La maniobra que llevaron a cabo los psicólogos y psiquiatras ñoquis de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) de la ANEP afectó el tratamiento de unos 1.000 niños aproximadamente, aseguró a El Observador el consejero del Codicen, Néstor Pereira.
Treinta días de plazo
Para poder comenzar a atender a los niños nuevamente de forma inmediata, el consejo dispuso que la Dirección de Planificación Educativa, de la que depende la UDI, realice un relevamiento de los expedientes. Luego de eso, se procederá a ordenar los expedientes para poder seguir con los tratamientos interrumpidos. Pereira manifestó que dicha dirección ya trabajaba en este sentido desde hace un tiempo, por lo tanto, la tarea está algo avanzada. La dirección también tendrá que regularizar los horarios de los profesionales, subrayó.
Explicó que como el Codicen ya tenía sospechas de irregularidades en la UDI, se había dispuesto que la Dirección de Planificación Educativa comenzara a “regularizar el sistema”.
El consejero agregó que en la sesión del jueves el Codicen solicitó a la instructora de la investigación que determine los mecanismos para que en 30 días el consejo tenga un informe de todos los expedientes, el atraso en cada caso y las medidas que se deben tomar para solucionar las diferentes problemáticas.
La consejera del Codicen Teresita Capurro reafirmó a El Observador esta información y aseguró que 30 días es “el plazo máximo” para que los damnificados comiencen a ser atendidos nuevamente. “Lo primero que nos importa a nosotros es poder atender a estos niños y jóvenes”, agregó.
Para hacer frente a la demanda de consultas atrasadas, el Codicen analiza convocar a psicólogos de otras dependencias del organismo de la educación. “La ANEP tiene psicólogos en otras dependencias y muy posiblemente se los pueda convocar para solucionar el atraso en 30 días”, aseguró Pereira. Psicólogos sumariados
Gabriela Campos y Beatriz Muiño son las dos psicólogas de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) del Codicen que fueron sumariadas, junto a Martín, con separación de cargo y retención de haberes, confirmaron a El Observador fuentes de la ANEP.
Martín, cuyo nombre ya había sido revelado por ser el director de la unidad, era también presidente de Aldeas Infantiles en Uruguay, pero presentó renuncia a este cargo, luego de que el miércoles 26 fuera denunciada esta maniobra.
En la UDI trabajan en total 12 profesionales y El Observador pudo constatar que al menos seis de ellos se comportan de esta manera. Sin embargo, por ahora el Codicen decidió sumariar solo a estos tres. Los restantes tres continúan cobrando.
Una resolución de la ANEP de fines del año pasado establece que los funcionarios profesionales del organismo deben permanecer en su dependencia de trabajo durante la totalidad de su horario. Mediante llamadas a las mutualistas y consultorios, El Observador pudo comprobar que estos profesionales trabajaban allí durante un horario que se superpone con el del organismo público.
El jueves los consejeros del Codicen analizaron también el informe que determinó la separación del cargo de los tres profesionales y decidió investigar más de cerca a otros funcionarios de la dependencia. “Tomamos cartas en el asunto con otros. Se va a ampliar y profundizar la investigación de otros funcionarios”, dijo Capurro, quien no supo decir a cuántos profesionales incluye esta nueva decisión.
Pereira tampoco pudo precisar el número, ya que es parte del sumario, explicó. No obstante, adelantó que “muy posiblemente, continuando con la investigación, en los próximos días haya algunos sumarios más”. Según manifestó, mañana el Codicen va a recibir el informe de la instructora con nueva información sobre el caso. A partir de este, el organismo podrá tomar algún tipo de resolución en este sentido, si lo considera pertinente.