está libre de la amenaza de deforestación. Por lo pronto, la Corte Constitucional tiene en estudio el caso, el primero de este tipo en llegar al máximo tribunal del país.

Jacobo Marín, un indígena de 40 años, se alió con la compañía, pero al poco tiempo cambió de opinión, pues sintió que estaba traicionando a su pueblo. "Eso nos trajo muchos conflictos entre parientes por cuestiones de plata", explica.

En otra demanda penal ante la fiscalía, los indígenas acusan a Masbosques de falsificación de documentos.  "La empresa aquí entró invadiendo", dice Wilmer García, un gobernante indígena de collar adornado con el colmillo de un jaguar. "No reconoció que aquí hay autoridades ambientales y tradicionales", insiste.

Durante la COP21 y el Acuerdo de París de 2015 se establecieron los principios de una reforma del mercado de carbono para fomentar la participación de los Estados y no sólo de los privados. Los detalles del mecanismo se profundizaron en la COP26.

Tras dos años de negociaciones y consultas con diferentes actores, el texto que debería establecer las reglas globales en el mercado de bonos de carbono debería votarse en la COP28 y entrar en vigor en enero. Algo que difícilmente suceda.

La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, detalla que los créditos de carbono son negociados entre particulares sin control ni participación de las autoridades. "Esa falta de regulación dio pie a un aprovechamiento por parte de algunas empresas sobre algunas comunidades", dice la funcionaria.

Muhamad afirma que el gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia del país, tiene planes para crear una agencia reguladora y que espera que el mercado pueda constituirse en una fuente de financiación para dejar atrás la extracción de hidrocarburos.

Los intermediarios que firman contratos con las comunidades en territorios supuestamente sin explotar y luego revenden esos créditos a multinacionales fueron bautizados como "carbon-cowboys", vaqueros del carbono.

Roberto Marín, de 58 años, recuerda que el proyecto no fue aprobado en la maloka, la choza indígena de reuniones y ceremonias. "Se debe reconocer que aquí existimos gentes, seres humanos con los mismos derechos", remarca el hombre.

Según el estatal Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), el 66% del territorio indígena de la Amazonía colombiana es parte de algún proyecto de créditos de carbono.

Masbosques se presenta como una organización "sin ánimo de lucro" y medió para vender los bonos a la corporación Latin CheckOut por unos US$ 3,8 millones, de los cuales dice haber entregado el 100% a los indígenas.

De acuerdo a la base de datos www.ecoregistry.com, la aerolínea estadounidense Delta compró una porción importante de esos bonos, compañía que se presenta como comprometida con el medioambiente, pero que está demandada en su país por presunto "greenwashing"; es decir: por usar estrategias publicitarias para crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica.

Gobierno y expertos coinciden en que este "capitalismo verde" es una de las amenazas principales contra la transición ambiental. En Colombia, bajo análisis y cuestionamientos de expertos, un juez ordenó detener otro proyecto porque la empresa no consultó previamente a las comunidades.

Tras una pesquisa global con ejemplos del país, la directora del Berkeley Carbon Trading Project, Bárbara Haya, afirma que la mayoría de los proyectos exageran la cantidad de CO2 absorbida y en realidad no evitan la deforestación. "Vimos muchos casos de proyectos que ponen en riesgo a algunas de las comunidades más vulnerables del planeta", advierte la experta.

 

(Con información de AFP)

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