El segundo aniversario de la declaratoria de la emergencia sanitaria, por la irrupción del covid-19 en Uruguay, el pasado domingo 13, se cumplió ad portas del referéndum que definirá si se mantiene vigente o no un conjunto importante de artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Una norma ómnibus que representa la piedra angular de la administración de Luis Lacalle Pou, con disposiciones que aceitaron políticas públicas que contribuyeron a la buena marcha del país.
Los días transcurridos desde el fatídico viernes 13 de marzo de 2020, se han vivido como una pesadilla, de tal magnitud, que la letra del tango de que “20 años no es nada” provoca una risotada. Vaya si lo es, hasta hoy, por las muertes y enfermos, y el porrazo de la economía y la pérdida de fuentes de trabajo durante un primer año extremadamente duro.
Custodio de la libertad, es quizás una definición que grafica muy bien la porfiada actitud del jefe de Estado desde el primer momento en que empezaron a moverse coordinada y cuidadosamente las tres perillas que influyen en la vida en sociedad: sanitaria, económica y social.
Afortunadamente, la intuición política de Lacalle Pou, en un amplio sentido del término, fue acertada. Y afortunadamente, resistió a la presión política para cerrar el país a cal y canto, una estrategia que, como ya sabemos, fracasó en otros países de América Latina.
La libertad es un valor en sí mismo, pero, a la vez, es una condición para la estabilidad y el desarrollo, sí se convierte en la guía que alienta la tarea de los gobernantes.
En ese sentido, su huella, además de la gestión de la pandemia, es palpable en muchos aspectos de la LUC, que terminaron recomponiendo la estabilidad económica, contribuyeron al sostén de la estabilidad política y mejoraron la convivencia social.
No hay libertad sin seguridad pública. Los instrumentos legales a favor de la Policía, incluidos en la LUC, no solo favorecieron el desempeño de la fuerza, sino la actitud de los oficiales. Aunque queda mucho trecho por recorrer, la ruta que marcó la ley permitió una baja en la mayoría de los delitos, para más tranquilidad de los ciudadanos, según los sondeos.
Un gobierno despreocupado por mantener las cuentas públicas en orden, traslada un problema pernicioso a las futuras generaciones. Pero, además, se queda con las manos atadas para definir los mejores planes para atender las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los que más sufren en los momentos de declive y de incertidumbre, y que es necesario apuntalar.
La baja del déficit fiscal es, a todas luces, el gran logro de política económica de estos dos años.
Los uruguayos están reconociendo la buena dirección del barco en medio de la tempestad. El 55% aprueba la gestión del presidente, según la última encuesta de Cifra, difundida el pasado martes 15.
Tres áreas sensibles, como seguridad, educación y economía, tienen un apoyo mayoritario, un logro formidable en el contexto del covid-19.
La gestión pandémica y la LUC, transitan por rutas separadas, pero avanzan en la misma dirección pragmática de un gobierno que ha sabido mantener “los pies en la tierra”, parafraseando el eslogan que se pudo ver en estos días en la 25.ª edición de la Expo Activa Nacional, realizado en Soriano, que finaliza este sábado.